La entidad presentó ante legisladores nacionales un proyecto para que exista una tipificación específica y sancionar los delitos que afectan a la producción agropecuaria.

El vandalismo rural no deja de estar en el tablero del día a día de los productores. La creciente reiteración de ataques contra silobolsas, cultivos, ganado e infraestructura productiva encendió una nueva señal de alarma en el sector agropecuario.

En ese contexto, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó ante legisladores nacionales un proyecto de ley que propone incorporar la figura de “vandalismo rural” al Código Penal, con el objetivo de tipificar y sancionar de manera específica los delitos que afectan al normal desarrollo de la actividad en el campo.

La iniciativa apunta a subsanar lo que desde la entidad consideran una falencia del marco legal vigente, que hoy no ofrece respuestas penales acordes a la gravedad del daño que provocan estos hechos.

“No se trata solo de proteger bienes materiales, sino de resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país”, remarcaron desde CRA al fundamentar la propuesta.

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EL VANDALISMO RURAL, UN PROBLEMA RECURRENTE

El proyecto plantea la modificación de los artículos 186 y 189 del Código Penal y la incorporación del artículo 184 bis, que crea formalmente la figura de “Vandalismo Rural”. Según el texto presentado, esta tipificación prevé penas de dos a cinco años de prisión para quienes afecten el normal desempeño de un establecimiento rural mediante la destrucción, inutilización o daño de granos, silobolsas, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes u otros bienes directamente vinculados a la producción agropecuaria.

Desde la entidad gremial sostienen que los ataques a establecimientos rurales “se han vuelto una práctica reiterada que hoy no encuentra una respuesta penal acorde a la gravedad del daño que provocan”, generando no solo pérdidas económicas directas, sino también incertidumbre y desincentivo a la inversión en vastas zonas del interior productivo.

Otro eje central del proyecto es la actualización de la figura del delito de estrago. En este punto, la iniciativa incorpora nuevas modalidades, como la liberación de patógenos, y establece escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia. También contempla agravantes cuando se ponga en riesgo la vida de las personas o se produzcan consecuencias fatales.

“El delito evoluciona y se adapta a nuevas prácticas; la ley debe hacer lo mismo para evitar la impunidad y brindar certezas a las víctimas”, afirmaron desde CRA, al tiempo que explicaron que el Código Penal actual presenta limitaciones que dificultan una respuesta judicial eficaz frente a este tipo de hechos.

SEGURIDAD JURÍDICA Y DESARROLLO DEL INTERIOR

Finalmente, desde la entidad subrayaron que el proyecto no solo busca proteger al productor, sino fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito rural y contribuir a la prevención de delitos que impactan de lleno en el desarrollo económico y social de las comunidades del interior.

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En un escenario donde la producción agropecuaria sigue siendo un pilar clave de la economía argentina, CRA considera que avanzar en este marco normativo es un paso necesario para defender el esfuerzo productivo y garantizar reglas claras para el campo.