“Trabajamos para coordinar una estrategia que permita a los sectores damnificados presentar los recursos judiciales que correspondan”, señalaron desde la Gobernación. Además, se aprobó una ley por la que podría imponer una barrera sanitaria propia.

Santa Cruz se convirtió en las últimas horas en el principal bastión de resistencia de la Patagonia contra el Gobierno nacional, a raíz de la decisión que tomó este último de flexibilizar definitivamente el ingreso de carne con hueso hacia esa región, proveniente de las zonas libres de aftosa con vacunación ubicadas al norte del Río Colorado.

Esto quedó patente en dos hechos ocurridos durante el martes y el miércoles: la sanción de una ley por la que esta provincia podría establecer su propia barrera sanitaria, y la decisión de avanzar por la vía judicial si no encuentran respuestas a sus reclamos a nivel político.

Esta última posibilidad fue admitida por la ministra de Producción, Comercio e Industria santacruceña, Nadia Ricci, tras participar de una reunión interprovincial con autoridades de los otros gobiernos patagónicos, para analizar el impacto de la nueva resolución que dio a conocer esta semana el Senasa.

BARRERA SANITARIA: ¿SE ACTIVA LA VÍA JUDICIAL?

Según informó la gobernación de Santa Cruz, uno de los ejes del debate fue la necesidad de articular esfuerzos con el sector privado para promover las acciones judiciales necesarias.

“Si bien desde el Gobierno Provincial no podemos presentar un amparo, sí trabajamos para coordinar una estrategia que permita a los sectores damnificados -productores, frigoríficos, asociaciones- presentar los recursos judiciales que correspondan”, subrayó Ricci.

Y amplió: “La sinergia entre lo público y lo privado es clave para que prevalezca el interés general ante decisiones unilaterales que nos perjudican como región productiva”.

Previo a esas declaraciones, junto al secretario de Estado de Comercio, Paulo Lunzevich; y al presidente del Consejo Agrario Provincial, Adrián Suárez; participó de un espacio de análisis técnico y político sobre las implicancias de la Resolución 460 de la Secretaría de Agricultura de la Nación y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que habilita el ingreso de carne con hueso plano a la región libre de fiebre aftosa sin vacunación.

Durante el encuentro -del que también formaron parte representantes ministeriales de Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut, Neuquén y del Consejo Agrario Provincial-, se expusieron las preocupaciones compartidas por las provincias del sur ante el riesgo que esta medida podría generar sobre el estatus sanitario diferencial que caracteriza a la Patagonia, construido tras décadas de esfuerzo articulado entre el sector público y privado.

“El ingreso de carne proveniente de zonas con vacunación puede poner en riesgo el posicionamiento que logramos construir durante décadas. Hablamos de mercados altamente exigentes, como la Unión Europea, Japón o Australia, donde las condiciones de ingreso son estrictas y cualquier alteración del estatus sanitario puede significar una pérdida significativa para la producción ovina regional”, explicó Lunzevich.

En ese sentido, antes de la vía judicial, se acordó avanzar con la elaboración de un documento técnico-político que será remitido a la Secretaría de Agricultura y al Senasa, solicitando precisiones sobre los alcances reales de la norma y exigiendo garantías de que no se verá comprometida la continuidad de los mercados internacionales con la región patagónica.

“No hay que manipular políticamente con la aftosa: hay que erradicarla definitivamente del país”

A su vez, se solicitó al Gobierno Nacional que comparta de forma oficial las respuestas de organismos internacionales como la Unión Europea y Chile respecto a esta normativa.

“Hasta ahora no hemos recibido documentación que confirme que no habrá impacto en los mercados de exportación. Es fundamental contar con esa información para tomar decisiones con responsabilidad y resguardar los intereses de la provincia”, agregó.

Para las autoridades de Santa Cruz, un problema es precisamente que consideran que la nueva resolución es ambigua, ya que, si bien menciona explícitamente la carne vacuna con hueso plano, no aclara el tratamiento para otras carnes, lo que genera incertidumbre y posibles interpretaciones que podrían agravar el impacto en la cadena productiva regional.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Gobierno de Santa Cruz (@santacruz.ar)

Finalmente, el secretario de Comercio remarcó que el supuesto beneficio de un “asado más barato” no compensa el riesgo que enfrenta una economía regional construida sobre bases sanitarias diferenciales.

“En el caso de Santa Cruz, por la distancia con los centros de abastecimiento, la baja en origen podría diluirse por el impacto del flete. Estamos hablando de decisiones que comprometen años de trabajo, posicionamiento y apertura de mercados. Como provincia, vamos a defender con firmeza ese camino”, concluyó.

UNA BARRERA SANITARIA PROVINCIAL

Por otro lado, por unanimidad, en las últimas horas la Legislatura santacruceña levantó las manos a favor de un proyecto de ley del diputado Mario Piero Boffi que podría aumentar aún más el conflicto, ya que abre las puertas a que esta provincia imponga una barrera sanitaria propia.

En concreto, la ley que ahora debe promulgar el Ejecutivo genera un “marco legal para garantizar el control fitosanitario del ingreso de productos agropecuarios a la provincia de Santa Cruz, con el fin de preservar el estatus sanitario y ambiental del territorio provincial”.

Su objetivo, en este conxtexto, es “disponer de las medidas necesarias que crea pertinentes para controlar, impedir o restringir el ingreso a la provincia de animales en pie, carnes, frutas, hortalizas, productos y subproductos agropecuarios y forestales, así como cualquier otro bien susceptible de representar un riesgo fitosanitario, cuando estos no acrediten condiciones de inocuidad y certificación sanitaria compatibles con los estándares ingentes en la provincial”.

La norma también permite que Santa Cruz comience controles preventivos propios en los puntos de ingreso terrestre, aéreo o marítimo, así como también podría establecer puestos sanitarios permanentes o móviles en coordinación con fuerzas de seguridad o aduaneras.

Si esto avanza, es posible que se presente un conflicto jurisdiccional, en relación de hasta dónde las provincias tienen autonomía para decidir cuestiones como estas, lo que sumaría un round más a una pelea con el Gobierno nacional que ya viene bastante caldeada.