Con el reciente dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda al “Aporte solidario y extraordinario”, el proyecto será tratado en el recinto el próximo mes, junto al Presupuesto Nacional. Pese al reclamo de la oposición, principalmente de diputados agro, los inmuebles rurales serían alcanzados por el nuevo gravamen.

Después de meses de rumores de pasillo, finalmente el oficialismo presentó el proyecto que impulsa un aporte solidario y extraordinario para hacer frente a los efectos de la pandemia, en Diputados, el pasado 28 de agosto.

Desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (FDT-CABA), se dio lugar a cinco reuniones en las cuales los legisladores intercambiaron sus opiniones al respecto. Si bien el oficialismo tomó algunos cambios propuestos por la oposición, como por ejemplo la retroactividad del impuesto (con fecha al 31 de diciembre del 2019), la oposición presentó un dictamen de minoría.

A las reuniones de comisión se había invitado a la titular del AFIP, Mercedes Marcó del Pont, para realizar un intercambio con los presentes, pero no se presentó y en su lugar envío un informe sobre estimaciones de alcance y recaudación del aporte.

Los cambios al proyecto y su alcance

Según el texto del dictamen, serán alcanzadas las personas humanas y sucesiones indivisas, por la totalidad de sus bienes, en el país y en el exterior, a la fecha de la promulgación de la ley -y no al 31 de diciembre 2019 como surgía originalmente-, valuados de acuerdo a la ley de bienes personales, igual o superior a 200 millones de pesos, sin tener en cuenta la exenciones que rigen en el impuesto a los Bienes Personales, como tampoco los mínimos no imponibles.

También se descartaron los aportes de los ciudadanos no residentes en el país y la posibilidad de que empresas multinacionales que actúen en el país paguen por las personas supuestamente dueñas.

Impacto en el sector agropecuario

El proyecto fue cuestionado ya que, al no considerar las exenciones que rigen en el impuesto a los Bienes Personales, la base imponible se determina considerando el total de los bienes, quedando incluidos los inmuebles rurales, con un gravamen entre el 2% y hasta el 3%.

El factor determinante será la fecha de incorporación al patrimonio, donde los inmuebles rurales adquiridos en los últimos años serán los más perjudicados, ya que deberán valuarse a su valor de adquisición o la valuación fiscal vigente, el valor mayor de ambos.

Durante el tratamiento del proyecto en comisión, referentes del sector agropecuario hicieron énfasis en la importancia de eximir a los inmuebles rurales y activos incorporados al proceso productivo (por ejemplo bienes de cambio, bienes de uso, etc).

El exministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Buryaile (UCR-Formosa) arremetió contra quienes presentaron la iniciativa y enfatizó que “están midiendo con la misma vara un tractor a una Ferrari, un campo a un piso en Puerto Madero; están gravando activos productivos en vez de la exteriorización de la riqueza”.

Por otro lado, quien también enarboló la bandera agropecuaria fue el diputado Pablo Torello (PRO-Buenos Aires), quien se refirió especialmente a la situación de las pymes agropecuarias, que, a pesar de que el oficialismo insiste en que no se van a ver alcanzadas, no será así y propuso mantener la exención sobre los inmuebles rurales y subir la base imponible de 200 millones a 600 millones de pesos.

Sobre la base de tributación también se expidió el diputado Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos) y dijo que, si bien para la gente de a pie puede representar una gran cantidad de dinero, 200 millones de pesos equivale a millón y medio de dólares, lo que puede ser superado ampliamente por pymes familiares provinciales que hoy están teniendo muchas pérdidas.

A pesar de los pedidos, el titular de la comisión, Carlos Heller (FDT-Buenos Aires) comentó que se modificaría la redacción del artículo que específica el alcance del proyecto para dejar en claro que “alcanza a personas humanas, sucesiones indivisas, residentes en país por sus bienes comprendidos y valuados de acuerdo a los términos en Art. 6 de ley 23.966 sobre impuesto a los bienes personales y sus modificatorias. Independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin reducción de mínimo no imponible alguno a la fecha de entrada en vigencia de la ley”. Es decir que, pese al tratamiento diferencial que reciben los inmuebles rurales estos quedarían comprendidos en el aporte solidario.

Construcción de escenarios: el debate en el recinto

El proyecto oficial fue aprobado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda por 27 votos afirmativos, de los cuales 25 fueron de miembros del Frente de Todos. También votaron a favor el diputado Paulo Cassinerio (Córdoba Federal-Córdoba), bloque que responde al gobernador Juan Schiaretti, y Diego Sartori (Fte. de la Concordia Misionero-Misiones). Por otro lado, Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría.

En este sentido, el proyecto estaría listo para ser tratado en el recinto de la Cámara Baja, aún sin fecha cierta, aunque el oficialismo espera tratarlo en forma conjunta con el Presupuesto Nacional hacia fines de octubre.

Por su parte, los jefes del Interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro a principios de mes habían solicitado a presidente de la cámara que las sesiones en las que se trate el impuesto a la riqueza y el Presupuesto 2021 sean presenciales.

Al ser un proyecto en materia tributaria, requiere de mayorías especiales. Es decir que el Frente de Todos necesitará 129 votos (la mitad más uno del total), lo que supera la cantidad de bancas con las que cuenta (117 en total).

Según fuentes parlamentarias, el oficialismo espera que en el recinto también voten favorablemente legisladores de Unidad Federal para el Desarrollo, Juntos por Río Negro y el monobloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN). También podrían votar a favor el bloque de Consenso Federal, dos diputados del Partido Justicialista (PJ) y los dos socialistas que forman parte del Interbloque Federal.