Si uno le pregunta a los productores agropecuarios, como ciudadanos que son, la enorme mayoría estaría de acuerdo en que el presidente Javier Milei debe desistir con su intento de hacer nombrar en la Corte Suprema al juez federal Ariel Lijo, demasiado sospechado de actos que aseguran la impunidad más que de lograr justicia. Sin

Si uno le pregunta a los productores agropecuarios, como ciudadanos que son, la enorme mayoría estaría de acuerdo en que el presidente Javier Milei debe desistir con su intento de hacer nombrar en la Corte Suprema al juez federal Ariel Lijo, demasiado sospechado de actos que aseguran la impunidad más que de lograr justicia. Sin embargo, llamaba la atención que en un acto de demasiada tolerancia con este gobierno, los principales dirigentes rurales callaran sobre esta cuestión.

Hasta ahora, que la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) emitió un comunicado donde “expresa su preocupación por la postulación a Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Ariel Lijo, un juez que no brinda las garantías de seguridad para impartir justicia desde tan importante cargo y que ha generado un sinnúmero de debates, que ningún juez probo y respetable debería generar”.

Bien por estos ruralistas que pusieron en palabras el pensamiento de la mayoría de los que integran este sector, y de quienes se indignaron especialmente por el maltrato del oficialismo libertario contra el productor y senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, luego de que éste adelantara su voto negativo contra el juez impulsado por el Presidente Milei.

¿No va a salir un comunicado de la Mesa de Enlace bancando la posición del productor y senador Francisco Paoltroni en contra de la designación del juez Lijo para la Corte Suprema?

“Nuestro sector productivo, al igual que la Argentina,  necesita más que nunca importantes inversiones para poder  impulsar el crecimiento como han hecho nuestros países vecinos, y para ello se requiere una seguridad jurídica, que la postulación de este juez no ofrece. La Corte Suprema tiene la misión imprescindible de asegurar la supremacía de la constitución, la equidad del proceso político democrático y garantizar el respeto y realización de los derechos fundamentales. La suerte de esta misión depende de manera crítica de la idoneidad, moralidad, virtudes cívicas, compromiso democrático y competencia de sus integrantes”, recordó Carbap en su comunicado de rechazo a Lijo.

Para los ruralistas está más que claro que “su nombramiento solo se traducirá en una pérdida de confianza y legitimidad para la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su conjunto, y en una negativa mirada de los inversores, que tanto necesitamos.  que solo desembarcarían si existe seguridad jurídica”.

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