La apacible localidad santafesina de Arteaga, en el límite con Córdoba, vive en los últimos treinta días al ritmo de un conflicto laboral que extrañamente no tiene a trabajadores y empresarios en veredas opuestas sino en la misma. Sucede que quienes integran la empresa Vidoret enfrentan un enemigo al parecer mucho muy poderoso e influyente:

La apacible localidad santafesina de Arteaga, en el límite con Córdoba, vive en los últimos treinta días al ritmo de un conflicto laboral que extrañamente no tiene a trabajadores y empresarios en veredas opuestas sino en la misma. Sucede que quienes integran la empresa Vidoret enfrentan un enemigo al parecer mucho muy poderoso e influyente: Se trata de Roberto Vignati, un empresario que acumuló mucho poder y riqueza en los últimos años de la mano del ex ministro más poderoso del kirchnerismo, Julio De Vido.

“Somos una empresa familiar que no estamos acostumbrados a esto”, comenzó su relato la apoderada de la firma María Belén Vidoret el pasado 8 de agosto, cuando llevaban casi 40 días de una clausura dispuesta a fines de junio por el juez penal de Villa Constitución, Juan Ignacio Vacca. La rodeaban representantes de los trabajadores, de sindicatos como la UATRE y varios abogados que atienden un conflicto que ya lleva cuatro años, según explicaron.

Esta es parte de la conferencia de prensa grabada por un medio local:

Uno de esos letrados, Aníbal Diego Porri, aseguró que “es llamativo que una empresa esté cuatro años rogando por un habilitación. Se ha cumplimentado todo e incluso se ha recurrido a un juez que obligue al Ministerio a expedirse”. Se refería a la cartera de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe. De lado de la empresa afectada, fundada por Marcelo y Eduardo Vidoret en 1984, todos presumen que la ministra Erika Gonnet es quien, por influencias políticas, provoca con su demora la zozobra de unos 40 trabajadores directos de la empresa y otros 60 vinculados indirectamente.

Por supuesto, en medio de la demora visible de los organismos estatales que deberían intervenir en estos asuntos con celeridad y eficacia, ya hay múltiples causas judiciales abiertas en paralelo, que a esta altura conforman un enjambre. La empresa Vidoret presentó recursos de amparo para poder operar sin tener todos los papeles. Y Roberto Vignati presentó una denuncia penal por el supuesto delito de funcionar sin la habilitación correspondiente.

Es esa la causa que condujo a la clausura judicial que ya lleva más de 45 días. En el mismo expediente el supuesto testaferro kirchnerista reclamó al juez Vacca el cierre tanto de la planta de alimentos balanceados Agroganadera Vidoret, que se inauguró en 2018, como del acopio cerealero Vidoret Servicios Agropecuarios, porque según su visión estaban volcando fósforo de manera clandestina en una cuneta del pueblo, desde su predio ubicado sobre la ruta 92 y la calle Bolivia.

Curiosamente a metros de allí, sobre la misma ruta, están las instalaciones de Marisa SA, un viejo taller que pertenecía al abuelo materno de los Vignati, que son cinco hermanos hijos del farmacéutico y una maestra del lugar, un pueblo fronterizo con Cruz Alta, en Córdoba, de solo tres mil habitantes. Roberto, el mayor de todos ellos, es el actual dueño de Marisa SA y los rumores indican que, tras una sucesión tumultuosa, mantiene por ese motivo mantiene un enfrentamiento con Julian Vignati, el presidente comunal y benjamín de la familia. Julián, dicen otros rumores, tendría intereses en la empresa Vidoret, que ahora bloquea su propio hermano. Todo esto en el terreno de las conjeturas de un pueblo pequeño.

El enriquecimiento de Roberto Vignati y su familia fue meteórico en los años donde Julio De Vido era el ministro de Planificación de Néstor y Cristina Kirchner, en una gestión salpicada de denuncias que incluso lo llevaron unos años a la cárcel. El vecino ilustre de Arteaga intervino varios años en la intermediación de las exportaciones de maquinaria agrícola, arroz, y maíz hacia la Venezuela de Hugo Chávez, en operaciones con visible y abultados sobreprecios. Tal fue su éxito que montó un cotizado stud de caballos de carrera y fue adquiriendo a varias empresas de Arteaga y Cruz Alta, pero también fuera de la región: invirtió dinero en el negocio petrolero, en hoteles de lujo de Mendoza y hasta en una radio porteña. Lamentablemente la justicia nunca lo investigó a fondo.

Un empresario amigo de De Vido pagó una suma récord por un caballo de carrera

Según los integrantes de la familia Vidoret, ya no hay ninguna excusa para la clausura actual. En la última audiencia convocada por la justicia participaron todos los sectores, incluyendo a los gremios, y allí se estableció que faltaban solo dos documentos para obtener la habilitación. “Se presentaron a las 72 horas”, dijeron los abogados de la firma, que incluso habría sido visitada y aprobada por inspectores del Ministerio de Ambiente santafesino. El proyecto de resolución, sin embargo, luego quedó trabado misteriosamente en los pasillos de la burocracia.

“No estamos pidiendo ni vista gorda ni ningún subterfugio, sino que nos dejen trabajar”, dijeron desde la firma. Sus trabajadores han venido manteniendo un corte de ruta parcial sobre la ruta 92, pendientes de una solución. Eduardo Bazán, uno de ellos, dijo que lo único que quieren es volver al trabajo y que las autoridades se expidan rápido y sin presiones de ningún tipo. “Nosotros somos toda gente de la zona y no tenemos espaldas para aguantar más tiempo parados. Los tiempos de la siembra y la cosecha no son los de un escritorio”, reclamó.

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