Tomando a Pergamino como objeto de estudio, un trabajo de FAUBA mostró que la Ley de gestión de envases vacíos de fitosanitarios se cumple “a medias”
A ocho años de su sanción, un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) se propuso analizar el grado de cumplimiento que tiene la Ley 27.279, que establece los presupuestos mínimos para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, entiendo que estos pueden ser perjudiciales para la salud y el ambiente
A ocho años de su sanción, un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) se propuso analizar el grado de cumplimiento que tiene la Ley 27.279, que establece los presupuestos mínimos para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, entiendo que estos pueden ser perjudiciales para la salud y el ambiente en caso de no ser manipulados conforme lo estipula la normativa. La conclusión, por desgracia, mostró una adhesión “a medias”.
El trabajo, que fue difundido por la agencia Sobre La Tierra, tomó como caso testigo al partido de Pergamino, en plena zona agrícola de Buenos Aires, y se focalizó en la gestión de envases vacíos de agroquímicos en Maguire, Fontezuela y Juan Anchorena, a través de la mirada de los actores involucrados en el tema.
“La Ley 27.279 propone un marco para gestionar de forma diferenciada los envases de agroquímicos, ya que reconoce la peligrosidad del producto que contienen. La normativa establece que las empresas que colocan el producto en el mercado tienen la responsabilidad de financiar y adherirse al sistema de gestión especial. Además, clarifica las responsabilidades del resto de los actores vinculados a los agroquímicos”, explicó Sofía Bayley, reciente egresada de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA.
“Una vez que se vacía el bidón de 20 litros en la pulverizadora, hay que hacer un triple lavado con agua limpia a presión y usar elementos de protección. El agua del lavado se debe tirar también en la pulverizadora. El envase enjuagado se puede almacenar en el campo hasta un año bajo techo. Finalmente, el productor tiene que transportarlo en cualquier vehículo hacia el Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) más cercano. En esos lugares se clasifican para reinsertarse en la industria o para incinerarse en condiciones controladas”, añadió la licenciada.
A través de más de 20 entrevistas en territorio, se analizó la aplicación de la ley entre productores, aplicadores, contratistas y comerciales, así como su fomento de la mano de profesionales de INTA, universidades, trabajadores de la municipalidad y hasta grupos ambientalistas.
“En términos generales, el cumplimiento del marco legal es parcial. Hay aspectos que se están haciendo bien y otros que no. En cuanto a lo positivo, el sistema de gestión funciona. Hoy hay más de 30 CAT en la provincia que cada vez recuperan más plástico. En Pergamino hay uno y se están abriendo más nodos logísticos que reciben envases y facilitan el transporte posterior a los CAT. Las empresas están financiando este sistema y se les cobran multas cuando no lo hacen”, indicó Bayley.
Sin embargo, el trabajo mostró que todavía se realizan prácticas inadecuadas con los envases, como quemarlos, enterrarlos, abandonarlos en el campo o incluso comercializarlos de manera informal.
“También se los usa para almacenar nafta o para darle de comer a los animales. El triple lavado no siempre se hace bien, ya sea por desconocimiento o por la falta de agua limpia”, indentificó la licenciada.
En cuanto a las apreciaciones sobre la Ley, el estudio mostró una gran diversidad de opiniones.
“Hay quienes creen que tienen que ser recompensados o incentivados para llevar los envases al CAT. Hay quienes dicen que como casi no hay control, no ven la necesidad de cumplir. Uno de los factores que más me llamó la atención fue que distintos actores no consideraban a los envases de agroquímicos como residuos peligrosos y otros desconocían la Ley”, sostuvo Bayley.
Javier Souza Casadinho, docente de la cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la FAUBA y director del trabajo de Bayley, reconoció su preocupación por el cumplimiento parcial de la Ley dada la cantidad y la peligrosidad de los envases.
“Para promover que se cumpla más, hay que mejorar la difusión y capacitar y sensibilizar a los actores involucrados; en particular, a los productores y a los decisores de cada localidad. Sería útil habilitar más CAT o más nodos logísticos para facilitar la entrega de bidones, y que las empresas de agroquímicos asuman una responsabilidad mayor en el retiro de los envases de los campos”, señaló Casadinho.
Entre las conclusiones, la licenciada mostró que las personas consideran necesaria la ley cuando reconocen que ofrece beneficios para el ambiente y la salud, además de herramientas para abordar tensiones que existen entre los intereses productivos y de protección ambiental.
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