El espacio que nuclea a 63 cámaras del sector planteó a todos los sectores legislativos algunos cambios en pos de mayor “federalismo” en el alcance de las reformas.

Si bien el Gobierno comunicó que la negociación por la reforma laboral transcurrirá inevitablemente durante el verano y se aspira a tener resultados en febrero, desde la agroindustria buscan que las necesidades del sector no queden afuera del tablero.

Esta semana el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), entidad que representa a 63 cámaras y 36 cadenas de valor, le presentó a los jefes de Bloque del Senado de la Nación una “propuesta formal” para que se realicen cambios en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

El mismo forma parte del Proyecto de Ley de Modernización Laboral, y el objetivo de los empresarios es que se “corrijan exclusiones que afectan a un grupo sustancial de empresas agropecuarias y agroindustriales”. De ese modo, entienden, podría alcanzarse un régimen “verdaderamente federal y promotor del empleo y la inversión”.

El espacio empresarial, aseguran desde allí, “es responsable del 58% de las exportaciones del país”. Por eso, desde el CAA se advierte que, bajo la redacción actual, “un gran porcentaje de las inversiones agroindustriales de economías regionales quedarían excluidas de los beneficios”.

¿QUIÉNES SERÍAN LOS AFECTADOS?

Según la presentación del CAA, se trata de bodegas y plantas de procesamiento de alimentos y bebidas, algunas plantas de tratamiento y acondicionamiento de semillas, frutas y legumbres; molinos y fábricas de molienda de girasol y también la industria de maquinaria agrícola.

“Actualmente, el RIGI ya excluye las inversiones agroindustriales, dejando fuera del marco legal al 18% del PBI y al 65% de las inversiones productivas anuales. Al limitar el RIMI exclusivamente a PYMEs, se repite este escenario de desprotección para la inversión mediana”, analizaron.

Ante este panorama, una de las propuestas de modificación técnica de parte del conglomerado de empresas es que se modifiquen los artículos 175 y 177 del proyecto. En ese sentido, buscan que en el concepto “Inclusión de todo tipo de empresas”, se eliminen las restricciones que limitan el beneficio solo a Micro, Pequeñas o Medianas empresas (Tramo 2). Este punto, entienden, permitiría que cualquier empresa agropecuaria pueda aplicar si realiza inversiones productivas significativas.

Por último, en la “Nueva categoría de inversión”, el CAA sugiere incorporar un inciso para “el resto de las empresas” no categorizadas como PYMEs.

De este modo se busca establecer un monto de inversión mínima de u$s 30 millones para acceder a los beneficios del régimen.