Fitosanitarios: Entre Ríos protagoniza un nuevo round en la disputa por su uso en zonas periurbanas
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos se presentó ante la Justicia como "amicus curiae" en los amparos que cuestionan la ley de fitosanitarios vigente en esa provincia, sancionada tras cinco años de trabajo. El principal foco de polémica son las distancias de exclusión.
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER) formalizó su presentación ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) en carácter de amicus curiae, con el objetivo de aportar fundamentos técnicos e institucionales en el marco de los amparos que cuestionan la constitucionalidad de los artículos que fijan las distancias de exclusión para la aplicación de productos fitosanitarios.
La entidad sostuvo que la ley actualmente vigente es el resultado de un proceso amplio, participativo y respaldado por evidencia científica, y que modificar sus parámetros por vía judicial implicaría consecuencias directas sobre la producción agropecuaria y la sostenibilidad económica de amplias zonas rurales de la provincia.
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En ese contexto, el presidente de la BolsaCER, Héctor Bolzán, encabezó un encuentro con el ministro de Desarrollo Económico provincial, Guillermo Bernaudo, donde presentó el reporte técnico elaborado por la institución.
De la reunión participaron además el secretario de Agricultura y Ganadería, Raúl Boc Ho; la directora de Agricultura, Carina Gallegos; representantes de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias y de la Cooperativa La Ganadera de General Ramírez, en carácter de tercer interesado en la causa.
UN PROCESO LEGISLATIVO DE MÁS DE CINCO AÑOS
Desde la entidad recordaron que, en 2019, el STJ ordenó al Poder Ejecutivo y a la Legislatura avanzar en la sanción de una ley que regule las distancias de exclusión y otros aspectos vinculados a la aplicación de fitosanitarios.
A partir de ese fallo, y durante las gestiones provinciales de Gustavo Bordet y posteriormente de Rogelio Frigerio, se desarrolló un trabajo técnico e institucional que culminó con la presentación de un proyecto en la Legislatura en 2024.
La iniciativa fue debatida durante más de un año en la Cámara de Diputados, especialmente en la Comisión de Ambiente, donde se incorporaron aportes de múltiples sectores.
Según la BolsaCER, ese proceso permitió integrar distintas miradas y consolidar una norma con “amplio consenso legislativo” y criterios sustentados en evidencia científica.
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Sin embargo, a un año de su sanción, se promovieron acciones de amparo que cuestionan la constitucionalidad de dos artículos vinculados a las distancias de exclusión para aplicaciones terrestres y aéreas.
DISTANCIAS Y EL IMPACTO TERRITORIAL
Más allá del planteo jurídico puntual, la discusión de fondo gira en torno a la eventual adopción de criterios surgidos de antecedentes judiciales que fijan distancias de exclusión de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para aplicaciones aéreas.
Según la BolsaCER, la aplicación generalizada de esos parámetros en todo el territorio entrerriano tendría efectos significativos sobre el uso del suelo productivo, la planificación territorial y la economía rural.
En su presentación ante el STJ, la entidad fundamentó con datos y análisis espaciales el impacto que podría generar una eventual declaración de inconstitucionalidad de los artículos cuestionados, y puso en valor que la ley vigente contempla mecanismos de resguardo que —según afirma— incluso superan los estándares considerados razonables por la propia ciencia.
LA ADVERTENCIA SOBRE LA PRODUCCIÓN
Como parte de su aporte, la BolsaCER elaboró un análisis espacial sobre la afectación de superficie agrícola bajo restricciones de 1.095 y 3.000 metros, tomando como referencia zonas como Loteo Tierra Alta y Aldea Salto. El estudio incluyó además una evaluación del impacto territorial y en la producción alimentaria ante posibles nuevas limitaciones.
“La imposibilidad de producir 33.700 toneladas de trigo y maíz debido a las restricciones de los amparos judiciales no es solo un problema de cifras agrícolas; es un problema de seguridad alimentaria”, señala el informe de la BolsaCER.
Por su parte, el análisis de la entidad sostiene que, si se considera que este volumen de granos es la base para alimentos esenciales derivados de las harinas de trigo y maíz, “estamos hablando de una pérdida de más de 112.300.000 platos de comida“.
“Esta crisis evidencia la urgencia de un ordenamiento territorial equilibrado y de decisiones que apliquen las leyes vigentes, que garantice la convivencia entre el desarrollo urbano y la producción de alimentos, evitando que la expansión residencial ponga en riesgo el sustento de millones de personas”, reafirma la Bolsa.
Con ese planteo, la BolsaCER buscó dejar sentado ante el máximo tribunal provincial que la discusión no se limita a una cuestión técnica sobre metros de exclusión, sino que involucra el equilibrio entre producción, desarrollo urbano y seguridad alimentaria en Entre Ríos.
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