¿Futuro o pasado? La Sociedad Rural Argentina se molestó con las nuevas exigencias de información laboral (incluyendo los recibos salariales) del gobierno de Axel Kicillof
El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que dirige el sindicalista Walter Correa, a través de la Resolución 260/2026, impuso a las empresas radicadas en la jurisdicción gobernada por Axel Kicillof “presentar mensualmente información laboral mediante el sistema FUTURO (Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos), a partir de enero
El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que dirige el sindicalista Walter Correa, a través de la Resolución 260/2026, impuso a las empresas radicadas en la jurisdicción gobernada por Axel Kicillof “presentar mensualmente información laboral mediante el sistema FUTURO (Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos), a partir de enero de 2027”. Esto provocó una reacción airada de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que calificó esa exigencia como “un nuevo retroceso para quienes producen y generan empleo”.
“La SRA manifiesta su preocupación y rechazo a las nuevas exigencias establecidas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires”, indicó un comunicado de la entidad presidida por Nicolás Pino, que luego reclamó a los funcionarios de Kicillof que “revean esta medida, reconsideren sus alcances y avancen hacia mecanismos de fiscalización que prioricen la simplificación, la eficiencia y la reducción de las cargas administrativas”.
En la resolución, la cartera laboral bonaerense estableció que todos los meses las empresas deberán presentar “una declaración jurada que incluirá información salarial y de jornada laboral, recibos de haberes y comprobantes bancarios de acreditación de salarios, entre otra documentación respaldatoria”.
La norma alcanza a empleadores con domicilio legal, fiscal o establecimientos en la provincia de Buenos Aires que ocupen personal bajo su dependencia. La presentación es mensual y pasa a ser obligatoria a partir de enero de 2027. La documentación laboral de los trabajadores debe conservarse por al menos ods años.
Para la Rural eso parece demasiado: “Consideramos que esta normativa representa un retroceso en materia de simplificación administrativa y un avance hacia esquemas de controles excesivos que imponen nuevas obligaciones, aumentan los costos laborales y generan mayores cargas administrativas para los empleadores”, se quejó la organización.
Que agregó: “Resulta fuera de lugar que, en un contexto en el que se necesita promover la producción, la inversión y la generación de empleo, se incorporen nuevos requerimientos de información y documentación que demandan tiempo, recursos y mayores costos a las empresas, especialmente a las Pymes”.
“Entendemos que el Estado debe garantizar el cumplimiento de las normas laborales, pero esto no puede significar multiplicar trámites, generar controles innecesarios ni trasladar permanentemente nuevas obligaciones al sector privado”, completaron los ruralistas, argumentando que “los productores necesitamos medidas que generen previsibilidad y condiciones que favorezcan el desarrollo y la generación de nuevos empleos formales, no nuevas trabas que dificulten la actividad productiva”.
Seguir leyendo