Si bien el pacto entre la Unión Europea y el Mercosur cuenta con el apoyo de los dos grupos mayoritarios de la eurocámara, generó rechazos en legisladores de partidos ultraconservadores y liberales.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), además de mostrar tensiones entre Sudamérica y el Viejo Continente, genera rispideces en el interior del parlamento europeo.

Según la agencia EFE, este acuerdo “enfrenta un complicado camino para su ratificación parlamentaria”. 

Tras el cierre de la negociación del acuerdo -durante diciembre del año pasado- ahora comenzó el proceso de ratificación.

El pacto tiene que obtener el visto bueno del Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y posiblemente también de los parlamentos nacionales de los países que conforman el bloque de países europeos. 

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En España, el eurodiputado Gabriel Mato, del Partido Popular (PP), reconoció que con el acuerdo se pone en juego “la capacidad de seguir siendo un actor relevante” en el comercio global. También destacó los “claros beneficios” que implicará para las empresas europeas, que tendrán “acceso a mercados estratégicos”.

De todas maneras, el legislador reconoció que los productores agrícolas europeos están preocupados ante el acuerdo.

¿LA CULPA ES DEL MERCOSUR?

“El problema no es Mercosur, sino una política agraria europea que no tiene en cuenta la realidad del campo ni dispone de las herramientas necesarias para competir”, según consignó EFE. 

Leire Pajín, diputada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) destacó apartados del acuerdo, como aquellas medidas para proteger el medioambiente, así como los derechos laborales o los de los pueblos indígenas.

Otros socialdemócratas, en tanto, han recalcado que será clave la labor de escrutinio del Parlamento Europeo. Es el caso del alemán Bernd Lange, quien manifestó que “aún hay tiempo de cambiar cosas” y que la Eurocámara ya ha logrado enmendar otros pactos previos.

Así, en el ámbito del parlamento, se visualizan dos tendencias bien definidas. Por un lado, populares y socialdemócratas fueron los dos bloques que más defendieron el acuerdo, mientras que los ultraconservadores (ECR) y liberales están más divididos. 

Las dos delegaciones más grandes de ECR -los italianos que responden a la Presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni y los polacos son quienes más chocan sobre este tema. 

El italiano Carlo Fidanza ha defendido que tras el acuerdo hay “motivos geopolíticos y oportunidades de crecimiento” mientras que el polaco Patryk Jaki ha criticado que se esté “intentando destruir la agricultura europea porque quieren vender más coches”.

También en Renovar Europa (liberales) quedó en evidencia la división entre las delegaciones francesa, belga o irlandesa, que se oponen. Hay otras miradas, como el caso de la eurodiputada alemana Svenja Hahn, quen  sostuvo que la baja de aranceles impulsará a las empresas y permitirá a Europa el acceso  a materias primas que apoyarán sus objetivos climáticos.

CUATRO GRUPOS EN CONTRA

Los españoles de Patriotas por Europa (ultraderecha) son el grupo más grande que rechaza el acuerdo. Mireia Borrás, de Vox, aseguró que la UE se verá “inundada por carne hormonada, soja transgénica y otros productos no sometidos a los estándares europeos”.

Un dato significativo es que muchos de los eurodiputados que se pronunciaron en contra -tanto a la izquierda como a la derecha-  mencionaron la propuesta de la Comisión Europea de establecer un fondo de reserva de 1.000 millones de euros para los agricultores europeos que se vean afectados por el acuerdo con Mercosur.

“Prometiendo un fondo de compensación para los agricultores se reconoce que este acuerdo traerá problemas para los agricultores”, criticó el eurodiputado de la Agrupación Nacional francesa Jean-Paul Garraud.

Desde el segundo grupo de ultraderecha en la Eurocámara, la Europa de Naciones Soberanas, el búlgaro Stanislav Stoyanov ha dicho que “no está claro” de dónde saldrá ese dinero y “si llegará a tiempo”.

El acuerdo tampoco convence a la Izquierda o a los Verdes/Alianza Libre Europea, desde cuyas filas Ana Miranda (BNG) advirtió de que no se ha tenido en cuenta a los productores de carne y lácteos, en particular a los gallegos, para los que anticipó un impacto negativo.