El cepo también afecta a los productores que exportan ?la mejor carne del mundo?: Quejas al ministro Domínguez por sus promesas incumplidas
Se suponía que el régimen para regular las exportaciones de carne vacuna que puso en marcha el kirchnerismo a partir de abril de 2021 tenía cierta lógica: el gobierno prohibía que salgan del país los cortes populares que consumen los argentinos (como el asado o el vacío) pero facilitaba que el sector ganadero siguiera generando
Se suponía que el régimen para regular las exportaciones de carne vacuna que puso en marcha el kirchnerismo a partir de abril de 2021 tenía cierta lógica: el gobierno prohibía que salgan del país los cortes populares que consumen los argentinos (como el asado o el vacío) pero facilitaba que el sector ganadero siguiera generando divisas con los embarque de cortes “premium” (como el lomo o los cifes) que pueden venderse a gran precio en los mejores restaurantes del mundo o la carne de las vacas viejas con destino a China, que aquí tampoco tiene demanda. Es lo que prometió, al menos, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, desde que asumió.
El funcionario instauró un nuevo esquema a partir del 1 de enero, con una pretendida liberación de ese tipo de embarques. Pero con el correr de las semanas no solo se confirmó que las ventas de carne al extranjero siguen con cupo máximo (ahora de manera extraoficial, en unas 140 mil toneladas para el primer trimestre del año, según admitió el propio Domínguez), sino que además el ministro está incumpliendo otra promesa que realizó: solucionar la situación de los grupos de exportadores que se organizaban para vender al extranjero su propia carne por fuera de la estructura de la industria frigorífica.
Urien-Loza, o el mejor ejemplo que tiene para mostrar el negocio de la carne
La mejor prueba de ello es que la empresa Urien-Loza, considerada como una de las mejores exportadoras de cortes premium de la Argentina (no solo vende Cuota Hilton a Europa sino que ha llegado a colocar los mejores bifes argentinos de gran valor en otros mercados, como el circuito de hoteles internacionales de China), está teniendo problemas para obtener los permisos de exportación por parte de las autoridades de Agricultura.
Una carta dirigida por esa empresas al ministro Domínguez -cuya copia circula entre diversas fuentes del sector ganadero- plantea esta queja en buenos términos pero de manera contundente: afirma que tanto este grupo de productores como otros que funcionan en el mercado están impedidos de acceder a los permisos de exportación y pierden negocios en el extranjero, debido a que las reglas vigentes ponen la prioridad sobre la industria exportadora, nucleada sobre todo en el Consorcio ABC.
Es decir, Urien-Loza, una firma que instalaba los cortes más selectos de la ganadería argentina en lo más alto del podio del mercado internacional, no tiene ahora ni siquiera un acceso fluido a los permisos de exportación y depende desde hace meses de la buena voluntad de las plantas frigoríficas que le prestaban el servicio de faena, para que le cedan una parte de su tonelaje. Peor todavía, la firma -que opera en el negocio de exportación con el nombre de Malefu Agropecuaria- le comentó al ministro que ante la dificultad de poder planificar sus negocios de exportación no puede integrar la media res entre diferentes mercados, y por eso además está dejando de exportar los cotizados cortes que le adjudicaron de Cuota Hilton a Europa.
Esto se debe a que hasta diciembre pasado los cupos de exportación que distribuye la ex ONCCA (que responde a Agricultura) se repartían solamente entre los frigoríficos exportadores y no se había incorporado a los Grupos de Productores a ese mecanismo de distribución de los permisos.
Sucede a pesar de que el 3 de enero pasado, Domínguez firmó la Resolución 302, en la cual establecía la creación de un registro especial para las plantas nuevas y este tipo de grupos de productores. Los que quisieran exportar debían anotarse allí y al cabo de 60 días corridos (que ya transcurrieron) el gobierno se comprometía a resolver su situación.
Pero nada de eso sucedió y lo deja claro la carta de Urien-Loza a Domínguez: “Es necesario recordar que el volumen de exportación es otorgado únicamente a las Plantas Frigoríficas y no a los propios Grupos de Productores Exportadores. Es decir, el exportador depende 100% de la voluntad del frigorífico, para que este le ceda a su criterio, en tiempo y forma, la cuota parte que le corresponde por sus antecedentes de exportación”, describe una de las mejores exportadoras de cortes premuin.
Esto se debe a un pecado de origen en la implementación del cepo exportador que el gobierno de Alberto Fernández reimplantó a partir de mayo de 2021. Ese pecado original, que fue denunciado por Bichos de Campo desde el principio, puede deberse luego o a la improvisación de los funcionarios que redactaron la letra chica o bien a las complicidad de estos funcionarios con los sectores más concentrados del negocio de exportación de carne de la Argentina, los mencionados grandes frigoríficos nucleados en el Consorcio ABC.
Debe recordarse el origen del cepo cárnico: Alberto citó en su despacho a Mario Ravettino y otros empresarios de ese Consorcio y le anticipó que recortarían las exportaciones. Luego instruyó al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a implementar un sistema de cupos. El Consorcio ABC se reunió varias veces con este ministro y otros dos funcionarios de Agricultura que ofrecieron el “sustento técnico” para tomar las decisiones: uno era el ex vicepresidente del Senasa, el santacruceño Carlos Milicevic, ahora fuera del gobierno. El otros sigue manejando todavía los permisos de exportación (llamados DJEC) y no brinda información sobre las empresas beneficiadas. Se trata del nuevo director de la ex ONCCA y ex interventor en Vicentin, Luciano Zarich.
Como sea, ese trío acordó con el Consorcio ABC que los primeros cupos se distribuyeran entre 64 plantas frigoríficas por su número de habilitación sanitaria (es decir, por el registro de Senasa), dejando afuera del reparto a los exportadores de carne “sin planta”, que como Urien-Loza y otros muchos grupos de productores aportaban su propia hacienda, pagaban el servicio de faena en una planta alquilada y luego se dedicaban a la exportación de los cortes premiun o de alta calidad.
De ese modo, este tipo de operadores -además de las plantas nuevas que habían realizado inversiones para poder exportar pero no tenían antecedentes- se quedaron sin acceso a los cupos o dependían de la buena voluntad de las plantas frigoríficas donde venían faenando sus animales. Así, el negocio comenzó a concentrarse en menos manos. Ravettino acaba de informar que las plantas asociadas al Consorcio ABC concentraron el 28% de la faena total de bovinos el mes pasado. Cuando comenzó el manoseo oficial sobre el mercado, representaban el 25%.
Domínguez, que ingreso en septiembre al gobierno y trató de recomponer la relación con las entidades rurales, tomó el mando de la negociación por las carnes y prometió no solo desmantelar todo este complejo sistema de cupos (para mantener la prohibición de exportación solo sobre siete cortes de consumo popular), sino también resolver los reclamos de estos operadores que fueron intencionalmente marginados por Kulfas y compañía. Para eso creó el registro antes mencionado y también prometió dar forma a un “Observatorio de la Carne” que tampoco fue convocado por ahora. Su objetivo era verificar la marcha del negocio exportador con todo los sectores involucrados de la cadena.
Contra lo que estableció el ministro de Agricultura en una serie de decretos y resoluciones publicadas el 3 de enero, la situación es cada vez peor y más oscura. Ya ni siquiera rigen los cupos por empresa sino que a partir de mediados de enero se decidió a puertas cerradas aplicar un “acuerdo de autorregulación” entre los frigoríficos exportadores, que ni siquiera está normado y que implicaría imponer un tope de 160 mil toneladas a la exportación total de carne vacuna en el primer trimestre. Esto fue admitido por el propio Domínguez días atrás en una conferencia de prensa.
Mientras tanto, los grupos que producen los mejores novillos argentinos y se animan a dar el salto para exportar los cortes más selectos (con trazabilidad y garantías para los exigentes consumidores dispuestos a pagar 30 dólares por un bife argentino) siguen mendigando sus permisos para poder exportar.
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