Una entidad rural de base le reclamó al IPCVA que explique para qué se utiliza el aporte obligatorio que le cobra a los ganaderos
Salvo el viejo Frente Agropecuario Nacional (FAN) de Horacio Delguy, hace más de veinte años atrás, no se conocieron en la historia demasiados pronunciamientos formales desde entidades agropecuarias sobre el aporte obligatorio que deben hacer ganaderos y frigoríficos para sostener la actividad del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que fuera creado
Salvo el viejo Frente Agropecuario Nacional (FAN) de Horacio Delguy, hace más de veinte años atrás, no se conocieron en la historia demasiados pronunciamientos formales desde entidades agropecuarias sobre el aporte obligatorio que deben hacer ganaderos y frigoríficos para sostener la actividad del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que fuera creado por ley en 2002.
Sucedió ahora, en medio de la avanzada desregulatoria encabezada por el presidente Javier Milei, que hubo un cuestionamiento explícito desde nada menos una sociedad rural de base de las más de 250 que integran CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), la entidad que justamente tiene en este momento a cargo la presidencia del IPCVA. Se trata de la Sociedad Rural de Río Cuarto, en el sur de Córdoba.
“Los productores ganaderos representados por la Sociedad Rural de Río Cuarto manifiestan su más contundente rechazo a la decisión adoptada por el IPCVA de aumentar la contribución obligatoria por cada animal enviado a faena, que ahora pasa a tener un valor de 834 pesos. Sólo vale recordar que 2023 cerró con un total de 14,5 millones de cabezas enviadas a faena, según datos oficiales del Senasa, lo que arrojaría una cifra de aportes superior a los 12 millones de dólares para el organismo y de resignación por parte de los ganaderos”, indicó un comunicado de esa organización.
Este es el comunicado:
No hay plata
Según este razonamiento, no esta claro para qué utiliza el Instituto conformado por productores y frigoríficos el dinero que cobra todos los años del sector. “En un contexto de extrema dificultad, saliendo de un proceso de larga sequía y con costos que no paran de subir, la revisión de las cuentas se hace inevitable. Y entonces, cada gasto debe justificar plenamente su funcionalidad y utilidad en el negocio para sostenerse”, fue el argumento de los riocuartenses.
Jorge Grimberg, representante de CRA y actual presidente del IPCVA (caro que va rotando entre las cuatro entidades), aclaró hace unos días que el último incremento de la alícuota que se cobrará a los ganaderos y frigoríficos ha sido de 23% desde el 1 de enero, con lo cual el aporte quedó en 834 pesos por cada cabeza enviada a faena por parte de los productores, más otros 375 pesos a cargo de la industria frigorífica.
El dirigente consideró “razonable” ese ajuste en la recaudación del IPCVA, que con ese dinero atiende la promoción de la carne en el extranjero y trabajos de investigación ganadera dentro del país. A la vez aclaró que el Instituto atrasó mucho el valor de este aporte, justamente en solidaridad con los productores ganaderos que se veían afectados por la sequía y los bajos precios de la hacienda.
Pero los ruralistas de Río Cuarto metieron el dedo en la llaga, desencadenando una discusión al interior del propio sector: “Es sabido que una parte de los fondos termina financiando a las entidades gremiales de orden nacional. Pero en ese caso: ¿por qué sólo los ganaderos deben sostener la estructura gremial mediante este costoso aporte? El contexto obliga a revisar muchas cosas que estaban dadas desde hace mucho tiempo, y no sólo en la política. Los ganaderos no pueden seguir resignando recursos injustificadamente y menos tolerar aumentos unilaterales sin tener en claro cuál es su verdadero destino, en qué se gasta. Es hora de explicar y justificar, antes que de pedir más plata que no hay”.
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