?Éramos pocos y llegó la casta?: El gremio Atilra rechazó la presencia de diputados antibloqueos en la sede central de Sancor
Tal como anticipó Bichos de Campo, un grupo de diputados del PRO realizó el viernes una visita a la sede central de Sancor, en la localidad de Sunchales, que es el epicentro de un extenso enfrentamiento entre la conducción de esa empresa y la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (Atilra). Esta etapa del
Tal como anticipó Bichos de Campo, un grupo de diputados del PRO realizó el viernes una visita a la sede central de Sancor, en la localidad de Sunchales, que es el epicentro de un extenso enfrentamiento entre la conducción de esa empresa y la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (Atilra). Esta etapa del conflicto arrancó en octubre y ha incluido bloqueos sindicales en las operaciones de la cooperativa.
La posición de los legisladores nacionales del PRO de Santa Fe, Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Gabriel Chumpitaz, ya la hemos contado: le pidieron a los trabajadores que no adhieren a un nuevo paro convocado por el gremio que denuncien a los sindicalistas que los intiman para que no trabajen. “Los bloqueos son ilegales”, repitieron hasta el cansancio.
La otra versión es la de los delegados de Sancor, que acusaron a los diputados anti-bloqueos de “amenazar y agredir” a los trabajadores que sí acatan la protesta, calificándolos de “delincuentes” y afirmando que “no van a parar hasta verlos en la cárcel”.
Atilra descalificó esta intervención y consideró a los diputados como parte de la famosa casta como “vulgares agitadores” que “hace poco se interesaron por el tema Sancor” y consideran que “un trabajador no puede discutir con un compañero intentando persuadirlo de plegarse a la medida porque esto supuestamente es un delito”.
Los delegados de Sancor también recordaron que los legisladores del PRO pertenecen al llamado movimiento empresarial anti bloqueo (MEAB), “cuya inscripción fue rechazada tanto por la Inspección General de Justicia como por la Sala I de la Cámara Civil, declarándose su objeto contrario al bien común por oponerse al derecho de huelga que es un derecho constitucional”.
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