Fiscales piden hasta 17 años de prisión para ex directivos de Vicentin y siete para el auditor que validó los balances truchos
Miguel Salvador Ernesto Moreno y Sebastián Rodrigo Narvaja, fiscales del Ministerio Público de la Acusación en el Área Económica de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Santa Fe, acusaron este jueves a ex directivos de la concursada Vicentin SAIC para solicitar penas de prisión de hasta 17 años. En la presentación realizada
Miguel Salvador Ernesto Moreno y Sebastián Rodrigo Narvaja, fiscales del Ministerio Público de la Acusación en el Área Económica de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Santa Fe, acusaron este jueves a ex directivos de la concursada Vicentin SAIC para solicitar penas de prisión de hasta 17 años.
En la presentación realizada por los fiscales rosarinos, que detalla y amplía las imputaciones formuladas en octubre de 2021 y mayo de 2023, también se solicitan penas a los síndicos del concurso de Vicentin y al auditor de la empresa KPMG que validó los balances previos a la cesación de pagos a pesar de que los mismos contenían enormes irregularidades.
La mayor pena solicitada, con 17 años de prisión, fue para Roberto Alejandro Gazze al atribuirle 49 hechos delictivos identificados, entre los cuales se incluyen estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta.
“Roberto Gazze, con posterioridad al anunció público de estrés financiero, cometió maniobras de disipación de activos. Se destacan las transferencias de cuantiosas sumas de dinero realizadas a bancos extranjeros, como así también las transferencias de acciones y la creación de empresas en cabeza de sus hijos, a los fines de encubrir su patrimonio y de esta manera eludir las consecuencias patrimoniales de los ilícitos investigados”, señala el extenso texto de la acusación que contiene más de 500 páginas.
Para Daniel Néstor Buyatti y Alberto Julián Macua los fiscales solicitaron una pena de 16 años, también por presunta estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta.
En el caso de Daniel Buyatti, dentro del periodo investigado (2017-2020) se detectó que, junto a su mujer Geraldín Vicentin, tenía a su nombre cuenta en Suiza. “Para el año 2020 esta contenía 450.000 dólares, monto que finalmente fue transferido a sus tres hijos, en concepto de donación, con el claro objetivo de eludir las consecuencias patrimoniales de los delitos cometidos”, indica el escrito. En lo que respecta a Macua, el documento menciona que ocupó el rol de jefe en la asociación ilícita “replicando el lugar jerárquico que tenía en la sociedad y por ello merece mayor reproche”.
Para Omar Adolfo Scarel se requirieron 14 años de prisión al considerar que en el hecho de asociación ilícita ocupó el rol de jefe “Si bien su cargo institucional era el de síndico, tenía gran influencia sobre el manejo de la empresa, junto con Daniel Buyatti, Alberto Julián Macua y Roberto Alejandro Gazze fueron los que comandaron la asociación, con capacidad de decisión y conocimientos integrales de las maniobras delictivas que los colocan en la dirección de la asociación ilícita”.
El siguiente en la lista es Martín Sebastián Colombo con un pedido de 13 años. La acusación destacada que hizo una importante “cantidad de maniobras realizadas por el imputado con posterioridad a la declaración pública de estrés financiero, todas ellas destinadas a eludir la acción de la justicia, y sortear las consecuencias patrimoniales de los ilícitos investigados”.
Máximo Javier Padoan, con un pedido de 12 años, es identificado por los fiscales como “la persona al mando de la Sección Comercial, encargada de fijar las condiciones comerciales de compra de granos, y quien elegía qué compraba o no Vicentin. Tuvo un rol activo en lo relativo a la captación de granos de los productores agropecuarios, en base a la confianza que éstos depositaban en el acusado”.
En cuanto a Roberto Oscar Vicentin, con un pedido de 11 años, el escrito indica que en su caso “se advierte una gran cantidad de desprendimientos de bienes personales con posterioridad al anuncio público de estrés financiero con el claro objeto de eludir la acción de la justicia y evitar las consecuencias patrimoniales de los delitos investigados”.
Los restantes pedidos comprender penas de 10 años para Cristian Andrés Padoan, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin y Yanina Colomba Boschi, y de 8 años para Javier Gazze y Miguel Vallazza.
“Los efectos (de la cesación de pagos de Vicentin) fueron devastadores para los productores estafados, quienes en muchos casos confiaban el total o la mayoría de sus granos a Vicentin, y quienes para pagar sus deudas debieron sacar créditos, vender propiedades, asimismo provocó cese en la cadena de pagos, los perjuicios y daños se extendieron por toda la provincia de Santa Fe, incluso por la desconfianza provocada por la falta de pagos los Bancos acotaron los créditos que antes otorgaban a los productores”, remarca el documento.
El escrito además destaca que “todas las personas acusadas viven una vida de privilegio que dista considerablemente del resto de los accionistas de la empresa”.
Un apartado especial corresponde a Ernesto Norberto García, Diego Oscar Telesco y Julio Amut, síndicos del concurso preventivo de Vicentin, para quienes los fiscales solicitaron tres años de prisión por encubrimiento.
Los fiscales señalaron que los tres síndicos “omitieron cumplir las obligaciones conferidas al analizar la actuación de la auditoría externa, KPMG, en los ejercicios económicos de Vicentin cerrados en el 2017 y 2018”, los cuales mostraban irregularidades evidencias que fueron detectadas por los auditores forenses del mismo proceso concursal.
“Resulta reprochable que la conducta delictiva se cometió en el marco de un proceso judicial donde tramita un concurso preventivo. Se cuantifica negativamente que la emisión de los dictámenes estuvo dirigida a engañar al juez (Fabián Lorenzini) y a perjudicar a los acreedores concursales. Que la conducta estuvo dirigida a encubrir maniobras engañosas tendientes al ocultamiento de millones de dólares de pasivo que terminaron perjudicando a bancos internacionales, nacionales y productores agropecuarios por aproximadamente 600 millones de dólares”, resalta el documento.
Por último se solicitaron 7 años de prisión por presunta estafa en calidad de partícipe necesario al considerar Eduardo Harnan, socio de la consultora KPMG que auditó los balances de Vicentin en los ejercicios previos a la cesación de pagos.
“Con los informes llevados a cabo por la Auditoria Forense, que incluso contaba con menor información que la que tuvo Harnan para efectuar su labor, quedó en evidencia la falsedad de la información volcada por Vicentin en sus estados contables y queda acreditado que con un proceder similar y simple como el llevado a cabo por los auditores se podrían haber advertido tales falsedades. Se advierte entonces que éstas diferencias con la realidad no pudieron obedecer a simples errores en la labor de Harnan, sino que claramente evidencian que tenía por objeto ocultar la real situación económica y financiera de Vicentin, para de este modo, amparado en la credibilidad de la que gozaba KPMG a nivel mundial, poder darle un marco de veracidad a los estados contables auditados”, explica el documento.
A partir de dichas disposiciones y por imperio de la ley, los fiscales solicitaron proceder al decomiso de 790.000 dólares depositados en una cuenta en el Banco Bardier de Suiza, 35 inmuebles en la provincia de Santa Fe, tres en Buenos aires y dos Uruguay, veinte vehículos y ocho embarcaciones, además de cuotapartes y dividenos de un conjunto de sociedades.
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