Agenda 2030: El nuevo proyecto de “Ley Ómnibus” de Milei ratifica la intención de establecer cuotas de emisiones de GEI para cada sector económico
En la nueva propuesta de “Ley Ómnibus” enviada este lunes al Congreso por el gobierno de Javier Milei se mantiene la pretensión de aplicar una suerte de “impuesto ambiental” que resultaría particularmente gravoso para el sector agropecuario. La nueva versión del proyecto faculta al Poder Ejecutivo a asignar derechos de emisión de gases de efectos
En la nueva propuesta de “Ley Ómnibus” enviada este lunes al Congreso por el gobierno de Javier Milei se mantiene la pretensión de aplicar una suerte de “impuesto ambiental” que resultaría particularmente gravoso para el sector agropecuario.
La nueva versión del proyecto faculta al Poder Ejecutivo a asignar derechos de emisión de gases de efectos invernadero (GEI) a cada sector y subsector de la economía compatibles con el cumplimiento de las metas comprometidas por el país para el 2030 y sucesivas.
El único cambio introducido respecto del proyecto original es el que establece que “el diseño del modo de asignación de derechos de emisión incluirá reuniones técnicas con representantes de los distintos sectores de la órbita pública nacional y provincial, y privada, así como representantes de la academia y de organizaciones civiles vinculadas con la temática”. De todas maneras, se aclara “las propuestas y opiniones (producto de tales reuniones) no serán legalmente vinculantes”.
La propuesta indica que el Poder Ejecutivo podrá “establecer anualmente límites de derechos de emisión de GEI, compatibles con el objetivo comprometido, de cumplimiento anual y obligatorio para todos los sujetos del sector público y privado, de forma tal que quienes contaminan (sic) sean responsables, en la medida que les corresponda, de cumplir con las metas de emisiones comprometidas por el país”.
Eso implica, por ejemplo, que el agro en general y la ganadería en particular recibirían una suerte de derecho anual de emisión de GEI y que, en caso de ser superado, el sector, a través de algún mecanismo institucionalizado, deberá compensar ese exceso de emisiones.
Para eso se creará un mercado de derechos de emisión de GEI, en el cual quienes hayan sobre cumplido su meta puedan vender “bonos de carbono” a aquellos que los necesiten. Como contrapartida, quienes no hayan cumplido la meta asignada, tendrán que comprar “bonos de carbono” para evitar penalizaciones estatales.
Tal normativa, en caso de ser implementada, será penosa para el sector ganadero, dado que el estándar establecido por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) determina que una molécula de metano (CH4) es equivalente a 28 moléculas de dióxido de carbono (CO2).
Existe evidencia científica que indica que el metano generado por bovinos no puede ser considerado como un gas de efecto invernadero en términos equivalentes a dióxido de carbono porque forma parte de un ciclo natural. Eso porque, si bien es más potente que el dióxido de carbono, el metano es un contaminante climático de corta duración que permanece en la atmósfera durante aproximadamente diez a doce años antes de que se descomponga y se elimine. En contraste, el dióxido de carbono de origen fósil permanece en la atmósfera durante siglos, lo que implica que las emisiones son acumulativas y contribuyen así a ser el principal impulsor del cambio climático.
Sin embargo, como uno de los objetivos de la denominada “agenda 2030” consiste en reducir a la ganadería a una mínima expresión, el criterio establecido por el IPCC está diseñado a la medida de tales pretensiones.
No puede dejar de mencionarse, adicionalmente, que el último “Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero” de la Argentina correspondiente al año 2020 contabiliza para el agro emisiones provenientes de incendios naturales a pesar de que el protocolo del IPCC establece que sólo deben contemplarse las actividades humanas. Ese hecho, considerando la exigencia contenida en el nuevo proyecto legislativo oficial, implicaría un perjuicio importante que seguramente terminaría provocando la salida de los productores más pequeños del sistema productivo.
Vale aclarar que la propuesta en la materia que pretende promover el gobierno de Milei representa toda una innovación a nivel internacional porque no existe ninguna legislación en el mundo que confiera tales atribuciones a un Estado nacional.
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