Tomá mate: Es falso que haya ?desregulación? del negocio de la yerba y lo que realmente sucede es un ?viva la pepa? donde nadie sabe dónde queremos ir
Muchos medios de comunicación están informando que el gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha la tan mentada desregulación del negocio de la yerba mate y eso no es real. Lo que vive ahora el sector es un desmadre, que es fruto de la histórica controversia entre quienes quieren se intervenga en la determinación
Muchos medios de comunicación están informando que el gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha la tan mentada desregulación del negocio de la yerba mate y eso no es real. Lo que vive ahora el sector es un desmadre, que es fruto de la histórica controversia entre quienes quieren se intervenga en la determinación de un precio de referencia para el productor y quienes quieren que sea el mercado el que ajuste. En el medio, el propio gobierno libertario parece no saber finalmente qué quiere hacer. Porque no hace nada.
Los que defienden la intervención estatal, recordando que en la década de los 90 desaparecieron miles de productores cuando Carlos Menem y Domingo Cavallo desregularon toda la economía, se basan en que el Instituto Nacional de la yerba Mate (INYM) está más vigente que nunca y debe cumplir con su función esencial para la que fue creado: determinar valores de referencia en defensa de los 12 mil colonos misioneros que todavía quedan en pie.
Es lo que nos explica en esta nota el correntino Nelson Dalcolmo, que es director por la Producción en el INYM por la provincia de Corrientes.
Desde 2002, como fruto de la Ley Ley 25.564, ese instituto mixto (conformado por los estados nacional, provinciales y también por el sector privado), debe fijar precios de consenso para las dos primeras etapas de la cadena yerbatera: la hoja verde que entrega el productor a los secaderos y la yerba canchada que producen estos, antes de enviarla a los molinos. Así ha sido siempre en los últimos 22 años. Todos los años el INYM debe sentar a todos sus directores y determinar un precio. Y si no hubiera acuerdo, el que debe “laudar” ese valor (en base a un cálculo de costos elaborado por el INTA) es el secretario de Agricultura de la Nación, y esos precios deben renovarse dos veces al año, en abril y en octubre de cada año.
¿Qué pasa ahora? ¿Por qué algunos hablan de una desregulación del mercado? Porque ha llegado el mes de abril y no hubo ni reunión del INYM para determinar los valores ni existe un laudo del secretario Fernando Vilella, que en esta discusión -como en muchas otras- parece estar pintado: tanto que en febrero anunció la designación de un nuevo presidente para el Instituto Yerbatero, el agrónomo misionero Daniel Notta, pero nunca pudo nombrarlo porque desde la provincia de Misiones se lo objetaron. Notta era un hombre que provenía de las filas del ex gobernador Ramón Puerta.
Sin presidente desde entonces, los sectores de la producción en el directorio del INYM intentaron realizar una sesión de precios en febrero pasado, pero sin éxito. Los sectores más vinculados a la demanda argumentaron que no había presidente y que por lo tanto no podían sesionar. Vilella, como se dijo, está pintado, es un fantasma en esta discusión. De hecho, en las últimas negociaciones de la Nación con el sector yerbatero fue desplazado por Juan Pazos, el secretario de Industria y amigo personal del ministro Luis Caputo.
Entonces, más que una desregulación, lo que sucede ahora es que dejó de tener vigencia el último precio de referencia para la materia prima que estaba vigente: lo fijó el ex secretario de Agricultura de Sergio Massa, Juan José Bahillo, en octubre de 2023. Para el periodo que iba del 1 de marzo al 1 de abril era de 250 pesos para el kilo de hoja verde y 950 pesos para el kilo de yerba canchada.
No hay desregulación ni nada por el estilo. Lo que sucede aquí es un desmadre del INYM, que es avalado secretamente por el gobierno nacional, y que acciona por omisión: no se fijan nuevos precios y entonces da la sensación de que todo se libera.
El gobierno de Milei intentó una desregulación en el DNU 70/2024, que en unos de sus capítulos proponía limitar el alcance de las funciones del INYM, excluyendo la fundamental que era la fijación de precios: “Resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate, previsto en la Ley 25.564, que lo equipare con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo, replicando así el exitoso modelo de la industria del vino que ha logrado una mayor inserción internacional”, decía la norma redactada por el economista Federico Sturzenegger.
No se sabe a ciencia cierta si ese DNU, que como todos saben fue rechazado por la abrumadora mayoría del Senado, tiene plena vigencia. Por un lado está quienes argumentan que sus definiciones rigen hasta tanto la Cámara de Diputados no se exprese votando en igual sentido que la Cámara Alta, rechazando el DNU. Esto le daría razones al gobierno federal para no cumplir con su obligación de dictar un laudo.
Pero por otro lado, ese mismo DNU -en su capítulo yerbatero- recibió a principios de enero un duro revés en la Justicia, cuando al jueza misionera Adriana Fiori aceptó un amparo presentado por sectores vinculados a la producción de yerba mate en defensa de la regulación. “Es evidente que se ha diseñado una estrategia que implica una auténtica estafa institucional”, consideró entonces la magistrada, que con su fallo defiende el rol del INYM y reimplanta la obligación de fijar precios.
¿Quién tiene razón en esta discusión? Parece ser lo de menos. Los molinos que deben salir a comprar la hoja verde y la yerba canchada están en el mejor de los mundos, su escenario más deseado, porque la pretendida “desregulación” del mercado ya no les determina un precio piso a pagar por la materia prima, pero a la vez el gobierno libertario ha desarmado todos los programas de control de precios “cuidados” al consumidor, que además les imponían un techo a los valores de venta de su mercadería al consumidor.
Pero es esperable una reacción de la cadena de producción -fragmentada y desorganizada- en defensa de las atribuciones del INYM, por un lado con la presión sobre la Cámara de Diputados para que ratifique el rechazo legislativo al decreto desregulador de Milei. Si ese fuera el escenario, el INYM recuperaría el pleno de sus funciones y más de un funcionario -empezando por el secretario de Agricultura- quedaría en un off sida, a punto caramelo para ser denunciado por incumplimiento de sus deberes. Vilella es tan endeble en esta discusión que hasta el INYM sigue acéfalo.
La otra alternativa que se analiza en territorio misionero -donde está la mayor proporción de pequeños productores yerbateros y de dónde proviene el 80% de la producción- es resignarse en la defensa del Instituto Nacional y crear nuevas regulaciones equivalentes de carácter provincial. Para esto se espera el inicio del periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura misionera, y sobre todo la definición de Carlos Rovira, el ex gobernador y actual presidente del cuerpo legislativo, finalmente el hombre fuerte del peronismo misionero.
Por lo pronto, aunque sin definiciones, a principios de marzo hubo una reunión entre el gobernador Hugo Passalacqua, y representantes del sector de la Producción en el INYM, donde se elogió el rol de ese instituto pero se esquivaron las definiciones.
Los productores misioneros no parecen demasiado urgidos a dar la discusión por una sencilla razón: desde hace rato, pero sobre todo debido a la gran sequía del año pasado, que recortó fuerte la producción de hoja verde, los valores de referencia fijados por el INYM son cada vez más “testimoniales”, pues han quedado retrasados respecto de los valores reales pagados por el mercado. De hecho, en algunas zonas yerbateras se están pagando hasta 370 pesos por kilo de hoja verde, muy por encima de los 250 pesos fijados por el último laudo..
Por todos estos motivos la “desregulación” tan mentada es, por ahora, el “anhelo” de unos y un “fantasma” para otros. En medio, como casi siempre, está la realidad, signada por la deserción de un debate público saludable que permita resolver los problemas de fondo que tenemos los argentinos.
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