Con fuerte respaldo federal, la media sanción define a los créditos de carbono como bienes patrimoniales inmateriales.
(NAP) En una votación casi unánime que cosechó 60 votos afirmativos y apenas 2 en contra, el Senado de la Nación aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece el marco regulatorio para el desarrollo del mercado de carbono en la Argentina.
La normativa unificó las propuestas regulatorias de los legisladores Flavia Royón, Sonia Rojas Decut y Jorge Capitanich.
El eje central de la nueva legislación radica en la seguridad jurídica: se otorgará 30 años de estabilidad fiscal para todas aquellas iniciativas que se inscriban formalmente en los registros oficiales.
Asimismo, el texto define con claridad la naturaleza jurídica del crédito de carbono, tipificándolo como un bien inmaterial de carácter patrimonial, totalmente independiente de la titularidad de la tierra o del recurso natural que genera la captura del gas contaminante.
Para asegurar la trazabilidad de los bonos, la ley contempla la creación del Registro Nacional de Proyectos de Carbono (ReNaRe), una plataforma digital que será pública y gratuita.
Además, el proyecto abre las puertas a la innovación financiera al permitir que estos activos ambientales se integren al mercado de capitales local bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV), habilitando formalmente su representación digital mediante tokens y tecnología blockchain.
En el plano internacional, la norma encuadra los intercambios dentro del Artículo 6 del Acuerdo de París, aplicando un mecanismo de “ajuste correspondiente” para evitar la doble contabilidad de metas climáticas entre países.
El avance legislativo genera altas expectativas en sectores agroforestales, donde ya existen modelos de gran escala. El caso más emblemático en el país es el de Campo Loma Verde, ubicado en Virasoro, Corrientes. Este desarrollo cuenta con 2.500 hectáreas totales, de las cuales 1.750 están estrictamente dedicadas a la captura de carbono bajo los estándares internacionales de la certificadora Verra, impulsado por la alianza entre Pomera Maderas y Cambium. Con la nueva ley, este tipo de inversiones proyecta una fuerte aceleración en todo el suelo nacional.
Blockchains y tokens para el mercado de capitales
El proyecto de ley introduce un componente de innovación financiera al vincular los activos ambientales con la tecnología blockchain. Los detalles técnicos previstos para su implementación establecen los siguientes mecanismos:
• Representación digital única: Cada crédito de carbono certificado se transformará en un token digital medible y rastreable, donde un token equivaldrá estrictamente a una tonelada de dióxido de carbono (CO₂) equivalente evitada o removida de la atmósfera.
• Supervisión de la CNV: La Comisión Nacional de Valores (CNV) será la encargada de dictar las normas de transparencia, negociación y custodia, garantizando que los tokens operen bajo las mismas exigencias de seguridad jurídica que las acciones o los bonos financieros tradicionales.
• Trazabilidad contra la doble contabilidad: El uso de redes de bloques (blockchains) permitirá registrar de forma pública, inmutable y en tiempo real todo el ciclo de vida del activo, desde su emisión e inscripción en el ReNaRe hasta su transferencia definitiva o su “retiro” del mercado (cuando una empresa lo utiliza para compensar su huella).
• Fraccionamiento y liquidez: La tokenización facilitará que los grandes proyectos de captura (como los desarrollos forestales o agrícolas) puedan fragmentar sus créditos en porciones más pequeñas. Esto democratizará el acceso, permitiendo que tanto grandes corporaciones como pequeños inversores locales adquieran estos activos de manera directa en las plataformas habilitadas. (Noticias AgroPecuarias)
