De luna de miel con el gobierno, la industria semillera no esconde que quiere ordenar el “uso propio” de las semillas: “La prioridad es adherir a la UPOV-91, luego vendrá la adecuación”, afirman desde ASA
Este martes, una comitiva de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) copó los despachos de la Secretaria de Agricultura. Un breve comunicado y una foto bastante sugerente, en la que se ve a gran cantidad de empresarios del rubro posando junto a funcionarios de esa cartera pública, dieron cuenta de que el sector vive una
Este martes, una comitiva de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) copó los despachos de la Secretaria de Agricultura. Un breve comunicado y una foto bastante sugerente, en la que se ve a gran cantidad de empresarios del rubro posando junto a funcionarios de esa cartera pública, dieron cuenta de que el sector vive una luna de miel con el gobierno de Javier Milei y quiere asegurarse el guiño que semanas atrás llegó desde el Ejecutivo.
“La República Argentina adhiere a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (1991)”, dice el artículo 241 de la controversial Ley Ómnibus, en forma prácticamente inofensiva. Sin embargo, para la industria semilla resulta una clara señal de intensión oficial respecto a un debate largamente adeudado en el país: el de la propiedad intelectual de las innovaciones en semillas.
Esta Convención Internacional, mejor conocida como la UPOV-91, tiene su génesis en la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), creada en 1961. Con numerosos países miembro, entre los que está Argentina, promueve a nivel global la protección de los intereses de los obtentores de las semillas, a través de distintas convenciones. Sus normas, cada vez más estrictas, no son sin embargo obligatorias. Se trata más bien de sugerencias a las que los países deciden o no adherir.
El convenio UPOV-91, en particular, fija el marco legal por el cual los países pueden comenzar a poner mayores limitaciones al “derecho de uso propio” de los agricultores, que desde el origen de la humanidad guardan parte de su cosecha para usarla como semillas de la cosecha de la próxima campaña. El argumento es que detrás de ese derecho, existe un circuito comercial ilegal de semillas mejoradas (conocido como bolsa blanca) que impide a las empresas desarrolladoras capturar el valor adecuado de sus innovaciones.
Y como en Argentina siempre ha resultado más que difícil discutir esta cuestión, al punto tal de que no se ha logrado actualizar la Ley de Semillas sancionada en 1972, pese a la presión de las más de 80 firmas que se nuclean en ASA el país no se ha puesto de acuerdo en ratificar o no ese convenio internacional. Es por esto el guiño otorgado por el gobierno de Javier Milei resulta algo clave para el sector.
¿Pero qué implica verdaderamente para Argentina adherir al UPOV-91? ¿Qué modificaciones experimentaría el sector semillero local de aprobarse este artículo en la Ley Ómnibus? Para Alfredo Paseyro, presidente de ASA, en lo inmediato no mucho.
“En todo lo que es desarrollo genético, durante muchos años hemos intentado encontrar algo nuevo que ordene y es todavía una materia pendiente. Nuestra legislación ya tiene incorporados algunos aspectos del Acta del 91, pero es una cosa es eso y otra adherir como lo hace la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Japón, Perú, Costa Rica, República Dominicana y otros países más. ¿Qué le significa a Argentina entonces? En lo inmediato nada, porque es un ordenamiento. Es un punto de partida que nos permite a los productores acceder a la mejor genética, con el concepto del uso propio garantizado dentro del Acta del UPOV, pero también con el acuerdo y el respeto de la propiedad intelectual”, dijo Paseyro a Bichos de Campo.
-¿Y qué entraría dentro de ese ordenamiento? ¿Podría implicar, por ejemplo, un control al porcentaje de semillas que los productores guarden o la necesidad de declararlo?– le preguntamos.
-El obtentor tiene que ejercer sus derechos dentro de lo que marca la ley. Previo a la siembra, durante la siembra y durante el uso. El productor tiene que conocer cuáles son las condiciones comerciales que ofrece el obtentor. Y ahí viene el concepto de acuerdo entre partes. Uno de los cambios que promueve el gobierno es que el acuerdo entre privados sea clave y casi la forma de relacionarse en el comercio. Desde la Asociación de Semilleros venimos promoviendo esto, el acuerdo entre privados, conociendo qué es lo que nosotros ponemos a disposición en términos de genética, calidad, rinde, y obviamente también cuáles son las condiciones comerciales. Si hay acuerdos, vamos teniendo acceso a la tecnología. Por eso digo que, en el caso de que se apruebe la decisión, es un marco que ordena. Luego la legislación tiene que ser más específica y será en el transcurso del tiempo. No va a ser magia, y va a ir produciendo los cambios que precisan el productor y los desarrolladores.
-Es decir que aún cuando Argentina adhiera a ese nuevo ordenamiento, no alcanza solo con eso. Para que quede plasmado debe actualizarse dentro de la legislación vigente.
-Es una condición necesaria, pero no suficiente.
-¿Qué efectos analizan desde ASA que tendría todo este proceso?
La mirada desde ASA es positiva, porque nosotros también tenemos que ver cómo nos relacionamos con el mundo. Cuando miramos con quiénes competimos en desarrollo genético, competimos con Canadá, con muchos países de la Unión Europea, con Francia, Alemania, Japón, y competimos obviamente con Estados Unidos y Brasil. Ellos tienen mejores condiciones para la inversión en investigación y desarrollo. Si nosotros no tenemos esas condiciones, al igual que la energía, que la minería, que el turismo, que la economía del conocimiento, la inversión acá es menor. ¿Y dónde se invierte? En aquellos países que dan mejores condiciones. Eso es lo que tenemos que analizar y ver cómo en el conjunto estamos perdiendo inversiones, competitividad en toda la cadena.
-Desde 1972 Argentina tiene vigente su Ley de Semillas sin embargo ella no se hace cumplir. ¿Qué sería diferente aquí?
-Bueno, ahí viene el otro aspecto. En la reunión con Bioeconomía participó Claudio Dunan, el nuevo presidente de INASE. La autoridad de aplicación está definida por ley y es INASE, que tiene el poder de policía. Tiene delegadas 24 funciones por ley, ahí está un poco el déficit de por qué, si está la norma, no estamos alcanzando los objetivos que ella prevé.
-Esto pareciera abrir nuevamente la puerta a la discusión por la actualización de la Ley de Semillas. ¿Se les indicó algo en este sentido desde el Ejecutivo?
-Según lo que hablamos con el secretario Fernando Villela, la propuesta ahora del gobierno es alcanzar la mayor cantidad de consensos de la Ley Ómnibus. Y hay otros aspectos que a nosotros en la industria nos interesan como desregulación del Estado, simplificación burocrática, todo lo que sea la competitividad para el trabajo, bioenergía. Pero la prioridad del gobierno hoy en la negociación está puesta en que se apruebe el UPOV-91. Luego viene la adecuación y la implementación para darse los resultados esperados.
Como parte de la comitiva de ASA, del encuentro en Agricultura participaron Juan Erdmann, Federico Garat, Horacio Oyhanarte (Bayer); Lisandro Galindez (Syngenta); Alejandro Fried (Gensus); Julián Echazarreta (ACA); Marcos Lorenzo (Don Mario); Ignacio Rosasco (Stine); Magdalena Sosa Belaustegui (BASF); Victoria Serigos (Corteva); Verónica Vallini (Limagrain); y Hugo Previgliano (RAGT).
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