En América del Sur, la expansión veloz de la agricultura y el crecimiento de las ciudades requieren de acciones urgentes para cuidar la naturaleza.  Una investigación de la UNSL, la UBA y el Conicet determinó que nuestro país, con un 2,3% de sus regiones ecológicas preservado, no llegará a cumplir las metas de conservación comprometidas

En América del Sur, la expansión veloz de la agricultura y el crecimiento de las ciudades requieren de acciones urgentes para cuidar la naturaleza. 

Una investigación de la UNSL, la UBA y el Conicet determinó que nuestro país, con un 2,3% de sus regiones ecológicas preservado, no llegará a cumplir las metas de conservación comprometidas para el año 2020.

Si bien el 7,1% de la superficie de esta parte de América está preservado dentro de áreas protegidas (AP), se sabe poco acerca de cuánto protege cada país, qué ecosistemas están incluidos en las AP y cuáles no. Esta inquietud llevó a los científicos a profundizar en el tema no sólo a escala continental, sino también en el estado puntual de la conservación en nuestro país.

Un estudio publicado en la revista PeerJ por profesionales del Conicet, de la Universidad de San Luis y de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) encontró que la proporción de áreas protegidas varía mucho entre los países sudamericanos, con la Argentina ubicada entre los tres que menos naturaleza conservan. Por otra parte, se detectó que poseemos un mal balance entre las condiciones naturales que protegemos y las que no, a pesar de los compromisos de conservación asumidos.

“En el ranking de países que elaboramos, la Argentina, con un 2,3% de su territorio dentro de áreas protegidas, está —de abajo para arriba— en la tercera peor posición, sólo arriba de Guyana y de Uruguay. Por el contrario, los primeros son Chile, con 18,3%, Venezuela, con un 15,2%, Colombia, con 11,8%, y Brasil, con 5,6%”, afirmó Germán Baldi, docente de la Especialización en Teledetección y GIS en la Escuela para Graduados de la Fauba, quien publicó el trabajo en coautoría con, entre otros, Marcos Texeira y Esteban Jobbágy, también docentes de esa Facultad.

Baldi aclaró que esos números reflejan la conservación de carácter estricto, ya que consideran a las AP cuyo objetivo es preservar la naturaleza, su fauna y su flora (categorías I a IV de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – IUCN). Si se analiza el conjunto de AP, incluyendo a las que permiten algún uso económico como la ganadería (categorías I a VI), la Argentina pasa a tener un 8.8% de su territorio conservado. Sin embargo, comparativamente es un valor muy bajo, ya que en ese ranking ocupamos el penúltimo puesto, arriba de Uruguay.

Por otra parte, Baldi, quien también es investigador del Conicet, resaltó que además de conocer la extensión que protege cada país, también es fundamental saber cuán equitativa es la distribución de las AP a lo largo de las distintas condiciones naturales, o ecorregiones. La extensión protegida y la mencionada equitatividad son las dos dimensiones más importantes de lo que se llama representatividad.

“La equitatividad es una medida que nos permite ver los desbalances. Chile, por ejemplo, tiene mucha superficie protegida, pero está entre los más desbalanceados de Sudamérica porque la mayoría de sus AP está en los bosques subantárticos”, explicó Germán.

En este sentido, advirtió que “nuestro país también está muy abajo en el ranking de la equitatividad. Protegemos bien la Patagonia andina y las selvas de Salta, Jujuy y Tucumán, pero muy poco los pastizales pampeanos y los bosques secos del centro-oeste del país. Nuestro balance es malo, y eso implica que no estamos cumpliendo con los compromisos asumidos”.

La Convención de Aichi 2010

Germán Baldi comentó a Sobre La Tierra que la Argentina y 194 países más firmaron en el 2010 el Convenio Sobre la Diversidad Biológica en Aichi, Japón. Uno de los objetivos suscriptos establece que al menos un 17% de áreas terrestres y un 10% de áreas oceánicas deben estar incluidos dentro de redes de AP para el 2020. Mientras tanto, otro de los objetivos estipula que esas redes deben ser ecológicamente equitativas.

Y agregó: “Si bien estas metas no tienen en cuenta las características o limitaciones propias de cada país ni incluyen lineamientos científicos para alcanzarlas, son fundamentales como un marco político global para la forma en que deberíamos proteger la naturaleza debido al valor intrínseco y no utilitario que posee”.

“Pasaron 9 años desde Aichi, y con nuestro actual 2,3% protegido (o inclusive el 8.8%) quedamos bastante lejos del 17% comprometido para el 2020. En realidad, cuando tengamos que reconocer que no cumplimos con la meta, no habrá consecuencias porque es no-vinculante. Por supuesto, a los países pequeños les conviene cumplir para ganar prestigio internacional y acceder a financiación, ya que sus economías están vinculadas a las de los países centrales”, dijo el investigador.

¿Dónde y por qué crear áreas protegidas?

Como parte de su estudio, Baldi también intentó comprender cuáles eran las motivaciones que impulsan a cada país a tener áreas protegidas. En el caso de la Argentina, las dos causas más importantes para establecer un AP son la densidad poblacional —donde hay población no hay áreas protegidas— y la distancia a las fronteras.

“La Argentina tiene casi todas sus áreas protegidas en áreas de frontera, lo cual habla más de intereses geopolíticos estratégicos a nivel nacional, como marcar límites o estar presentes en esos territorios, que de proteger una especie animal o vegetal. Obviamente que, de paso, es bienvenido que se proteja al yaguareté o a la ballena. Pero hay que tener claro que las motivaciones frecuentemente van más allá que cuidar la biodiversidad”, señaló Germán.

Por último, Baldi concluyó que “por eso, y un poco a contramano de la lógica de la conservación, las tendencias en el tiempo que detectamos en nuestro trabajo mostraron que los países sudamericanos no están necesariamente fortaleciendo la representatividad. Creemos que este balance entre las regiones ecológicas protegidas y no protegidas sólo va a resultar favorecido si marcha de la mano con intereses económicos basados en la provisión de bienes y servicios, incluyendo el turismo. Nuestro desafío, ahora, es analizar esto a escala global”.

Por: Pablo A. Roset, SLT – Fauba

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