¡Se vota! Estas son las seis decisiones de política agropecuaria que deberá tomar el nuevo presidente, gane quien gane
Finalmente llegamos al balotaje y ya no hay atajo que nos salve de decidir quién será el nuevo presidente, nos gusten o no las opciones. Aprovechamos el domingo de elecciones, entonces, para repasar la agenda agropecuaria pendiente con la que deberá toparse el próximo gobierno, sea de continuidad o de cambio. No es algo que
Finalmente llegamos al balotaje y ya no hay atajo que nos salve de decidir quién será el nuevo presidente, nos gusten o no las opciones. Aprovechamos el domingo de elecciones, entonces, para repasar la agenda agropecuaria pendiente con la que deberá toparse el próximo gobierno, sea de continuidad o de cambio. No es algo que puedan decidir Sergio Massa o Javier Milei, sino dilemas que deberán resolver sí o sí, de modo célere, sobre todo si quieren enviar señales concretas hacia los productores.
En realidad son muchos los temas pendientes, pero elegimos los seis más urgentes. Vamos por partes, diría Jack el destripador.
¿Cuál será a partir del martes el tipo de cambio de exportación?
En general, la pregunta es pertinente para saber finalmente qué nivel de equilibrio que debe encontrar el dólar, que es la moneda dominante del comercio exterior y de muchas decisiones individuales de los argentinos. Pero más allá de que el nuevo gobierno pueda o no cerrar la brecha y simplificar los incontables tipos de cambio que existen en la Argentina, para las actividades agropecuarias será crucial conocer a qué valor venderán sus productos la semana que viene.
Sucede que el jueves venció el último dólar “especial” para exportadores (brillantemente bautizado Fernet, por la combinación 70% Oficial 30% Financiero) y no se le conoce sustituto. Sin ese apalancamiento, el dólar que cobran los productores vuelve a ser 100% oficial, es decir que se ubica cerca de 270 pesos. Con esa cifra, será difícil que alguien quiera vender lo que tiene.
¿Incluirá el nuevo Presupuesto 2024 nuevos topes para las retenciones?
Ya está claro que, gane una u otra opción, las retenciones o derechos de exportación (DEX) no se eliminarán, como soñaban los productores cuando comenzó este proceso electoral y casi todos los candidatos lo prometían. La situación fiscal acuciante marca a las claras que el nuevo gobierno tampoco podrá resignar fácilmente esos ingresos, que surgen básicamente (en 75%) de una alícuota de 33% para la soja, de 12% para el resto de los granos, y de 9% para la carne, los lácteos y el girasol.
Pero más allá de saber si habrá cambios en esas alícuotas para la cosecha 2023/24, que es la que se está sembrando ahora, un dato clave es saber cómo decidirán las autoridades aplicar esas modificaciones. ¿Por qué? Porque en la actualidad el Poder Ejecutivo no cuanta con “facultades delegadas” desde el Congreso Nacional, como marca la regla. Y esto abre la puerta a que prosperen reclamos judiciales por la “inconstitucionalidad” del tributo como el que abrió la Sociedad Rural Argentina en un juzgado federal de Córdoba.
En octubre de 2022, a poco de asumir en su cargo de ministro, Sergio Massa había incluido un párrafo especial reimplantando la delegación de facultades en el Presupuesto 2023, pero debió quitar ese artículo para lograr que el mismo sea aprobado por la oposición. ¿Qué pasará ahora?
¿Continuarán vigentes los “volúmenes de equilibrio” para todos los granos menos la soja?
Los “volúmenes de equilibrio” son una entelequia para denominar de modo elegante la intervención del gobierno en los mercados agrícolas, pues definen en concreto saldos de exportación para cada uno de los granos producidos en la Argentina, menos la soja. Por eso finalmente son un cepo a la exportación.
El nuevo gobierno deberá decidir si continúa con este subterfugio administrativo para bloquear las exportaciones agrícolas en la campaña 2023/24. El trigo ya se está cosechando, pero hasta ahora las autoridades no han dicho nada sobre el saldo exportable a autorizar. Y lo mismo sucede con los otros granos “intervenidos”.
Los que sí están plenamente vigentes son los cupos de exportación para trigo, sorgo, cebada, malta, maíz y girasol y sus derivados, que fueron fijados por última vez el 26 de octubre pasado mediante una pobre circular de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. Ese es otro tema a revisar si está intervención siguiera: no puede ser que semejante intervención está amparada legalmente solo en una circular de esa repartición a los exportadores, como en la época de Guillermo Moreno.
¿Se extenderá el cepo exportador a la carne más allá del 31 de diciembre?
Será todo un gran dilema para las nuevas autoridades la política exportadora en materia de carne vacuna, especialmente porque se prevé para 2024 -como consecuencia de la sequía- una caída de la oferta de terneros, que luego repercutirá en la producción de carne y posiblemente en los precios. ¿Mantendrá entonces el gobierno una regulación sobre las exportaciones?
Usted decida si creerlo: Bahillo desmintió que estén cerradas las exportaciones de carne
La fecha de 31 de diciembre que citamos no es antojadiza. Quien reimplantó el cepo de exportación a la carne vacuna fue Luis Basterra, pero quien refinó esos controles fue Julián Domínguez, a partir de enero de 2022. Desde entonces rigen dos tipos de regulaciones. Por un lado, está prohibida directamente la exportación de siete cortes considerados “populares”, entre los que están el asado, el matambre y el vacío. Por el otro, todos los meses (secretamente y en acuerdo con los frigoríficos exportadores), Agricultura distribuye los cupos de exportación de carne por empresa, y solo quedan afuera los cortes de vacas categoría D y E, que son las viejas, de descarte.
Ambas reglamentaciones tienen fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2023, por lo cual el nuevo presidente deberá enfrentarse con esta decisión inevitablemente.
¿Qué sucederá con los sospechosos fideicomisos para controlar los precios de los alimentos, que se han mostrado sumamente ineficaces?
También aquí hay fecha de vencimiento a fin de 2023, tanto para el Fideicomiso Aceitero (que para subsidiar el precio del aceite de consumo doméstico es financiado por la exportación de soja) como para el escandaloso FETA (fideicomiso triguero), que debía contener el precio mayorista de la harina y que actualmente recibe la recaudación de 2 puntos de las retenciones a los derivados de la soja. Es decir que el nuevo gobierno deberá pronunciarse.
El analista y ex funcionario Javier Preciado Patiño mostró, con un sencillo gráfico, que ha sido dispar el resultado de la estrategia aplicada por la Secretaría de Comercio Interior de Matías Tombolini, que finalmente son pagadas por los productores de soja. “Claramente el fideicomiso del trigo no funcionó. El pan francés aumentó 180% interanual. En la otra punta el aceite de girasol estuvo 81 puntos por debajo de la inflación acumulada”, sostuvo Javier desde la consultora RIA.
En el caso del fideicomiso aceitero, el gobierno renovó su continuidad por última vez a principios de noviembre, y hasta fin de 2023.
En el caso del FETA, que es mucho más cuestionable porque la inmensa mayoría de los molinos no reciben ese dinero y cerca del 70% de los recursos se canalizaron hacia una sola empresa, Molino Cañuelas, que está en convocatoria de acreedores con pasivos por 1.300 millones de dólares, el ministro Massa decidió su continuidad también hasta el 31 de diciembre y además le asignó dos puntos de las retenciones para financiarlo.
¿Qué política se aplicará para evitar el cierre masivo de los tambos?
Todos los análisis disponibles coinciden en que la lechería vive una crisis tan profunda como la de 2002, ya que los precios que cobran los tambos no llegan a cubrir los costos de producción. Por eso ya es visible un proceso de achicamiento del stock de vacas y de cierre de tambos, que repercutirá en la oferta de leche en 2024.
El ministro Massa, en medio de la campaña electoral, tomó dos decisiones de urgencia. Por un lado suspendió el cobro de retenciones a los lácteos (de 4,5% para los quesos y de 9% para la leche en polvo) hasta el 31 de diciembre de 2023, lo que permitió volcar algunos recursos a la cadena productiva. Lo primero que deberán resolver las nuevas autoridades es qué sucederá con eso, si se prolonga al primer trimestre de 2024 o si finalmente -como reclaman las provincias- esas retenciones se extinguen definitivamente.
Además Economía dispuso que hasta diciembre el Estado, a través del plan Impulso Tambero 2, pagará un subsidio directo a cada tambo de hasta 7.000 litros diarios, unos 4.500 en total. También en ese caso el paliativo tiene fecha de vencimiento con el año.
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