De un hondazo: Misiones prohibió el uso de drones agrícolas en todo el territorio luego de registrarse daños por deriva de agroquímicos en tabaco, tomate y poroto
La problemática de la deriva llegó a los drones. En Misiones, las autoridades provinciales decidieron suspender el uso de vehículos aéreos no tripulados “VANT”, o simplemente drones para la aplicación de productos fitosanitarios en todo el territorio desde hoy. Mediante la disposición 104 de la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable, fechada hoy martes 17,
La problemática de la deriva llegó a los drones. En Misiones, las autoridades provinciales decidieron suspender el uso de vehículos aéreos no tripulados “VANT”, o simplemente drones para la aplicación de productos fitosanitarios en todo el territorio desde hoy.
Mediante la disposición 104 de la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable, fechada hoy martes 17, Misiones suspendió de manera preventiva y por tiempo indeterminado el uso de estos equipos, mientras avanza la elaboración de una reglamentación específica para esa actividad, según dice el texto oficial.
La resolución tiene su origen en las denuncias de productores de Pozo Azul y otras localidades misioneras por daños en plantaciones de tabaco, tomate y poroto que atribuyen a aplicaciones realizadas con drones en establecimientos vecinos, algo que en el mundo agrícola se conoce como deriva. La decisión alcanza a todos los usuarios de esta tecnología en Misiones y no establece una fecha para su levantamiento.
Entre los fundamentos de la decisión, el Ministerio de Ecología menciona la Ley XVI N.º 144, que establece el marco normativo para la utilización y el control de productos fitosanitarios y domisanitarios en Misiones. Su artículo 44 prohíbe la aplicación aérea de estos productos en todo el territorio provincial.
Sin embargo, el Decreto 2556/2022, reglamentario de esa ley, introdujo precisiones sobre la utilización de vehículos aéreos no tripulados. En su artículo 60 establece que la aplicación aérea comprende la realizada mediante distintos tipos de aeronaves y contempla expresamente a los drones, cuya utilización queda habilitada bajo determinadas condiciones de forma, condición y altura, siempre que no afecte la sustentabilidad de los recursos naturales ni genere impactos ambientales negativos.
El problema que reconoce ahora la propia autoridad ambiental es que todavía no terminó de determinar cuáles son esos parámetros técnicos. Según los considerandos de la Disposición 104/2026, el Ministerio se encuentra trabajando en el análisis y la definición de las condiciones que deberán cumplir los equipos.
Mientras tanto, resolvió suspender preventivamente todas las aplicaciones realizadas con drones. La restricción se mantendrá hasta que se establezcan los parámetros necesarios para garantizar que su utilización no provoque efectos negativos sobre el ambiente.
Los reclamos de los productores afectados por la deriva se concentraron principalmente en las colonias Picada Unión y Picada 10, donde los agricultores señalaron que las fumigaciones habrían afectado cultivos de pequeños productores. Según los testimonios recogidos por El Territorio, uno de los colonos calculó que unas 18.000 plantas de tabaco de su chacra resultaron perjudicadas.
Otros productores mencionaron establecimientos con plantaciones de 30.000, 40.000 y 50.000 plantas afectadas por los episodios denunciados. También señalaron que los daños no se limitarían a los campos linderos con los establecimientos ganaderos, sino que habrían alcanzado chacras ubicadas a entre 1.500 y 2.000 metros de los lugares de aplicación.
Los agricultores sospechan que la deriva de los productos, favorecida por el viento, la altura de vuelo de los equipos y las características del terreno, habría trasladado los herbicidas hacia cultivos vecinos.
La decisión provocó el rechazo de la Cámara de Comercio e Industria de Montecarlo (CACIM) y de la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP). Ambas entidades cuestionaron que se haya optado por suspender una herramienta tecnológica en lugar de avanzar con controles sobre quienes eventualmente incumplieron las normas de aplicación.
La decisión provocó una reacción inmediata de la Cámara de Comercio e Industria de Montecarlo (CACIM), que expresó su “repudio” a la Disposición 104/2026 y reclamó que sea dejada sin efecto.
CACIM consideró que la prohibición representa un retroceso tecnológico, especialmente en una provincia donde predominan las chacras pequeñas, los terrenos con pendientes y las producciones regionales.
“El dron de aplicación es hoy una de las herramientas más precisas que tiene el productor. Permite aplicar la dosis justa en el lugar justo, con menos producto y mucha menos agua, y aleja al trabajador del contacto directo con el fitosanitario”, argumentó la cámara.
En ese sentido, señaló que los drones permiten realizar aplicaciones en yerbales, tealeras y forestaciones donde muchas veces los tractores no pueden ingresar. “Prohibirlo no reduce el uso de fitosanitarios: lo devuelve a métodos más antiguos, menos controlables y con mayor exposición para las personas y el ambiente”, advirtió.
Uno de los cuestionamientos centrales de CACIM apunta a que el Estado haya respondido a las denuncias por posibles malas aplicaciones con una prohibición que alcanza también a quienes trabajan bajo buenas prácticas.
“Si se registraron malas aplicaciones, lo que corresponde es identificar al responsable, controlarlo y sancionarlo. Un mal uso no se corrige prohibiendo la herramienta para todos, porque así se castiga por igual a quienes trabajan bien, cumplen las buenas prácticas agrícolas y se capacitaron e invirtieron para hacerlo”, sostuvo. Para la organización, “la prohibición no es el camino; el camino es la regla clara y el control efectivo”.
La cámara también cuestionó que la demora administrativa en completar la reglamentación termine trasladando sus costos al sector privado. Recordó que el Decreto 2556/2022 ya contempla la utilización de drones, aunque todavía no se hayan terminado de establecer las condiciones operativas.
“La demora del Estado no puede trasladarse como costo a productores, prestadores de servicios y empresas que hoy ven paralizada su actividad sin un plazo cierto”, expresó. Finalmente, CACIM solicitó que se deje “sin efecto de inmediato” la Disposición 104/2026.
Por su parte, la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) manifestó su preocupación por la decisión provincial y advirtió que las restricciones tecnológicas generan incertidumbre en el marco regulatorio de la producción.
La entidad puso el foco en las posibles consecuencias sobre las inversiones privadas, la incorporación de tecnología y la creación de empleo.
“Nuestra provincia necesita previsibilidad, reglas claras y confianza para producir. Entendemos que el Estado debe proteger la salud pública y el ambiente mediante controles y regulaciones adecuados, pero también acompañar y estimular a quienes invierten, producen y generan puestos de trabajo”, expresó la asociación.
Desde el sector forestal y forestoindustrial remarcaron que la incorporación responsable de nuevas tecnologías es fundamental para mejorar la eficiencia, la competitividad y la sustentabilidad de las actividades.
Por eso, AMAYADAP propuso abrir un ámbito de trabajo conjunto con las autoridades provinciales y los sectores involucrados para revisar el alcance de la decisión y construir un marco normativo que permita ejercer controles sin frenar la innovación productiva.
“La innovación y la incorporación responsable de nuevas tecnologías son fundamentales para mejorar la eficiencia, la competitividad y la sustentabilidad de nuestras actividades”, señaló.
A diferencia de CACIM, que pidió expresamente dejar sin efecto la disposición, la entidad maderera planteó la necesidad de discutir las condiciones regulatorias con las autoridades.
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