Ruralistas de la Patagonia reclamaron por el fin del Fondo Ovino, con duras críticas al Gobierno
Para entidades de Santa Cruz, Chubut y Río Negro, donde están más de la mitad de los ovinos del país, derogar esta herramienta es “un pecado” y “denota el típico desconocimiento del centralismo”.
En un comunicado titulado “La Patagonia necesita imperiosamente de la Ley Ovina”, las Federaciones de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas, de Rurales de Chubut y de Sociedades Rurales de Río Negro, formularon un duro reclamo contra la decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO).
El documento fue compartido, además, por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) –a la que pertenecen las Federaciones patagónicas– lo que implica que esta entidad, que forma parte de la Mesa de Enlace, adhiere a su contenido.
En primer término, las Rurales del sur consideraron un error poner al Fondo Ovino “en la bolsa de los fideicomisos supuestamente truchos” y señalaron que su derogación “termina siendo una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de la producción patagónica”.
Desde el punto de vista de estas Federaciones, en los 20 años que estuvo vigente “ha sido una herramienta formidable para en el crecimiento y la formalidad de las majadas, para la mejora genética y de infraestructura, siendo una actividad de alto involucramiento social y familiar, natural y netamente renovable”.
FONDO OVINO: “SU DEROGACIÓN ES UN PECADO”
Por eso, opinaron que “definitivamente, su derogación es un pecado que, de no corregirse, puede acarrear efectos devastadores en la actividad”.
En este punto, apuntaron con dureza contra la Casa Rosada al acusar que “la justificación actual para archivar esta ley y hacer desaparecer su financiamiento, denota el típico desconocimiento del centralismo, que no tiene la capacidad de ingresar minuciosamente a los territorios profundos para ver cómo una excelente herramienta pudo transformar y hacer crecer la actividad ovina en el país”.
Y si bien reconocieron que “todo puede mejorarse”, negaron que haya habido falta de transparencia como justificó el vocero presidencial, manuel Adorni.
“El mecanismo que imprimía esta Ley era transparente”, subrayaron, y enumeraron los pasos que había que seguir y que confirman que todo se hacía de buena fe.
- Cada provincia contaba con una coordinación provincial y una UEP (Unidad Ejecutora Provincial) integrada por organismos técnicos, estamentos oficiales y productores.
- Los proyectos presentados debían ser realizados por profesionales habilitados.
- Se realizaba una evaluación técnica, legal y administrativa.
- Los fondos aprobados eran abonados directamente al proveedor del insumo que corresponda, sean estas compras de animales o infraestructura.
- Anualmente se realizaban informes de gestión por los proyectos aprobados y rendidos.
LA PATAGONIA, UNA REGIÓN CLAVE PARA LOS OVINOS
Para las Federaciones que forman parte de CRA, también “resulta obligatorio poner la producción ovina en contexto: la política económica de los últimos años produjo la descapitalización del sector y la falta de rentabilidad”.
En este marco, recordaron también que la decisión de derogar el Fondo Ovino llega además en medio de una crisis climática casi sin precedentes, luego de nevadas históricas que produjeron fuertes perjuicios en la producción ganadera patagónica.
El dato es que, además, la producción ovina en el sur del país es fundamental para el desarrollo: la Patagonia produce el 72% de la lana total del país y de la cual el 90% de su producción es lana fina; posee el 58% de las existencias con casi 7 millones de ovinos; y representa el 33 % del Territorio nacional.
“Sin producción ovina no hay ocupación territorial; los montos destinados a Patagonia en el último año fueron de $ 302 millones, lo que significa $ 33.000 por productor o $ 45 por animal, y el 90 % de los proyectos aprobados y pagados son préstamos y por lo tanto con devolución, no son subsidios”, continuaron con las críticas.
Por eso, pidieron de manera imperiosa poder tener un encuentro con las autoridades nacionales para que entiendan la trascendencia de volver a poner en funcionamiento la Ley Ovina.
“Estamos de acuerdo en buscar mejores mecanismos de apoyo a la producción, estamos de acuerdo en trabajar en forma conjunta el sector público y privado para darle sustentabilidad a la producción ovina, para posicionarla como la cuarta carne de la cadena argentina, mientras la industria de la lana se repotencie en la Patagonia, su lugar natural. Pero no compartimos y seguiremos bregando al respecto, en eliminar un fondo tan determinante con argumentos que no se condicen con la realidad”, concluyeron.
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