La UATRE junto a la asociación civil CRISOL presentaron una herramienta que validará el cumplimiento laboral y de derechos humanos de los productores de soja y carne bovina que exportan a la UE, como complemento de la trazabilidad ambiental que garantiza VISEC.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE) reunió el último jueves a personalidades del propio sector para exponer un costado de la discusión que, hasta ahora, no había ocupado un lugar central cuando se trata de reglamento de comercialización con la Unión Europea: la dimensión social. 

Mientras el debate pasa fundamentalmente por cómo cumplir con las exigencias de que la carne y la soja se produzcan en campos que no hayan sido deforestados desde 2020 en adelante, a la par debe recordarse que el reglamento 1115 del viejo continente impone también que los establecimientos proveedores deben comprobar el cumplimiento de las leyes laborales. 

Por este motivo, UATRE en co-desarrollo con la asociación civil CRISOL Proyectos Sociales lanzó la herramienta que utilizará para emitir esta “Constancia de Legalidad”.

EL DESARROLLO DE LA UATRE

De la articulación institucional para el desarrollo de la constancia, también participó VISEC y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA).

Margarita Carratú, Presidente de CRISOL, empresa de proyectos sociales que asiste y capacita a UATRE desde hace dos años, explicó que la constancia de legalidad “es parte de la punta de lanza del sindicato que tiene que ver con sustentabilidad”. 

Ahora, no bastará con tener un certificado propio que acredite el cumplimiento de la legislación aplicable en el país de producción –en este caso Argentina–, sino que UATRE en conjunto con el organismo técnico CRISOL deberán certificarlo. En esa línea, dijo que la herramienta viene a complementar la parte ambiental que propone la trazabilidad de Visec en la cadena de suministro de soja y carne bovina, en respuesta al Reglamento UE 2023/1115. 

La idea está basada en el Artículo 3 del reglamento, que establece como condición la acreditación del cumplimiento de la legislación aplicable en el país de la producción. Justamente, por eso le llaman validación: porque al momento de firmar la declaración jurada incluída en la carga de la información que documenta la unidad productiva, el productor firma “estar de acuerdo con el Artículo 3”. 

“Nosotros vamos a validar lo que todos los productores de la cadena dicen que hacen en cumplimiento con el Artículo 3”, sintetizó Carratú. Es la validación de la validación del validador, de la documentación que respalda el propio sistema y de los importadores que acuerdan con las empresas exportadoras y las garantías que brindan. 

La propuesta consiste en recolectar evidencias relevadas al pie de lote a través de una visita técnica de personería de UATRE.

Esto, dijeron, parte de una construcción de “hacer y deshacer” entre productores y el sindicato que concluyeron en un cuestionario de 20 preguntas estructuradas y del registro de fotografías o archivos según corresponda. 

Durante la visita, se observarán “las condiciones laborales, de derechos humanos y derechos de terceros”. Concretamente, se verificará: 

• El trabajo registrado y la seguridad social; jornada, descansos y horas extras; prevención del trabajo infantil; salud y seguridad en el trabajo; entrega y adecuación de EPP; contratos con contratistas y cooperativas; ART o seguro de accidentes personales; respeto por comunidades y terceros y presentación de la libreta del trabajador rural y constancias. 

En ese punto, aclararon que el enfoque no es punitivo. “Será una verificación rigurosa con enfoque de mejora contínua”, dijo Carratú.

Aunque, como quien conoce la respuesta del otro lado, rápidamente aseguró que no será un sello automático: “seremos muy rigurosos pero flexibles, si el productor no tiene el papel que acredita que tiene al trabajador con un contratista, los ayudaremos a que lleguen al estándar”. 

Además, reparó en que la visita será logísticamente acordada. Detrás de la metodología, señalaron que la idea es reducir costes derivados de transacciones o mecanismos repetidos.

“El productor en dos horas de visita técnica va a resolver un problema que puede llevar días, meses en sacar la producción”, acotó, e hizo la venta final con un paralelismo: “es una solución que diametralmente no puede compararse con el problema que pueden traer por el nivel de riesgo estándar del 3% mínimo las distintas auditorías internacionales”. 

Del mismo modo, lo explicó como una “capa de derechos humanos” al cumplimiento de la debida diligencia:

“Se ha invertido la carga de la prueba en los comercios internacionales, ya un productor no verifica si una empresa o un productor dentro de una comercialización tiene un prestigio debilitado respecto a una denuncia que se haya hecho, sino que tiene que demostrar que trabaja bien y se cumplen las condiciones básicas en esas instalaciones productivas” , reflexionó. 

Hasta ahora, la información que carga el productor en VISEC se valida en cuanto a su identidad, ubicación y ausencia de deforestación, y las verificaciones independientes se concentran en plantas, puertos y embarques. La constancia agrega, en cambio, una verificación en el campo sobre las condiciones laborales. En ese punto es que, dado que históricamente UATRE no se dedicaba a esto, FAUBA brindará la capacitación virtual en el registro, el sistema MRV y la trazabilidad. 

Que la dimensión social en la cadena de valor productiva merece una discusión aparte, puede ser válido. Lo que queda claro es que responde a las exigencias de los actores que fijan estándares y cambian paradigmas en el comercio internacional.

“Es nuevo y necesitaremos de la colaboración de todos los actores, tanto productores como exportadores”, cerró Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC.

De momento, la aplicabilidad de la constancia sería recién en diciembre, cuando la organización sindical entregue las credenciales que habilitarán a los revisadores a acudir a los establecimientos.