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El Senasa modificó los controles sobre las fumigaciones oficiales y limitó la intervención de sus inspectores

17/11/2026 10:00:42 hs Fuente: Noticias AgroPecuarias

Modificó los controles sobre las aplicaciones hechas por privados en operaciones de comercio exterior. La nueva norma deja de exigir a sus inspectores que verifiquen las habilitaciones provinciales de esas...

Modificó los controles sobre las aplicaciones hechas por privados en operaciones de comercio exterior. La nueva norma deja de exigir a sus inspectores que verifiquen las habilitaciones provinciales de esas firmas.

(NAP) El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina modificó el procedimiento para supervisar los Tratamientos de Fumigación Oficial (TFO) utilizados en operaciones de comercio internacional.

La medida, establecida mediante la Resolución 955/2026, publicada este 17 de noviembre en el Boletín Oficial, redefine las responsabilidades de los inspectores del organismo, las empresas fumigadoras y los solicitantes del servicio.

Uno de los cambios centrales es que los inspectores del Senasa ya no tienen entre sus obligaciones expresas verificar el registro y la vigencia de las habilitaciones provinciales de las empresas fumigadoras ni la autorización de sus directores técnicos. Tampoco deben comprobar las condiciones básicas de seguridad e infraestructura de los sitios de tratamiento en función de las exigencias provinciales, como establecía la anterior Resolución 79/2023.

La nueva disposición no elimina esas exigencias provinciales ni exime a las empresas de cumplirlas. Lo que modifica es el alcance de la intervención del organismo nacional durante la supervisión de los tratamientos.

En ese sentido, el artículo 24 establece que la supervisión, autorización o certificación de un TFO por parte del Senasa se limita estrictamente a sus competencias fitosanitarias específicas y aclara que su intervención no implica verificar el cumplimiento de otras normativas nacionales, provinciales o municipales que deban cumplir los actores privados.

Nuevas responsabilidades

El artículo 6 de la resolución establece las tareas que deben cumplir los inspectores fitosanitarios. Antes de comenzar el tratamiento, deben concurrir al lugar donde está instalada la Unidad de Tratamiento de Fumigación (UTF) y verificar que el producto fitosanitario cumpla con las disposiciones de la norma.

Durante la aplicación, deben supervisar el uso correcto del producto autorizado, las dosis calculadas y el funcionamiento de los equipos de medición. También deben labrar las actas correspondientes cuando detecten irregularidades.

Al finalizar el procedimiento, deben controlar la señalización de la unidad, verificar su precintado y supervisar el cumplimiento del tiempo de exposición establecido. Además, deben intervenir en el control de la ventilación, hasta que se compruebe que la concentración del fumigante no supera los valores límite de exposición correspondientes.

Por su parte, el artículo 8 modifica las obligaciones documentales de las empresas fumigadoras. Antes del tratamiento deberán presentar la nómina del personal involucrado, incluido el director técnico y los operadores, además del envase del producto que se utilizará, con su correspondiente marbete, número de registro y fecha de vencimiento. También deberán informar el volumen de la unidad de tratamiento y los cálculos empleados para determinar la dosis.

La nueva redacción ya no contempla expresamente la presentación ante el inspector de las constancias de habilitación provincial de la empresa y de las autorizaciones de su personal, exigencia que figuraba en el procedimiento anterior.

Qué tratamientos comprende

La Resolución 955/2026 alcanza a los Tratamientos de Fumigación Oficial realizados en el ámbito del comercio internacional sobre artículos reglamentados, con exclusión de frutas y hortalizas. Comprende los tratamientos destinados a cumplir requisitos fitosanitarios de países importadores, disposiciones del propio SENASA, requisitos aplicables a las importaciones o pedidos específicos de los exportadores.

La norma establece que estos tratamientos oficiales deben ser supervisados por personal del SENASA y estar vinculados con productos fumigantes de las categorías toxicológicas Ia (extremadamente peligrosos) o Ib (altamente peligrosos), identificados con banda roja.

En materia de productos autorizados, mantiene la utilización de fumigantes inscriptos en el Registro Nacional de Productos Fitosanitarios. El bromuro de metilo queda restringido a tratamientos cuarentenarios exigidos expresamente por un país importador para un producto y una plaga determinados, y continúa prohibido para la fumigación en bodegas de buques.

También se mantiene la prohibición de aplicar fumigantes durante la carga o el tránsito de granos en camiones y vagones, de acuerdo con la Ley 27.262. La excepción corresponde a determinados contenedores herméticos destinados a exportación, consolidados y precintados oficialmente, bajo las condiciones establecidas en la normativa.

La nueva resolución entrará en vigencia el 18 de noviembre y su aplicación será obligatoria en todo el territorio nacional. Asimismo, deroga el procedimiento establecido por la Resolución 79/2023.

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