Una funcionaria de carrera del Poder Judicial que fue escalando posiciones hasta llegar a ganar en el Consejo de la Magistratura. Deberá definir si avanza el desalojo del Proyecto Artigas. PARANÁ (NAP). María Carolina...

Una funcionaria de carrera del Poder Judicial que fue escalando posiciones hasta llegar a ganar en el Consejo de la Magistratura. Deberá definir si avanza el desalojo del Proyecto Artigas.

PARANÁ (NAP). María Carolina Castagno fue designada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Entre Ríos como la jueza que tendrá a cargo analizar el caso Etchevehere y decidir si se avanza con el desalojo de los integrantes del Proyecto Artigas, que lidera Juan Grabois, del campo de Santa Elena.

Se trata de una funcionaria de carrera del Poder Judicial que fue escalando posiciones hasta llegar a ganar en el Consejo de la Magistratura el cargo que hoy detenta.

A Castagno no se le conocen “padrinos” ni “madrinas” dentro de la Justicia entrerriana, ni tampoco vínculos con la “familia judicial”, el entramado de relaciones de parentesco y conyugales que ata los distintos niveles de los juzgados locales.

Un artículo de Infobae detalla que quienes la han tratado durante los años que transita por los Tribunales (comenzó como secretaria interina en un Juzgado Correccional) definen a esta magistrada paranaense de 51 años, egresada como abogada y notaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Santa Fe, como estudiosa y muy trabajadora. En esa casa de altos estudios obtuvo también un posgrado en Derecho Penal.

La nota de Juan Bracco agrega que para sostener estas afirmaciones, ponen sobre la mesa que los distintos puestos que ocupó, tanto cuando fue fiscal y coordinadora fiscal como ahora que es magistrada, los ganó por derecho propio.

Consideran que a primera vista no es una jueza presionable por el contexto y los intereses cruzados que se palpan en la causa y que actuará en este expediente de la misma manera que lo ha venido haciendo hasta el momento: con un apego estricto y riguroso al texto de la ley, algo que muchas veces le ha generado críticas por el formalismo con el que emite sus sentencias y la falta de “calle” que transmite.

Su firmeza en la toma de decisiones le ha traído algunos contratiempos. En los pasillos de los Juzgados locales se cuenta insistentemente la anécdota de que llegó más tarde a ser fiscal coordinadora que otros en sus mismas condiciones por la vehemencia que puso en la investigación de una causa por corrupción que involucró en su momento a un legislador provincial.

Intervenciones judiciales

Dos de sus últimas intervenciones hablan del equilibrio con que trabaja. En la causa que investiga presuntos desvíos de fondos a través de contratos ficticios en la Legislatura provincial, bajó una fianza exorbitante de miles de millones de pesos que se había impuesto a los imputados por otra de apenas $190 mil.

La semana pasada, como parte de un Tribunal colegiado, rechazó un juicio abreviado que combinaba una sola pena de cumplimiento condicional y una multa a un ex diputado provincial por tres causa distintas: la amenaza a un periodista, violencia de género a una ministra del Poder Ejecutivo provincial y negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.

Abogados de la matrícula provincial, defensores oficiales y fiscales, valoran el contenido y la fuerza argumentativa que demuestra siempre en sus fallos, dado que es muy raro que deje cabos sueltos en sus escritos.

Católica practicante, no tuvo empacho en sostener en su entrevista para vocal del Tribunal ante el Consejo de la Magistratura provincial que, personalmente, estaba en contra del aborto. (Noticias AgroPecuarias)

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