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Por primera vez desde que Néstor Kirchner cerró las exportaciones de carne en 2006, el Estado tuvo que mostrar los nombres de quiénes reciben los permisos de exportación

Fuente: Bichos de Campo 02/12/2021 08:43:19 hs

El ex presidente Néstor Kirchner intervino por primera vez en el negocio de la exportación de carne vacuna en marzo de 2006, hace más de 15 años. Desde mayo pasado vivimos un revival protagonizado ahora por el presidente Alberto Fernández. En una y otra ocasión, el rasgo común fue que al bloqueo total de los

El ex presidente Néstor Kirchner intervino por primera vez en el negocio de la exportación de carne vacuna en marzo de 2006, hace más de 15 años. Desde mayo pasado vivimos un revival protagonizado ahora por el presidente Alberto Fernández. En una y otra ocasión, el rasgo común fue que al bloqueo total de los embarques de carne lo sucedió un esquema de cuotas y permisos de exportación administrado por el Estado: las autoridades decidían quién podía exportar y quién no, definían cuándo y cuánto. Pero en una y otra ocasión, no informaban sobre quiénes eran los beneficiados.

La primera etapa de esta intervención fue larga: duró entre 2006 y diciembre de 2015, cuando el gobierno de Cambiemos derogó los ROE Rojos, que eran los permisos de exportación que debían tramitar los frigoríficos exportadores de carne. Ahora, en esta nueva etapa, esos permisos cambiaron de nombre a Declaraciones Juradas de Exportación de Carnes (DJEC). Fueron creadas en abril pasado, como antesala a la intervención, y son administradas por la ex ONCCA, la dirección de Control Comercial Agropecuario que depende del Ministerio de Agricultura.

Lo dijimos: hay un rasgo común entre aquellos ROE y estas DJEC. A lo largo de todos estos años, y a pesar de que el Estado interviene en un negocio lícito definiendo quién podrá exportar carne, nunca (léase NUNCA) hasta ahora se habían conocido los nombres de las empresas que recibían los permisos oficiales. No sucedió con los ROE Rojos ni tampoco pasaba ahora con los DJEC. En el Estado decidían quién podía exportar y quién no podía hacerlo, Pero no informaba el listado de beneficiados.

Está claramente mal. Es ilegal. Ningún funcionario por más potente que sea puede adjudicar tal o cual permiso de exportación sin dar cuenta de sus actos.

Después de 15 años de oscurantismo total sobre los ROE antes y las DJEC esta es la primera vez que se conoce una extensa lista de frigoríficos y matarifes que recibieron permisos de exportación desde junio pasado, cuando el gobierno nacional volvió a mater mano en el negocio de exportación de carne vacuna. Esto ha sido posible porque, debido a la buena predisposición del nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, el actual director de la ex ONCCA, el contador Luciano Zarich, se vio obligado a contestar el pedido de informes que elevó Bichos de Campo en noviembre pasado.

Otro pedido de acceso a la información pública: Bichos de Campo reclamó la lista de las DJEC aprobadas para cada frigorífico

¿Qué es un pedido de acceso a la información pública? Se trata de “una solicitud de datos que están en manos del Estado o que han sido generados, obtenidos o financiados con fondos públicos nacionales” y que por lo tanto deberían ser accesibles para quien los solicite de acuerdo a lo que dispone la Ley 27.275, que se sancionó en el 2016 y entró en vigencia el 29 de septiembre de 2017. Los puede pedir cualquiera, no necesariamente un medio de comunicación. Si la pregunta está bien formulada, la autoridad a cargo está obligada a responder a los 15 días.

Bichos de Campo pidió conocer el listado de DJEC firmados por Zarich para beneficio de los diferentes operadores del negocio de la carne porque esa es la única manera de controlar que el Estado cumpla con los cupos de exportación que dispuso el presidente a través de diferentes decretos. Es decir, si por ejemplo el gobierno otorgó una cuota de 1.200 toneladas mensuales por mes al frigorífico Swift de Rosario, pues esta empresa debería haber recibido DJEC por no más de ese volumen. Y así en todos los casos.

El comercio externo de carne vacuna hoy está repleto de cupos y prohibiciones. Y así promete seguir en 2022. Lo único liberado son las cuotas arancelaria (Cuota Hilton, Cuota 481, Cuota Americana y cupo para Colombia), que de todos modos también tienen un límite en volumen. Luego, en junio, el gobierno estableció un cupo mensual general del exportación entre 63 empresas equivalente al 50% de lo embarcado en 2020. A eso añadió en agosto otro cupo de 3.500 toneladas a dividir entre las plantas habilitadas para faenar bajo el rito kosher, para exportar a Israel. Más tarde se habilitaron cupos para exportar unas 5.000 toneladas mensuales de carne de vaca conserva categorías D y E, orientada usualmente para China.

Desde que comenzó a aplicar ese sistema de permisos, Zarich (foto) no publicó ni una sola línea dando cuenta de qué empresa recibían finalmente su DJEC y cuál era rechazada. Esto determinaba que fuera imposible controlar que todos esos cupos fueran distribuidos de manera correcta y que no se colaran permisos “especiales” o posiblemente digitados por los funcionarios. No es una sospecha ociosa: ya sucedió en tiempos de los ROE, cuando la discrecionalidad aplicada por Guillermo Moreno era moneda corriente en el sector.

Durante todos los años de intervención kirchnerista sobre el negocio de la carne, los ROE Rojo primero no se publicaban. Ante las protestas de otros operadores y sobre todo un pedido de informes presentado por ex diputados de la Coalición Cívica, luego se comenzaron a publicar diariamente en la página web de la ex ONCCA primero y de la UCESCI después (era el organismo que la reemplazó a partir de 2011), pero sin dar cuenta de qué empresas recibían el beneficio estatal. ¿Cómo? Y sí… Tal día se publicaba que se habían autorizado exportar 22 toneladas de carne, pero no se identificaba al frigorífico que podía hacer el negocio.

Así sucedió durante años con una total impunidad. Era muy contrastante lo que sucedía con los ROE Verde, que eran los permisos oficiales para exportar trigo, soja o maíz. En ese caso sí se informaba cada día el volumen habilitado y la empresa que los recibía. Esto fue así porque la poderosa industria agroexportadora lo reclamó a viva voz luego de un episodio de 2009 en donde apareció una empres ignota, llamada SIPEA, que recibió ROE para exportar miles de toneladas de trigo. Eran los días en que Ricardo Echegaray era el mandamás en la ex ONCCA. La firma beneficiada pertenecía a un piloto de avión santacruceño que luego apareció prestándole su aeronave a Lázaro Báez.

Para firmas como Cargill, Bunge o Dreyfus aquel sospechoso suceso fue demasiado y era imposible de explicar a sus casas matrices. Por eso reclamaron a las autoridades que se dieran a conocer las identidades de quienes recibían los permisos oficiales. Fue eso lo que permitió luego reconstruir cómo se desviaron millones de toneladas de trigo y maíz a una desconocida cámara empresaria Capeco, en la cual Moreno entronizó a su amigo, el ruralista K Ider Peretti. Ese dato -la publicación de la identidad de las empresas que recibían los permisos- permitió reconstruir por lo menos una parte de la corrupción vivida en aquella etapa, cuando los ROE Verde cambiaban de mano a cambio de algunos dólares por tonelada.

El festival de los ROE Verde: Peretti repartió al menos 7,6 millones de toneladas entre más de 100 firmas dudosas

Pero en el caso de la carne vacuna, nunca antes hasta ahora el Estado informó sobre la identidad de quienes recibían los permisos. Esto impidió conocer con claridad a quiénes fueron los ganadores de aquel largo tramo de la intervención estatal.  Y mucho menos se pudo confirmar las sospechas de corrupción que también circulaban en torno a este sector. Ni el Consorcio ABC (que agrupa a los grandes frigoríficos exportadores) ni otras cámaras de la industria frigorífica hicieron nunca un reclamo enfático. Tampoco el asunto de la transparencia pareció importarles jamás a las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, a pesar de que con dicha información hubieran podido denunciar con mayor fundamentos una serie de maniobras que finalmente perjudicaban a sus asociados ganaderos.

Por todo esto es que la información recabada ahora gracias a este pedido de acceso a la información pública realizado por Bichos de Campo representa la primera ocasión en la que se hacen públicos este tipo de datos, con la identidad y el número de CUIT correspondiente a cada empresa beneficiada con los nuevos DJEC. El extenso listado tiene un total de 614 páginas:

DJEC Aprobadas al 2021-11-11 (1)

 

Como se verá, la información presentada por Zarich no sirve de demasiado para realizar un control riguroso de este proceso, pues este gris funcionario se ocupó de contestar la información de modo premeditadamente confuso y en un formato en el que resulta imposible ni siquiera copiar y analizar los datos en otro tipo de programas informáticos, como una sencilla planilla de Excel. Pero la información sobre las DJEC entregadas por la ex ONCCA entre el 1 de junio y el 11 de noviembre está allí. Confusa y desordenada, pero a disposición de todos.

Bichos de Campo pedirá ahora a las autoridades de Agricultura una ampliación de esta información con datos obvios que Zarich parece haber omitido a propósito, con el fin de evitar el control social sobre sus actos como funcionario. Por ejemplo, no identificó de qué tipo de carga se trata cada DJEC otorgado: si se trata de Cuota Hilton o de carne de vaca conserva para China. O si acaso lo que se exporta son solo menudencias, que están a salvo de los cupos oficiales. Solo de ese modo -con la información completa- se podría confirmar que el Estado está otorgando los cupos de exportación del modo que ha establecido. Solo de ese modo se podría además descartar actos de corrupción.

La idea de este ejercicio periodístico, de todos modos, no es esa. Más bien, lo que tratamos de mostrar es el valor que tiene la información pública cuando está disponible para todos. El objetivo final es que las autoridades del Ministerio de Agricultura obliguen el escurridizo Zarich a publicar en la web oficial todos los días los listados de DJEC otorgados por su oficina. Y que cualquiera pueda acceder a esa información sin tanto rodeo ni desgaste.

Un poco de control social en medio de tanto oscurantismo no viene mal. Es una bocanada de aire fresco para la democracia. Solo hay que animarse a reclamar y a ejercer nuestro derechos ciudadanos.

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