El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acaba de crear un “Programa Nacional de Ordenamiento Ambiental del Territorio” con el propósito de “trabajar y llegar al consenso de un marco de contenidos (definiciones, principios, lineamientos, directrices) orientadores para que cada provincia o jurisdicción inicie o profundice sus propios procesos de ordenamiento ambiental del territorio”. El

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acaba de crear un “Programa Nacional de Ordenamiento Ambiental del Territorio” con el propósito de “trabajar y llegar al consenso de un marco de contenidos (definiciones, principios, lineamientos, directrices) orientadores para que cada provincia o jurisdicción inicie o profundice sus propios procesos de ordenamiento ambiental del territorio”.

El programa es curioso porque la realidad es que ya existe una legislación –aprobada por el Poder Legislativo– que establece un marco para la realización de tal ordenamiento: la Ley 26.331 o “Ley de Bosques”.

El nuevo programa, según indica la resolución 199/2023 firmada por el ministro Juan Cabandié, “implica colaborar en la formulación e implementación de las estrategias provinciales de ordenamiento ambiental del territorio, de modo que estas sean coordinadas e integradas en vistas al desarrollo sostenible”.

“La estrategia federal podrá ser trabajada en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) a través de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional en su calidad de integrante de la Secretaría Ejecutiva del Cofema. Asimismo, podrá ser trabajada con actores de la sociedad civil en instancias de participación convocadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación”, señala la resolución, sin advertir, acaso, que la gestión de los recursos naturales presentes en las diferentes provincias es potestad exclusiva de las mismas.

La norma señala que el “Programa Nacional de Ordenamiento Ambiental Territorial” generará “iniciativas, proyectos y acciones dirigidas a la asistencia técnica para el desarrollo de las estrategias provinciales e interjurisdiccionales de ordenamiento ambiental de territorio”, las cuales “se basarán en los lineamientos y directrices elaborados en el marco de la estrategia nacional y abordarán, entre otras cuestiones, la conservación de la biodiversidad, la reducción de la degradación de tierras, los conflictos en relación con los principales procesos productivos como la producción agropecuaria, minera, el turismo, la expansión de la infraestructura, el crecimiento en áreas periurbanas”.

El programa, que estará a cargo de la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, se presenta como una propuesta “con perspectiva federal, respetando las competencias provinciales”, pero “acompañado y fomentando los procesos a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación”.

La misma Nación que ahora se propone como coordinadora del ordenamiento territorial de las provincias es que la viene violando la Ley 26.331 desde que comenzó a regir, dado que el Estado nacional jamás integró el Fondo de Conservación –que supuestamente debe compensar a los propietarios de las tierras que quedaron fuera de producción– con la cifra determinada por esa misma legislación.

La legislación vigente determina, por ejemplo, que en 2023 el Fondo de Conservación de Bosques Nativos debería ser por lo menos de 118.000 millones de pesos. Sin embargo, el Presupuesto 2023 asignó una partida de apenas 8500 millones de pesos (es decir: apenas un 7% del monto correspondiente).

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