Molinos Agro y LDC aseguran que ya tienen más de 900 adhesiones a su propuesta de salvataje. Y realizaron un nuevo planteo judicial contra la otra parte que puja por Vicentin: Grassi SA.

Restan apenas poco más de 36 horas para que el juez federal de Avellaneda (Santa Fe) Fabián Lorenzini, que entiende en la causa por el concurso de acreedores de Vicentin, dictamine cuál será en definitiva el futuro de la otrora gigante de la agroexportación argentina, que se encuentra en crisis desde fines de 2019.

Luego de que quedara sin efecto la propuesta de pagos y salvataje que había formalizado la propia compañía y que llegó a tener la mayoría de las adhesiones previstas por la ley tanto en cantidad de acreedores como en volumen de capital, lo que está vigente por estos días es el “cramdown” que dispuso Lorenzini y que permitió a cualquier empresa formular su plan para continuar con las operaciones de la firma del norte santafesino.

Tras un intenso proceso, finalmente la “guerra” por Vicentin quedó circunscripta a la corredora de granos Grassi SA, que fue la primera en elevar su propuesta; y al consorcio conformado por Molinos Agro SA y Louis Dreyfus Company (LDC).

El próximo 31 de octubre a las 23.59 es el plazo máximo para que los acreedores formalicen su adhesión a una u otra (puede ser también a las dos), y la que más apoyo tenga será la que gane, aunque eso deberá ser oficializado por Lorenzini.

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En este marco, este martes Molinos Agro y LDC aseguraron que ya cuentan con más de 900 acreedores que firmaron su plan.

Y recordaron que los acreedores que deseen aceptar su programa de cancelación de las acreencias aún pueden hacerlo ingresando en: https://www.vicentincramdownmoaldc.com/

Asimismo, Grassi también tiene su propia página al respecto: https://cramdownvicentin.com/

La clave en este contexto es que Molinos Agro y LDC formularon un nuevo planteo judicial contra Grassi SA, luego del que ya realizaron para solicitar que se excluyan los créditos pertenecientes a esa empresa y su controlada Commodities S.A. de la base de cómputo de mayorías, por tratarse de un supuesto de “autovoto”, lo que está expresamente prohibido por la Ley de Concursos y Quiebras.

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Ahora, este lunes Molinos Agro y LDC también solicitaron al juez del concurso que aclare que la denominada “propuesta residual” de Grassi S.A. no será aplicable (por su carácter abusivo).

“La presentación de las empresas persigue garantizar que todos los acreedores puedan ejercer libremente su derecho de elección hasta el vencimiento del plazo. Así, buscan evitar que acreedores puedan ser víctimas de mecanismos que los induzcan a aceptar la propuesta de Grassi por temor a quedar comprendidos en la peor opción”, dijeron Molinos Agro y LDC.

Según detallaron, esta “propuesta residual” de Grassi propone el pago nominal del 40% del valor de la acreencia, pero donde el 37% del capital adeudado se paga al final entre los años 2036 y 2037, con un interés de tan sólo el 1,2% anual y pagadero todo junto entre 2037 y 2038, lo que, en valor real, implica algo muy distinto.

“En términos de valor presente, el recupero efectivo se reduce drásticamente a porcentajes que dependen de la tasa de descuento aplicada, pero que siempre suponen quitas reales que inician en valores superiores al 80%”, explicaron.

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Por eso, consideran que este mecanismo “residual” planteado por Grassi en su propuesta (esto es, que aquellos acreedores que no lo voten sean forzosamente asignados al acápite “residual” de su propuesta) “genera que muchos acreedores se vean compelidos a votar sólo por temor a caer a la fuerza en esa categoría residual, lo que distorsiona la libertad de elección y vulnera el principio de equidad”, enfatizaron.

Por ahora, desde Grassi no han respondido al respecto ni tampoco informaron cuántas adhesiones llevan hasta el momento.