La deuda de la empresa con el fisco y laboral ascendería a US$ 400 millones. Se estableció el 29 de mayo como fecha límite para la presentación de pedidos de verificación de créditos.
“Si el INV solo controla el vino embotellado, desaparece la trazabilidad. No sabremos cuánta uva se cosechó, cómo, dónde ni bajo qué condiciones laborales”, cuestionó FOEVA.
