El gobierno de Javier Milei tiene entra manos el lanzamiento de licitaciones para concesionar más de 9000 kilómetros de rutas nacionales y autopistas, pero sin un plan de obras nuevas que promueva la competitividad del sector agroindustrial. Las obras previstas abarcan trece corredores que actualmente están administrados por el Estado a través de la empresa

El gobierno de Javier Milei tiene entra manos el lanzamiento de licitaciones para concesionar más de 9000 kilómetros de rutas nacionales y autopistas, pero sin un plan de obras nuevas que promueva la competitividad del sector agroindustrial.

Las obras previstas abarcan trece corredores que actualmente están administrados por el Estado a través de la empresa pública Corredores Viales S.A. y por la empresa Caminos del Río Uruguay S.A. (con concreto próximo a expirar), además de tramos nuevos sin adjudicar.

El llamado a licitación se desarrollará en dos etapas. La primera, está integrada por el tramo oriental, que comprende las rutas nacionales 12 y 14, y la conexión Rosario-Victoria. La convocatoria se lanzará en diciembre de 2024, con adjudicación prevista para abril de 2025. La segunda, compuesta por algunas de las principales rutas nacionales del país, se licitará en febrero de 2025 para realizar las adjudicaciones en julio de ese mismo año.

El nuevo sistema, según indicó el gobierno nacional, será una “concesión autosustentable” en la cual la empresa concesionaria no deberá abonar ningún canon al Estado nacional, ni este último aportará ningún concepto como subsidio. “Esto permitirá que la concesión se solvente exclusivamente con la recaudación por el pago de peaje”, se informó.

Al momento de adjudicar, se elegirá la empresa que ofrezca la menor tarifa al usuario. “Este nuevo sistema permitirá la participación de actores tanto del sector de la construcción vial como de otros sectores privados para garantizar mayor transparencia y competencia, logrando así mejores resultados para los usuarios”, señaló el comunicado oficial.

Una vez adjudicado el tramo a la empresa concesionaria, las tarifas vigentes al momento de la adjudicación regirán hasta que la empresa asegure las condiciones óptimas de transitabilidad, luego de lo cual podrá aplicar las nuevas tarifas de concesión. “Estas condiciones incluyen: bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical, al igual que iluminación”, apuntó.

El control de la concesión estarán a cargo Vialidad Nacional como ente rector. En cada pliego de licitación se establecerá una tarifa máxima que las concesionarias podrán cobrar en concepto de peaje. Los cuadros tarifarios se actualizarán trimestralmente según fórmulas prefijadas que contemplan diversos índices del Indec.

Las concesiones se harán con la meta de gestionar la infraestructura vigente, mientras que, por el momento, no existen novedades en lo que respecta a inversiones en nuevas autopistas de doble día que permitan agilar el transporte de productos agroindustriales y evitar accidentes y muertes viales.

El último gran programa vial fue diseñado durante la presidencia de Mauricio Macri, que contemplaba la construcción de miles de kilómetros de autopistas en el marco del sistema de Participación Público-Privado (PPP). Pero el plan terminó naufragando a causa de la crisis económica que comenzóa  gestarse a partir de 2018.

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