El dilema de las pick-ups en el RIMI: el decreto que limita una inversión esencial en el agro

En el espíritu de la ley que impulsó el RIMI, los vehículos para uso productivo, como las pick-ups, debían ser incluidos. Pero el decreto reglamentario utilizó una nomenclatura aduanera que los excluye y así no se puede incluir entre los bienes beneficiados.

Por Mariano Echegaray
Contador y asesor especializado en temas tributarios vinculados al agro

El Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), creado por medio la Ley 27.802, estableció que las inversiones alcanzadas por este régimen serían las consideradas las destinadas a adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos amortizables en el impuesto a las ganancias y excluyó expresamente un solo tipo de bien: los automóviles.

Sin embargo, la pick-up, que en el campo es una herramienta de trabajo (técnicamente considerado un utilitario como otro tipo de vehículos en el desarrollo de otras actividades), termina igualmente fuera del régimen, y no precisamente por lo que establece la ley, sino por una remisión reglamentaria a una nomenclatura arancelaria dictada en 2023 con fines aduaneros.

En una explotación agropecuaria, la camioneta traslada al personal, los insumos, animales, los repuestos y las herramientas entre lotes, galpones y planta de acopio. Es el bien que cualquier personal de mando intermedio o líder de equipo en el campo usa todos los días y el primero que se renueva.

Para una microempresa agropecuaria, que debe invertir U$S 150.000 para acceder al régimen, dejarla fuera del cómputo no es un detalle.

EL DILEMA DE LAS PICK-UPS EN EL RIMI

En un excelente articulo para Errepar, lo describió con precisión la contadora Josefina Bavera donde analizó el caso de una camioneta afectada a un establecimiento rural. Concluyó que no es un “automóvil”, pero que tampoco es elegible, porque su posición arancelaria (NCM 8704.21.90) al no lleva la sigla “BK” en el Anexo I del Decreto 557/2023.

Compartimos la opinión y el análisis, dado que lo que este artículo discute es otra cosa, que las camionetas deben ser consideradas inversiones elegibles en el RIMI. Esto es también asimilable para otro tipo de utilitarios (dependiendo la actividad que la empresa desarrolle) y lo sostenemos porque el problema no está en la ley, sino en una integración normativa defectuosa que el reglamento puede y debe corregir.

Puntualmente, el artículo 180 de la Ley 27.802 define la inversión productiva con cinco elementos positivos y una sola exclusión vinculada a rodados:

“A los fines del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones se consideran inversiones productivas a aquellas destinadas a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina.”

Es claro que el legislador eligió un término preciso, “automóviles”, y no uno genérico como “rodados”, “vehículos” o “automotores”. Cuando una ley enumera una exclusión concreta dentro de una regla general amplia, lo no excluido queda dentro de la regla.

El segundo párrafo del mismo artículo confirma esa lógica. Allí la ley enumera, también en forma taxativa, las demás exclusiones: activos financieros, de portfolio y bienes de cambio. Ninguna menciona camionetas ni vehículos de carga.

El requisito que sí impone la ley es sustancial, no formal: el bien debe estar “afectado directamente al desarrollo de actividades productivas” y que deben ser “amortizables en el impuesto a las ganancias”.

Una camioneta patentada a nombre de la empresa y usada en el establecimiento rural cumple con ambos requisitos en los hechos, lo cual nunca fue discutido en la doctrina tributaria, como cualquier otro utilitario. Si no se cumpliera, el régimen ya tiene la herramienta para excluirla, sin necesidad de un filtro adicional.

EL PROBLEMA: EL DECRETO DE REGLAMENTACIÓN

En tanto, el Decreto 242/2026 no se limita a precisar el concepto legal de bien mueble. Le agrega un requisito positivo:

“Entiéndanse como ‘bienes muebles amortizables’ alcanzados por el (RIMI) a aquellos bienes nuevos -excepto automóviles- que se hubieren adquirido, elaborado, fabricado y/o importado, siempre que clasifiquen -de conformidad a lo previsto en el Anexo I del Decreto N° 557/23 y sus modificaciones, o el que en el futuro la reemplace- como ‘Bienes de Capital (BK)’ o ‘Bienes de Informática y Telecomunicaciones (BIT)’.” (art. 3, primer párrafo)

La expresión “siempre que“ convierte una definición abierta en una lista cerrada. Desde ese momento, la elegibilidad de un bien ya no depende de su afectación productiva, que es el criterio de la ley, pasa a depender de que una posición arancelaria lleve una sigla.

El resultado para la camioneta o pick-up es el siguiente:

La pick-up supera el único filtro que puso la ley y cae en el filtro que puso el reglamento dependiente de una norma con finalidad aduanera.

En este contexto, un punto clave a tener en cuenta es que el Anexo I del Decreto 557/2023 no se escribió para el RIMI. Es la Nomenclatura Común del MERCOSUR con el Arancel Externo Común 2022. Es un instrumento de política comercial que ordena mercaderías para fijar alícuotas de importación, y sus siglas BK y BIT identifican posiciones con tratamiento arancelario diferenciado.

Los considerandos del propio Decreto 557/2023 confirman esa finalidad. Explican que la Decisión CMC 8/21 autorizó a la Argentina, hasta el 31/12/2028, a aplicar una alícuota distinta del AEC, incluso del 0%, a las importaciones de bienes considerados en el ámbito regional como BK y BIT.

Es decir: la sigla existe para administrar un margen arancelario sobre importaciones. El decreto se dictó además con fundamento en el Código Aduanero (arts. 11, 12, 664 y 829), y su texto oficial registra doce normas que lo modifican o complementan, entre ellas el Decreto 513/2025.

UN LÍMITE PARA LA INVERSIÓN

De esta manera, tres rasgos lo vuelven inadecuado como límite de un incentivo a la inversión productiva:

1. Es anterior y atemporal respecto del régimen. Se dictó en 2023, tres años antes que la Ley 27.802. Nadie decidió qué posiciones llevarían la sigla BK pensando en amortizaciones aceleradas en Ganancias ni en la devolución de IVA a una PyME.
2. Responde a otra finalidad. La sigla BK refleja una decisión arancelaria sobre una mercadería importada, no una evaluación de su destino productivo en manos del contribuyente. El propio artículo 3 del decreto alcanza bienes “adquiridos, elaborados, fabricados” en el país, es decir, bienes que nunca pasan por una aduana.
3. Es una remisión dinámica. El decreto remite al Anexo “y sus modificaciones, o el que en el futuro lo reemplace”. El universo de bienes promovidos queda así sujeto a cambios dictados por razones comerciales, sin que nadie evalúe su impacto sobre el RIMI.

La propia nomenclatura muestra la distancia entre ambos criterios y la diferencia no está en la función productiva del bien, sino en la política arancelaria de cada posición.

Por eso el problema no es que la pick-up no encuadre por voluntad legislativa, es que el instrumento elegido para delimitarlo nunca fue diseñado para ser armónica con el RIMI.

Como aspecto relevante, también vale tener en cuenta que el derecho tributario argentino ya resolvió hace tiempo la distinción entre automóvil y camioneta, y la resolvió a favor de la camioneta de trabajo.

Para definir “automóvil”, la práctica en Ganancias (art. 92, inc. l, LIG) y en IVA (art. 12, inc. a, punto 1, Ley 23.349) acude al artículo 5 de la Ley de Tránsito 24.449, que distingue dos categorías:

Con ese criterio, la doctrina y la práctica administrativa sostienen que las pick-ups, incluso las de doble cabina, no son automóviles. Por eso no les alcanzan los topes de amortización de Ganancias ni la restricción al cómputo del crédito fiscal en IVA.

El RIMI usa la misma palabra, “automóviles”, y la ley no le da un sentido distinto. Lo razonable es leerla como la lee el resto del sistema.

El decreto produce el efecto contrario, el mismo bien que el sistema trata como herramienta de trabajo para Ganancias y para IVA termina, a los fines del RIMI, con el mismo resultado que un automóvil. La diferencia es que al automóvil lo excluye la ley, y a la camioneta, un anexo arancelario.

De esta manera lo que ocurre es que el reglamento altera el espíritu de la ley: el Decreto 242/2026 se dictó invocando el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional, según dice su propio considerando. Esa norma faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar las leyes “cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”. El límite está en la misma norma que el decreto cita como fundamento.

El filtro BK/BIT funciona como una excepción reglamentaria en sentido estricto y deja fuera bienes que la ley incluye. La ley mira la afectación directa del bien a la actividad productiva. El decreto mira una sigla arancelaria. Un bien afectado al 100% a la producción queda afuera si su posición no tiene sigla y eso no es precisar la ley, sino sustituir su criterio.

En cambio, la ley sí previó una vía para delimitar el alcance. El último párrafo del artículo 182 dispone que “el Ministerio de Economía dictará la normativa complementaria necesaria para precisar el alcance y la nómina de bienes de capital y tipo de obra comprendidos en este beneficio”.

El legislador encomendó elaborar una nómina propia del régimen, no remitir a una nomenclatura dictada para otra finalidad. Hasta hoy esa nómina sigue pendiente, y su ausencia es la falta de integración normativa que hoy perjudica al agro.

¿QUÉ DICE LA CORTE SOBRE LOS EXCESOS REGLAMENTARIOS?

La jurisprudencia de la Corte Suprema ofrece un test claro para evaluar el artículo 3 del Decreto 242/2026. Los precedentes que siguen sostienen la crítica, y el último marca su límite.

El fallo de Cartellone es el precedente más cercano y como en el RIMI, se trataba de un beneficio fiscal con un requisito definido por la ley, y el Fisco quiso agregar una condición que la ley no tenía. La Corte rechazó esa condición porque el legislador pudo haberla previsto y no lo hizo.

El razonamiento se traslada sin esfuerzo: si el Congreso hubiera querido excluir todos los vehículos, tenía las palabras para hacerlo.

Por ende, el Ministerio de Economía debería aprobar la nómina propia de bienes de capital que la ley le encomendó, con criterio de afectación productiva y no arancelario.

El artículo 3 del Decreto 242/2026 podría modificarse para que la clasificación BK/BIT funcione como presunción de elegibilidad, no como condición excluyente. Los bienes sin sigla podrían acreditar su carácter productivo por otras vías.

EN CONCLUSIÓN

La exclusión de la pick-up del RIMI no es una decisión del legislador. La ley excluyó los automóviles y exigió afectación productiva directa, y la camioneta de trabajo cumple ambos tests. La deja afuera una remisión reglamentaria a una nomenclatura aduanera anterior al régimen, diseñada para fijar aranceles y no para medir la función productiva de un bien.

El resultado contradice tres cosas:

• El texto de la ley, que nombró una sola exclusión, los automóviles.
• Al propio sistema tributario, que en Ganancias y en IVA trata a la pick-up como herramienta de trabajo.
• La finalidad del régimen, que privilegió expresamente al agro con el riego, las mallas antigranizo y los semovientes.

No hace falta otra ley. Hace falta lo que la propia ley pidió en su artículo 182: una nómina de bienes propia del régimen, actualizada e integrada con el resto del sistema. Mientras esa nómina no exista, el productor seguirá pagando el costo de una falta de integración normativa que no le es imputable.

Con el texto vigente, computar la pick-up dentro del RIMI expone al contribuyente a la caducidad y a las sanciones del artículo 187, vinculadas a la restitución del tributo, intereses resarcitorios y multa de hasta dos veces la franquicia.

La postura de este artículo es una recomendación de corrección. Hasta que haya una norma o un pronunciamiento expreso, conviene excluir la camioneta del cómputo del monto mínimo y de los beneficios.