Por decreto, y con el argumento de "reducir burocracia y acelerar decisiones", el Gobierno disolvió la Comisión Nacional de Alimentos, y la actualización del Código Alimentario ahora correrá por cuenta del Senasa y la ANMAT.

A través de un decreto, el 538/2025, que se publicó este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional decidió avanzar con una reforma que “mejora la eficiencia en el control de los alimentos que consumen los argentinos”, según un comunicado que difundió el Ministerio de Salud.

En concreto, el texto normativo conocido en las últimas horas dispuso la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (Conal) e introdujo modificaciones al Decreto N° 815/1999, con el objetivo de “agilizar los mecanismos de actualización del Código Alimentario Argentino (CAA)” y reforzar el rol de los organismos técnicos con competencia directa.

De este modo, el principal cambio es que la actualización del Código Alimentario dejará de pasar por una comisión asesora y será responsabilidad directa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través del Instituto Nacional de Alimentos (INAL); y también del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria (Senasa), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ambos con equipos técnicos especializados.

“Esta medida permitirá reducir burocracia y acelerar decisiones basadas en evidencia científica”, justificó el Ministerio de Salud.

CAMBIOS EN EL CONTROL DE LOS ALIMENTOS

De esta manera, entre otras cosas, el decreto fortalece el uso de la Base Única de Datos del Sistema Nacional de Control de Alimentos (hoy llamada Sifega) a cargo de la ANMAT, que será alimentada y actualizada a diario por los organismos participantes, mejorando la trazabilidad, el registro de productos, la vigilancia permanente y el monitoreo de infracciones.

Asimismo, se derogan artículos del decreto original que ya no se corresponden con la realidad del sistema actual, incluyendo la figura de las “cabinas sanitarias” en rutas —hoy reemplazadas por controles digitales y otras tecnologías— y campañas preventivas que ahora se canalizan desde cada organismo según su competencia.

“Esta actualización también contempla la reducción de plazos administrativos: todos los trámites regulatorios vinculados al CAA deberán resolverse en un máximo de 15 días hábiles, generando previsibilidad para el sector productivo”, enfatizaron desde Salud.

Y ampliaron: “Estas medidas responden a la necesidad de contar con un sistema más ágil, moderno y transparente, que permita adecuar el CAA a los avances científicos, tecnológicos y productivos del sector alimentario”.

“Con esta decisión, el Estado reafirma su compromiso con un sistema alimentario más competitivo, garantizando al mismo tiempo los más altos estándares sanitarios para los consumidores, siempre manteniendo la instancia de intercambio técnico con el sector privado”, agregaron.

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Además, precisaron que las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) seguirán siendo parte del sistema, utilizando la base de datos, generando información para la toma rápida de decisiones sanitarias (como retiros de alimentos del mercado y alertas sanitarios) y con capacidad de fiscalización en sus jurisdicciones.

“Esta decisión se enmarca en los principios rectores del Gobierno Nacional: eficiencia, simplificación, modernización del Estado y eliminación de estructuras duplicadas o ineficaces, sin afectar los estándares de seguridad alimentaria ni el control sobre la calidad y sanidad de los productos que consumen los argentinos”, cerraron desde el Gobierno.