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Desde la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara defendió el sistema VISEC y cuestionó a quienes se oponen a las exigencias europeas para exportar

18/11/2026 16:13:46 hs Fuente: Bichos de Campo

Durante un encuentro de cierre de año realizado en Buenos Aires, el presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, defendió la incorporación de la cadena agrícola argentina a la plataforma VISEC, destinada a certificar la trazabilidad de la soja y sus derivados que se comercializan hacia la Unión Europea. En ese marco, explicó que

Durante un encuentro de cierre de año realizado en Buenos Aires, el presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, defendió la incorporación de la cadena agrícola argentina a la plataforma VISEC, destinada a certificar la trazabilidad de la soja y sus derivados que se comercializan hacia la Unión Europea. En ese marco, explicó que la decisión de sumarse respondió a la necesidad de preservar mercados y evitar que las nuevas exigencias de los compradores europeos dejaran afuera a la producción argentina.

“Yo le quiero decir a mi querido amigo Gustavo Idígoras que esta Federación de Acopiadores siempre trabajó con el objetivo de salvarnos todos juntos. Por eso el acopio desde el primer día se integró a la plataforma VISEC. Vimos precisamente la necesidad de estar todos juntos ante una decisión de nuestros compradores, en la cual los argentinos no participamos. Se exigen cosas que no nos gustan para nada, pero que no nos podemos dar el lujo de perder un cliente importantísimo”, afirmó.

En esa línea, Rivara destacó que la iniciativa permitió reunir a los distintos eslabones de la cadena para ofrecer una alternativa de certificación sin trasladar costos a los productores. También hizo hincapié en que la soja que se comercializa pertenece a quienes la producen y que el acopio tiene un papel central en la defensa de sus intereses comerciales.

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“Con esa mirada nos armamos todos juntos. Trabajamos productores, acopiadores, cooperativas y exportadores para que todos tengamos la opción, sin costo alguno, de poder vender soja y harina a un cliente. Claro, los proveedores de la Unión Europea son exportadores. ¿Pero de quién es la soja? La soja nuestra, muchachos, es de los productores. Y el acopio trabaja para que los dueños de la soja, que son los productores, tengan el mejor precio posible”, sostuvo.

El dirigente también se refirió a las críticas que recibe el sistema y reconoció que existen diferencias de opinión dentro del sector respecto de las condiciones impuestas por Europa. Sin embargo, consideró que esas posiciones no deberían desconocer la realidad del comercio internacional ni la necesidad de adaptarse a los requisitos de los compradores.

“Hay voces que se oponen a vender bajo estas condiciones. Y por supuesto, todas las opiniones merecen ser y deben ser respetadas”, señaló.

Frente a quienes cuestionan que las exigencias europeas condicionan la soberanía argentina o imponen normas externas sobre los sistemas productivos locales, Rivara apeló a otros ejemplos del comercio internacional para explicar que los mercados suelen establecer sus propias condiciones de acceso.

“También se expresa que atacan la soberanía nacional y no respetan nuestras normas. Hasta se afirma que el socialismo europeo pretende ordenar nuestra forma de producir. Permítanme recordar que, si alguien quiere exportar carne a Israel, debe cumplir las normas kosher, y si la quiere exportar a los países árabes, hay que cumplir las normas halal, por más certificados estatales que tenga y leyes argentinas que cumpla”, planteó.

En el mismo sentido, recordó que las certificaciones privadas y los estándares internacionales forman parte de las condiciones habituales para comercializar alimentos y otros productos en el exterior. Por eso, consideró que no alcanza con contar con las habilitaciones otorgadas por los organismos argentinos.

“En el mercado internacional no se compra un producto si la empresa que lo elabora no tiene certificaciones como las BPM, HACCP o las ISO. A nadie, en este mundo, le alcanza con que le mostremos una habilitación del Estado”, remarcó.

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Como antecedente de esta discusión, el 2 de noviembre la Federación de Acopiadores anunció un acuerdo que permitirá a las empresas registradas en el Instituto de Capacitación Agropecuaria (Incagro) gestionar gratuitamente la habilitación de sus plantas en la plataforma VISEC. La iniciativa busca evitar que los acopios deban afrontar el costo de una certificación externa inicial para incorporarse al sistema de trazabilidad exigido por el reglamento europeo EUDR (1115), que establece requisitos para comercializar productos libres de deforestación en la Unión Europea.

El mecanismo contempla que la Federación de Acopiadores ponga a disposición su estructura administrativa y técnica para revisar la documentación, verificar los requisitos y habilitar las instalaciones. Las empresas deberán presentar planos, fotografías, procedimientos operativos y acreditar que cuentan con personal capacitado para utilizar la plataforma. La medida surge de un acuerdo entre las entidades que integran Incagro, entre ellas la Federación de Acopiadores, Coninagro, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Desde la entidad aclararon que la gratuidad alcanza al proceso inicial de habilitación, pero no elimina las obligaciones de cumplimiento ni las eventuales auditorías posteriores. El objetivo es reducir los costos de ingreso y la carga administrativa que supone la adaptación de los acopios a las nuevas exigencias europeas.

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De todos modos, el titular de la Federación de Acopiadores aclaró que la entidad tampoco está completamente de acuerdo con las disposiciones europeas. En particular, reconoció que existen numerosos aspectos de la normativa que fueron cuestionados tanto por el Gobierno argentino como por los distintos integrantes de la cadena agroindustrial, aunque consideró que esas objeciones no modifican la decisión de los compradores.

“Claro que no nos gustan un montón de cosas de la 1115, un montón. Cosas que el Gobierno y la cadena en su conjunto le han reclamado firmemente, y en reiteradas ocasiones, a la UE. Pero cada uno con su plata compra lo que quiere y como quiere”, expresó.

Otro de los puntos sobre los que Rivara hizo especial hincapié fue el cuestionamiento al costo de adhesión a la plataforma. El dirigente rechazó las versiones que señalan que el sistema representa una carga económica para los productores y sostuvo que la participación es voluntaria.

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“Seamos claros: VISEC es optativo. Al que no le gusta, tiene otras plataformas habilitadas, y al que no le gustan las imposiciones que pone Europa, tiene otras opciones. Hay varios exportadores que no tienen a Europa como destino, y que compran, y van a seguir comprando soja sin certificación EUDR”, afirmó.

En ese contexto, también cuestionó a quienes, según su interpretación, difunden información incorrecta sobre los costos del mecanismo. Rivara consideró que una cosa es manifestar diferencias con las exigencias europeas y otra muy distinta es utilizar argumentos que, a su entender, no se corresponden con el funcionamiento de la plataforma.

“Como decía, miradas negativas puede haber y son respetadas. Ahora, hacer cuentas truchas para mentir y difamar hace que nos preguntemos qué oscuros objetivos está persiguiendo cierta gente”, lanzó, en alusión a una cuenta en la red social X que simuló ser oficial, pero era una parodia.

Finalmente, volvió sobre uno de los argumentos centrales de su defensa del sistema y negó que VISEC implique un gasto para quienes integran la cadena agroindustrial. “VISEC es gratis para toda la cadena. No es cierto que sea oneroso”, concluyó sobre este tema.

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Durante su discurso, Rivara también cuestionó las condiciones comerciales que enfrenta el acopio en su relación con el sector exportador. “No hemos encontrado una explicación lógica, una sola aunque más no sea, de por qué la exportación nos retiene el 2,5% de nuestro dinero por 30 días, sin ajustes ni intereses, por mercadería conforme”, sostuvo.

El presidente de la Federación vinculó esta situación con la necesidad de defender el funcionamiento de las cadenas agroindustriales y evitar prácticas que perjudiquen a alguno de sus integrantes.

Otro de los momentos álgidos del discurso del oriundo de Alberti fue referido a las críticas al sector molinero. En ese sentido, Rivara apuntó contra la cláusula “análisis molino”, que, según denunció, deja a productores y acopiadores sin la posibilidad de recurrir a un tercero independiente ante diferencias en los resultados de calidad del trigo.

“Tiempo atrás, si uno tenía diferencias en el análisis de calidad con un molino de trigo, íbamos a la Cámara Arbitral para que funcionarios probos, con conocimiento de las normas y equipos calibrados y verificados, nos informaran quién tenía razón”, recordó Rivara.

Sin embargo, advirtió que algunas empresas comenzaron a imponer condiciones que se alejan de ese principio. “Se empezó a exigir la nefasta cláusula ‘análisis molino’, donde se negaba a los productores el derecho constitucional de recurrir a un árbitro. Una verdadera afrenta”, sostuvo.

Para ejemplificar las consecuencias económicas de esta práctica, explicó que un acopiador puede recibir trigo de un productor con un análisis de 0,40 de granos picados y liquidarlo sin descuentos por calidad. Sin embargo, si al momento de venderlo el molino determina un valor de 0,80, se aplica una rebaja del 4%, equivalente al doble o más de la comisión del acopio.

Sobre el contenido de gluten, Rivara señaló que un productor puede contar con un análisis de Cámara Arbitral que determina 26 puntos de gluten y vender su trigo con la bonificación correspondiente. Pero, si el molino establece unilateralmente un valor de 22, puede rechazar la mercadería o aplicar importantes descuentos.

“Este es el paraguas de impunidad que otorga la cláusula ‘análisis molino’”, afirmó.

Rivara también se refirió a declaraciones recientes de representantes de la industria molinera, que identificaron a la informalidad como uno de sus principales desafíos. Su respuesta fue contundente: “No se puede ser informal en las compras y exigir formalidad en las ventas”.

En ese marco, reclamó reglas claras y controles para todos los participantes del comercio granario. “Si un acopiador le niega el derecho a un productor de recurrir a la Cámara Arbitral, ese acopio no dura dos minutos en la Federación de Acopiadores”, aseguró.

Además, planteó la necesidad de que las Bolsas de Cereales conformen un Comité de Ética para contribuir a preservar las buenas prácticas comerciales y fortalecer las instituciones del mercado.

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