Para CRA, la iniciativa del ministro de Economía, Martín Guzmán, presenta múltiples problemas: conlleva a una triple imposición, sería ilegal y se terminaría trasladando a los productores.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se sumó a las voces que en las últimas horas se alzaron en contra de la propuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán, de crear el “impuesto a la renta inesperada”.

Se trata de un nuevo tributo que afectaría a empresas agropecuarias que, según el criterio del Gobierno, se han visto beneficiadas por la suba de los precios internacionales de los granos.

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“El proyecto de impuesto a la renta inesperada anunciado por el Ejecutivo pretende obtener fondos provenientes, en principio, de grandes empresas exportadoras, ganadoras de renta ‘extraordinaria’ por la suba de precios internacionales por la guerra de Ucrania-Rusia, para financiar un bono destinado a población vulnerable, en un contexto de alta inflación que la política económica no soluciona, y genera más pobreza”, advirtió CRA.

Y luego enumeró una serie de puntos que considera conflictivos o poco claros sobre cómo se instrumentará esta nueva imposición, además de asegurar que –de aprobarse– su impacto sería muy malo en las perspectivas productivas.

Problemas de la “renta inesperada”

“En lo político, no queda claro el camino que se seguirá. El Ejecutivo insiste con medidas incongruentes que no llevan a la salida de la crisis económico-social. El proyecto de ley debe ingresar en la Cámara de Diputados, tal lo establece la Constitución Nacional, donde el gobierno no tiene mayoría propia”, indicó, como primer punto, CRA.

Luego, señaló que desde el punto de vista fiscal, el proyecto genera un aumento del déficit, porque incrementa el gasto público en 2022, y si se aprobara, se lograría un aumento de recaudación recién en 2023.

Cuando un productor tiene renta, esperada, inesperada o sólo anhelada paga impuesto a las Ganancias…osea que este nuevo relato sólo es para justificar otro incremento adicional. Siguen combatiendo al capital y espantando al inversor. @CartezArg @CRAprensa

— Gabr. De Raedemaeker (@gajoderama) April 19, 2022

“Si hubiera anticipos en 2022 (como en el impuesto a las Ganancias), se neutralizaría este problema, en parte, pero no queda clara la legalidad. Al respecto, claramente hay una triple imposición, con el Impuesto a las Ganancias y con los derechos de exportación, que el fisco ya recauda directamente, tomando la suba de precios internacionales automáticamente”, añadió.

Asimismo, consideró que no queda claro cómo se determinará la ganancia “inesperada”, sobre la base de una comparación entre lo generado en 2022 y lo logrado en 2021.

Impacto en los precios

Para CRA, además, es inevitable que a este impuesto lo terminen sufriendo los productores, porque las empresas agroexportadoras lo van a terminar trasladando al valor que les pagan por la tonelada.

Asimismo, la entidad cuestionó que solo se tenga en cuenta la suba de los commodities, y no lo que se encarecieron insumos claves, como fertilizantes y combustibles.

Retenciones móviles

Por último, CRA hizo foco también en otro aspecto: opinó que esta iniciativa siembra un antecedente similar a los DEX móviles de 2008 que se pretendió imponer a través de la Resolución 125, porque pretende gravar flujos productivos en función de variación alcista de shocks de precios externos.

Técnicamente, el cálculo de CRA es que los $ 250.000 millones a recaudar informados por el Ejecutivo, hoy representan U$S 2.101 millones, a tipo de cambio oficial.

De ese total, si se considera la recaudación por retenciones por sectores de 2021 (estimada, a falta de datos oficiales), y su alícuota promedio proyectada para sectores agroalimentarios, minería e hidrocarburos, se tiene que las cadenas agroindustriales aportarían con este nuevo impuesto adicionalmente U$S 1.941 millones.

“Esto implica, en una estimación que relaciona el nuevo aporte tributario con lo que sería su equivalente en incremento de alícuotas de derechos de exportación, subas significativas de las alícuotas. Es similar a las retenciones móviles”, subrayó CRA.

Y remató: “En definitiva, es claro que hay triple imposición, ilegalidad, y que las empresas exportadoras van a trasladar el impuesto a los productores. Además, se condiciona aún más el escenario 2023/24: se desincentiva la siembra de trigo y maíz, y el uso de fertilizantes. Todo conduce a menores exportaciones, mayores problemas cambiarios y económicos”.

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