Las cuatro entidades del campo junto a la Federación de Acopiadores le enviaron una carta al gobernador de Santa Fe para alertar sobre la situación que se vive en el Río Paraná.

La Federación de Acopiadores difundió este viernes por la tarde una carta que envió, junto a las entidades que integran la Mesa de Enlace, al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, solicitándole su “urgente intervención” para frenar el cobro de “peajes” en los municipios del Gran Rosario donde funcionan los puertos a donde viajan los camiones a descargar granos.

Recientemente, los acopiadores enviaron cartas documento a nueve comunas ubicadas a la vera del Río Paraná que, según sus cálculos, se llevan $ 25.000 millones al año, sin siquiera retribuir los pagos con obras viales mínimas, ya que la mayoría de los caminos están en muy mal estado y son de tierra.

Por eso, “los abajo firmantes nos dirigimos a usted a fin de solicitarle respetuosamente su urgente intervención ante los abusivos peajes disfrazados de tasas viales que cobran diversos municipios de la jurisdicción provincial, para permitir el acceso a los puertos situados sobre el Río Paraná”, indicaron los acopiadores junto a CRA, la Sociedad Rural, Coninagro y la Federación Agraria.

En este marco, le piden que, “ante la gravedad del problema, ejerza las atribuciones y deberes que la Constitución Provincial le asigna como Jefe de la Hacienda Pública, e instrumente los mecanismos previstos en los Art. 62 y 72 Inc. 19 de dicha Carta Magna”.

PREOCUPACIÓN POR LOS “PEAJES”

Las entidades fundamentaron este reclamo en “la preocupación que representa la confesión de muchos intendentes que la perciben, respecto a que tales gabelas abonadas por todos los productores rurales de la República Argentina, tienen como destino, en gran parte, las rentas generales de un pequeño grupo de comunas desinteresadas absolutamente del mantenimiento vial de sus calles internas”.

“También preocupa leer en periódicos locales la férrea oposición de estos alcaldes a que una autoridad superior solucione el problema del tráfico pesado, procurando exclusivamente resguardar una voluminosa recaudación percibida por tal concepto, sin informar y sin rendir cuentas sobre el destino apto y eficaz que se impone aplicar por Ley, a dicho dinero colectado”, continuaron.

Y añadieron: “Fundado en tales extremos y como damnificados directos de estas claras confiscaciones municipales santafesinas, acudimos a Ud. para que ponga fin a esta realidad impositiva local, desproporcionada e irrazonable, que atenta en forma decidida contra la producción granaria argentina”.

Para los reclamantes, Pullaro “debe impedir posibles vulneraciones a la Carta Orgánica de Municipalidades NO 2756 y modificatorias, ante la exposición que gran parte de lo recibido por esas ‘tasas’ están dirigidas a rentas generales, mediante probables ‘vías de hecho administrativas de las intendencias, impidiendo —de no obrarse el tributo- toda descarga de cereales en las distintas terminales portuarias”.

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“Nuestra solicitud, por lo tanto, excede el propósito de un mero rédito económico individual o de un planteo de ‘conveniencia comercial’, sino de requerirle la vigencia de un estado de derecho provincial, que ponga coto a estos excesos insuperables de las autoridades locales de menor rango”, ampliaron.

Por último, consideraron que “debe resolverse esta cuestión que atenta contra el comercio agroindustrial en su conjunto, y marca un vallado insuperable a la operatividad de las Cláusulas Constitucionales que nos rigen, ya que lo cobrado por cada camión que circula, lejos de configurar una tasa vial, constituiría una evidente barrera aduanera interna que no puede ser convalidada por el Señor Gobernador”.