El Instituto Nacional de Vitivinicultura publicó una extensa resolución en la que establece cambios en el marco regulatorio del sector vitivinícola para “modernizarlo”, “eliminando trabas burocráticas y devolviendo la libertad a la industria”.

“El Gobierno Nacional moderniza y simplifica la regulación de la industria vitivinícola”.

Así se titula el comunicado que difundió este viernes la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) y que relata los detalles de la “profunda reforma” que decidió encarar, junto al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, para “modernizar el marco regulatorio del sector vitivinícola, eliminando trabas burocráticas y devolviendo la libertad a la industria”, indicó la dependencia agropecuaria.

Según la SAGYP, durante décadas la actividad estuvo regida por más de 1.000 normas dispersas, muchas de ellas obsoletas.

Por eso, para ponerlas en orden, se elaboró un Digesto Normativo que revisa, actualiza y simplifica toda la normativa existente, relacionada con el funcionamiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

“De un total de 1.207 normas en materia vitivinícola, se derogan 973. Con esto damos lugar a un nuevo régimen basado en la libertad, la responsabilidad y la competencia”, precisó la Secretaría.

¿QUÉ HARÁ AHORA EL INV?

La SAGYP precisó que el INV, a partir de ahora, mantendrá sus funciones relacionadas con la inocuidad de los vinos y las certificaciones de exportación.

Sin embargo, se redefine su rol en varios aspectos. Por ejemplo, dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo para concentrarse exclusivamente en el control del producto final, garantizando que los vinos sean aptos para el consumo y no estén adulterados.

“En otras palabras, el INV dejará de fiscalizar todo el proceso productivo y se enfocará en asegurar la calidad del vino que llega a los consumidores”, resumió.

Este cambio -aseguró- responde a un diagnóstico compartido por toda la industria: los excesivos controles y trámites impuestos por el INV habían generado costos, demoras y pérdida de competitividad.

“Los inspectores no fiscalizarán más en las bodegas y se verificará únicamente el producto terminado, es decir, en el tramo final de la cadena productiva. Con esta medida se dejarán de realizar aproximadamente unas 5.000 fiscalizaciones presenciales al año”, continuó.

Asimismo, se elimina la Declaración Jurada semanal de elaboración, las multas y sanciones por presentaciones tardías de Declaraciones Juradas, y los permisos de tránsito (para mover sus productos las bodegas generaban más de 140.000 permisos de tránsito por año que debían solicitar al Instituto).

“Con esta nueva norma, las certificaciones de origen, añada y varietal pasan a ser optativas. El INV continuará emitiendo las certificaciones exigidas para exportaciones, tal como lo requieren los países de destino”, agregaron desde la SAGYP.

Y cerraron: “Esta reforma pone fin a un esquema regulatorio sobredimensionado, oneroso, ineficaz y burocrático, que durante años obstaculizó el desarrollo de una de las principales economías regionales de la Argentina”.

El Gobierno Nacional moderniza las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). A partir de ahora, el organismo actuará solo en las etapas finales de la producción. Más Info https://t.co/BlDnXAqwmZ pic.twitter.com/5onQcU8KcV

— Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (@agriculturaar) November 7, 2025

“BUROCRACIA ABSURDA”

Por su parte, quien se refirió también a este cambio normativo fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Desde su punto de vista, la resolución conocida hoy “deja atrás décadas de burocracia absurda en el sector vitivinícola” e insistió al respecto en que son 973 las normas que sobraban.

“Dejamos atrás el régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo donde se enfoca exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino”, subrayó Sturzenegger.

Para el funcionario, “la industria del vino ya mostró lo que puede dar”, lo que se puede dimensionar en que Argentina produce 900 millones de litros de vino por año, lo que significa que es el quinto productor a nivel mundial.

“Exportamos 800 millones de dólares anuales. Pero el consumo mundial del vino está cayendo y los gustos cambian (por ejemplo, se impone en varios países el consumo de vino sin alcohol). Por ello es un imperativo darle a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno”, añadió el ministro.

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En esa línea, reiteró que el organismo dejará de intervenir en cada una de las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (como la producción en el viñedo, la cosecha, la elaboración o el transporte), para concentrarse exclusivamente en el control de los productos finales embotellados, garantizando que sean aptos para el consumo y no estén adulterados.

Por otro lado, los controles de trazabilidad (certificaciones de origen, añada y varietal) pasarán a ser optativos, a disposición de los productores que los requieran en función de sus necesidades comerciales (aunque también lo podrán hacer de manera privada).

“Para tomar noción de lo exagerado de este régimen, en 2024 el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5.000 inspecciones a bodegas. Existen registros de empresas que recibían una inspección cada dos días. Como si esto fuera poco, el INV se encargaba de trámites innecesarios como la determinación año a año del grado alcohólico mínimo permitido para cada tipo de vino, según la zona”, graficó.

Y remató: “Y como siempre decimos, menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción. Al eliminar las fiscalizaciones intermedias los inspectores sólo tomarán muestras de los productos embotellados y los enviarán a analizar, cerrando la puerta para la discrecionalidad y la corrupción. En otras palabras ya no andarán los inspectores del INV interfiriendo en la producción de las bodegas (un reclamo de los productores que se repetía sin cesar)”.

“Como dice el titular del INV, la inmensa mayoría de las bodegas hace años que no tiene problemas. ¿Por qué tratarlos como delincuentes? Ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo para que el Estado ande complicando las cosas”, concluyó.

La Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con firma de su titular Carlos Tizio, deja atrás décadas de burocracia absurda en el sector vitivinícola. La Resolución deroga 973 normas (sí, 973!) y redefine completamente el rol del organismo. Dejamos atrás… pic.twitter.com/FiY8GHmmyc

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 7, 2025