Estertores de una crisis: El gremio lácteo Atilra amenaza con movilizarse para apurar a la justicia a definir la situación de las fábricas de Sancor
El gremio de la industria láctea, Atilra, amenazó con realizar una movilización para reclamar esta vez que apure el paso el juez que tiene a su cargo la liquidación de los activos de la ex cooperativa Sancor, luego de definida su quiebra meses atrás. “En los próximos días, en fecha a decidir en asamblea, nos
El gremio de la industria láctea, Atilra, amenazó con realizar una movilización para reclamar esta vez que apure el paso el juez que tiene a su cargo la liquidación de los activos de la ex cooperativa Sancor, luego de definida su quiebra meses atrás.
“En los próximos días, en fecha a decidir en asamblea, nos movilizaremos y marcharemos pacíficamente en apoyo a una pronta resolución definitiva”, expresó Atilra en un comunicado, dando cuenta de su nerviosismo ante la dilación judicial en torno a la venta de las plantas remanentes de la vieja industria láctea, en la que todavía quedan trabajando unos 250 trabajadores, la mayoría de ellos recomendados por el propio sindicato.
“Los trabajadores de Sancor llevan muchos años esperando, entre incertidumbre y promesas, y han hecho lo que correspondía: seguir al pie de las máquinas, con el incondicional apoyo de nuestro gremio. Es hora de que esto termine y comience una nueva etapa de una vez por todas, una nueva etapa con trabajo y salario, y un futuro para sus familias y nuestras comunidades”, indicaron los delegados gremiales, tras recordar que los propios empleados también figuran entre los acreedores que quieren recuperar algo de su dinero con la liquidación de los activos.
En rigor, ya pasaron dos meses desde que en este proceso judicial la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Laboral de Rafaela le otorgó nuevamente la potestad de definir las nuevas fechas de licitación para la venta de activos de lo que quedó de la quebrada SanCor Cooperativas Unidas Limitada, al juez Marcelo Gelcich, que había dictado la quiebra, desestimando planteos de algunos de los grupos interesados.
Según Atilra, “tanto la resolución de apertura del concurso, como la del dictado de la quiebra y la de cámara, destacan el aspecto social de la situación, dirigiéndose a los trabajadores y a las comunidades donde se encuentran ubicadas las plantas industriales de la empresa en quiebra, propendiendo a la continuidad de la liquidación sin más interrupciones, en beneficio y protección de los acreedores”.
“Comprendemos que legalmente las partes involucradas tienen el derecho de efectuar todos los planteos que la ley les permite y somos respetuosos de la justicia, pero cuando todos esos planteos fueron analizados y fundadamente rechazados, es tiempo de pensar que cada planta cerrada es un pueblo que se queda sin su fuente de trabajo”, agregaron los sindicalistas, que de esta manera presionan para la resolución definitiva del expediente.
Bichos de Campo informó días atrás que la Cámara de Apelaciones de Rafaela también rechazó nuevos planteos impulsados por el fondo financiero BLTFF BV y por Fidulac SA, en el marco de la quiebra de Sancor. Ambas resoluciones forman parte del fallo integral que analizó las distintas impugnaciones presentadas contra el pliego de licitación aprobado para la realización de los bienes de la empresa.
Uno de los recursos había sido promovido por BAF Latam Trade Finance Fund B.V. (BLTFF), el fondo que pasó por SanCor y acrecentó su crisis a fines de la década anterior, siendo un acreedor financiero que reclama una acreencia superior a los 51 millones de dólares, vinculada a contratos de financiamiento celebrados con la ex cooperativa y respaldados por diversos fideicomisos de garantía constituidos sobre activos estratégicos de la empresa. Entre ellos figuran las marcas Mendicrim y Santa Brígida, además de inmuebles vinculados a la operatoria industrial de la firma.
La resolución también abordó el planteo formulado por Fidulac SA, la firma vinculada al empresario Gustavo Scaglione, que cuestionó la posibilidad de vender por separado las plantas industriales y las marcas comerciales de Sancor. Esa empresa sostuvo que el esquema aprobado provocaba una pérdida de valor y reclamó que la cooperativa fuera comercializada como una unidad económica integral.
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