Ante ciertos comentarios agraviantes sufridos, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires se ve en la obligación de aclarar nuevamente su postura favorable en relación a las castraciones masivas, gratuitas y obligatorias como una de las herramientas para alcanzar el equilibrio de la población de perros y gatos en el territorio bonaerense.

Ante ciertos comentarios agraviantes sufridos, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires se ve en la obligación de aclarar nuevamente su postura favorable en relación a las castraciones masivas, gratuitas y obligatorias como una de las herramientas para alcanzar el equilibrio de la población de perros y gatos en el territorio bonaerense.

Como profesionales del área veterinaria, para la institución representa una obligación poder garantizar el bienestar animal, evitar el maltrato y preservar la salud de la ciudadanía, algo que sólo puede lograrse en la medida que ciertas prácticas, como las castraciones, se ajusten a la normativa vigente. Es por eso que, ante ciertos comentarios agraviantes sufridos, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires se ve en la obligación de aclarar nuevamente su postura favorable en relación a las castraciones masivas, gratuitas y obligatorias como una de las herramientas para alcanzar el equilibrio de la población de perros y gatos en el territorio bonaerense.

Aunque sea poco creíble, en distintos puntos de la provincia, algunas organizaciones promueven esterilizaciones masivas en espacios no habilitados para tal fin, como lo son escuelas, centros de jubilados, sociedades de fomento, entre otros, exponiendo a la sociedad a un incomprensible riesgo sanitario.
De esta manera, estos escenarios ilegales resultan propicios para la proliferación de zoonosis, es decir, de enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre por contagio con el animal. Esto puede producirse, entre otros factores, a través de algún fluido corporal como orina o saliva, residuos patológicos o mediante la presencia de algún intermediario como pueden ser los mosquitos u otros insectos.
Por este y otros motivos, la ley 13.879 estableció que las castraciones quirúrgicas masivas deben desarrollarse en centros de zoonosis y/o antirrábicos municipales y provinciales. Además, el artículo 1 de la ley 10.526 dispone que “todo establecimiento donde se ejerce la medicina veterinaria, deberá hallarse previamente habilitado”. En concordancia, el decreto 154/89 – reglamentario de la ley 10.526- establece que los quirófanos deben reunir las condiciones edilicias, de equipamiento y funcionamiento establecidos en la Resolución N° 188/89 del Ministerio de Agroindustria, debiendo ser previamente habilitados por dicha Entidad.

El problema no sólo radica en que está en juego la salud humana, sino también el bienestar animal y maltrato animal. Los caninos y felinos castrados en estos lugares no habilitados no suelen contar con un control pre-quirúrgico que determine si se encuentran en condiciones de ser intervenidos o no, ni mucho menos con el seguimiento postquirúrgico adecuado hasta el alta quirúrgica. Asimismo, ningún profesional se hace responsable ante posibles complicaciones, quedando tanto el animal como el propietario en completo estado de desatención, en clara infracción a la ley 14.346. También se debe mencionar que en muchos casos los que realizan las intervenciones no son médicos veterinarios; y en caso de serlo y tener matricula del Colegio, los profesionales identificados son sancionados.
Por otro lado, no se adopta el mismo criterio que los centros de esterilización municipales de solicitar la vacunación de rabia vigente en el momento del acto quirúrgico. Ni siquiera, se exige que luego de finalizada la intervención, el animal se retire vacunado contra esta importante zoonosis.

Por si fuera poco, conseguido de manera ilegal, a los animales suele suministrársele el anestésico Ketamina, cuando la resolución de SENASA Nº 812/11 obliga a adquirirlo mediante certificados que se obtienen en forma gratuita en el Colegio de Veterinarios. Según lo establecido, la compra y el uso de dicha droga debe registrarse en un Libro de Actas, encontrándose tanto la compra como el uso supervisado y registrado por el Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria (SENASA), algo que por supuesto, no sucede en estas castraciones.
Al respecto, el Presidente del CVPBA, Dr. Osvaldo Rinaldi, dijo que “la gravedad de este accionar radica esencialmente en que se encuentra en juego la Salud Pública bonaerense. El Colegio de Veterinarios es una entidad de segundo grado, del estado provincial, de derecho público” en este sentido, agregó: “Conscientes del problema realizamos la gestión junto a las autoridades provinciales para la reglamentación y habilitación de quirófanos móviles y así cubrir la demanda de la sociedad. Además contamos con un cuerpo de inspectores honorarios del Ministerio de Agroindustria que trabajan para prevenir que se realicen castraciones en lugares no habilitados para este fin”.

Finalmente, desde el Colegio de Veterinarios instan a la población a no concurrir con sus caninos y felinos a campañas de esterilización masivas en lugares no habilitados, que deberían ser gratuitas, organizadas por entidades que dicen ser protectoras, ya que los mismos pueden no contar con las condiciones mínimas de bienestar animal y, peor aún, ser víctimas de maltrato animal.