¿Por qué debemos esperar más tractorazos en Europa? Una charla con Nelson Illescas para entender qué presiones rigen sobre la Política Agrícola Común y el temor de los productores
Las postales de tractores inundando las calles de las principales capitales europeas, que allá por 2023 causaron gran sorpresa, hoy aparecen con mayor frecuencia en medios de todo el mundo. Y aunque las banderas y carteles de las fotos siguen acusando problemáticas como la presión impositiva, los altos costos, las regulaciones ambientales y los acuerdos
Las postales de tractores inundando las calles de las principales capitales europeas, que allá por 2023 causaron gran sorpresa, hoy aparecen con mayor frecuencia en medios de todo el mundo. Y aunque las banderas y carteles de las fotos siguen acusando problemáticas como la presión impositiva, los altos costos, las regulaciones ambientales y los acuerdos comerciales con otros países, de fondo yace una problemática aún más compleja: las presiones por los fondos destinados a sostener la Política Agrícola Común de ese bloque, también conocida como PAC.
Nacida en la década de 1960 como respuesta al escenario de severa escasez alimentaria que dejó la Segunda Guerra Mundial, esa política se transformó en uno de los pilares principales de la UE. Aunque su objetivo cambió, ya que no se concentra en resolver una hambruna, continúa enfocada en sostener los ingresos de los productores.
Un reciente sondeo de la Comisión Europea (CE) para monitorear la opinión pública local sobre distintos temas de interés arrojó un abrumador apoyo a las políticas implementadas de cara a la producción agropecuaria.
Según se difundió en septiembre pasado, el 70% de los europeos cree la PAC es beneficiosa para el conjunto de los ciudadanos, destacando principalmente “sus logros en garantizar un suministro estable de alimentos en todo momento (93%), asegurar precios razonables para los consumidores y una gestión sostenible de los recursos naturales (92%), y fortalecer el papel de los agricultores en la cadena alimentaria (91%)”.
¿Por qué motivo, entonces, podrían estar en duda los fondos que se destinan a ese programa?
En charla con Bichos de Campo, el abogado especialista en derecho internacional y socio de la consultora Grupo CEO, Nelson Illescas, sugirió ampliar el campo de análisis.
“La PAC es una política plurianual que se extiende por seis años. Actualmente se está discutiendo el periodo 2028-2034, y se enfrenta a un presupuesto europeo que tiene que ser reformulado. Los miembros de ese bloque que integran la OTAN están siendo presionados fuertemente por Estados Unidos para aumentar sus aportes al sostenimiento de la alianza. Y lo que se está viendo es una propuesta de la CE para avanzar hacia una PAC con menos fondos”, explicó el consultor.
Según dio cuenta Illescas, la Política Agrícola Común, que llegó a representar un 60% del presupuesto total de la Unión Europea, hoy insume un tercio de todos los fondos disponibles. De acuerdo con las propuestas en danzas, ninguna de las cuales fue aprobada aún, la participación de la PAC podría caer por debajo del 20%.
El proyecto oficial de la CE menciona un presupuesto de 865.000 millones de euros para respaldar los Planes de Asociación Nacional y Regional (PANR), de los cuales 300.000 millones de euros estarían reservados para la PAC. De ese monto, 293.700 millones se destinarían a “garantizar la estabilidad y la previsibilidad de los agricultores”, mientras que los 6.300 millones de euros restantes servirían para “ayudar a los países de la UE en caso de perturbación de los mercados”.
Pero al recorte en ese presupuesto, que algunos países como Irlanda presionan para que sea todavía mayor, se le sumaría una unificación de programas adicional.
“Antes había distintos fondos que convergían en la PAC. La idea ahora es que haya un solo presupuesto que contemple apoyo a los ingresos, condicionales ambientales, desarrollo rural. Y como novedad, ciertos programas se nacionalizarán. Los estados deberán destinar financiamiento propio para ellos. Ahí entra una discusión importante porque no es la misma situación la de los países más poderosos que la de aquellos que tienen menos recursos. Los más pequeños más a reclamar que siga el esquema anterior, mientras que los más grandes empiezan a sentirse cansados de sostener la PAC para todos”, señaló Illescas.
Un estudio reciente que Bayer le encargó a Oxford Economics arrojó una conclusión que merece mención en este contexto. Señala que aunque la PAC dispone de recursos importantes, estos no se destinan a promover tecnología e innovación entre los productores.
“Más allá del sesgo que pueda tener el estudio, es bastante acertado el análisis: la PAC se ha dedicado a sostener el ingreso de los agricultores y no ha fomentado la innovación. La agricultura europea se ha quedado bastante rezagada frente al resto del mundo en términos tecnológicos. Acá entra toda la discusión sobre organismos genéticamente modificados, edición génica, utilización de siembra directa, etc. Eso ha dejado poco competitivo al agro europeo”, indicó el consultor.
Y añadió: “La PAC está orientada al productor. Todo lo que es innovación y desarrollo es más complejo. Por caso, el Pacto Verde Europeo tiene disposiciones dirigidas a reducir la utilización de agroquímicos, fertilizantes y demás. Y plantea plazos relativamente cortos frente a los tiempos que necesita la industria para reemplazar ciertas moléculas”.
En paralelo, Europa no solo aumenta sus exigencias en materia medioambiental, tanto dentro de su bloque como para con sus socios comerciales, sino que también entabla nuevos acuerdos comerciales que los productores señalan como perjudiciales. Tal es el caso del Acuerdo UE-Mercosur, o del que mantienen con Australia desde marzo de este año.
La nueva propuesta presupuestaria incluye también un tope de aportes en función del tamaño de las explotaciones agropecuarias. El objetivo es orientar las ayudas hacia los más pequeños que, a diferencia de las escalas argentinas, están realmente atomizados.
“Se trata de un promedio de 10 a 12 hectáreas. Eso sí, tienen tractor último modelo, cosechadora propia. Es un escenario distinto”, señaló Illescas.
En el tablero internacional tampoco se debe perder de vista el préstamo de 90.000 millones de euros que Europa acordó con Ucrania en diciembre de 2025, y que se normativizó este año. Según se definió, esos fondos se distribuirán entre defensa (60.000 millones) y asistencia presupuestaria (30.000 millones). Además, están previstos otros 45.000 millones para 2027. Y como si eso fuera poco, Zelenski reclamó otros 70.000 millones para el año que viene.
“El presupuesto general no puede ampliarse mucho más porque eso generaría una mayor escalada inflacionaria. Pero, al mismo tiempo, la propia inflación afecta la efectividad de los subsidios: los conflictos en Ormuz, en Rusia y demás elevan los precios del petróleo, los fertilizantes, el gas y la mayoría de los insumos. Necesitás más presupuesto, pero no podés ampliarlo; y, a su vez, el presupuesto que tenés debe redireccionarse hacia otros sectores. Ahí está la discusión”, analizó el consultor.
-¿Qué tendencia ves finalmente? ¿El recorte se concretará?- le preguntamos.
-El recorte va a existir. Lo que no está definido es el número final y cómo va a ser la distribución entre los países: si se continúa con un esquema más igualitario y que todos los fondos vengan de la Unión Europea, o si habrá una quita de fondos europeos y se dará lugar a que los países financien por su cuenta su política agrícola. Sería una especie de nacionalización de la política agrícola, lo cual va un poco en contra de la idea de integración de la Unión Europea como conjunto. Pero no veo chances de que todo continúe igual. Se hace cada vez más difícil justificar que un porcentaje tan alto del presupuesto termine en un sector relativamente pequeño de la economía.
Para aprobarse este nuevo presupuesto, la decisión del Consejo debe ser unánime, mientras que el Parlamento debe alcanzar la mayoría. Para la aprobación de los programas internos, entre ellos los reglamentos de la PAC, se aplica un procedimiento legislativo ordinario: el Consejo decide por mayoría calificada, que requiere al menos el 55% de los estados miembros, es decir, cerca del 65% de la población de la UE.
Hasta tanto se conozca la decisión, las postales de los tractores en huelga seguramente se repitan.
Seguir leyendo
