?El bloqueo es un delito?: Con un guiño de Patricia Bullrich, tres diputados del PRO estuvieron en SanCor para pedir a los empleados que denuncien los aprietes del gremio Atilra
La lluvia trajo alivio al calor de la cuenca lechera central y en Sunchales las visitas que llegaron de afuera calmaron un poco los ánimos. Por eso en SanCor, que tiene allí su sede central, pareció ser este viernes una jornada más tranquila que lo habitual. Más tranquila que, por lo menos, los últimos cuatro
La lluvia trajo alivio al calor de la cuenca lechera central y en Sunchales las visitas que llegaron de afuera calmaron un poco los ánimos. Por eso en SanCor, que tiene allí su sede central, pareció ser este viernes una jornada más tranquila que lo habitual.
Más tranquila que, por lo menos, los últimos cuatro meses. Desde los bloqueos sindicales iniciados con formato de asamblea el 17 de octubre, que se terminaran por conciliación obligatoria en los últimos días de diciembre, pero luego -vencida ésta- se retomaran hace unas semanas, sigue habiendo contexto para que se registren situaciones violentas y preocupantes en torno a esa cooperativa láctea.
Con mayor calme, los relatos de algunos de sus protagonistas fueron escuchadas por tres diputados nacionales.
Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Gabriel Chumpitaz son legisladores nacionales por Santa Fe, y fueron de los primeros en involucrarse en esta situación. Recorrieron la planta de SanCor escoltados por los delegados de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), para conocer de primera mano la situación de los empleados que están activos. Luego se reunieron con el Consejo Directivo de la Cooperativa.
Ambos sectores, sindicalistas y directores, están enfrentados y mantienen posiciones irreconciliables.
“Nada justifica el bloqueo, el bloqueo es un delito, está prohibido”, dijo firmemente Razzini, que fue creadora y presidente del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), luego de haber padecido en carne propia la irrupción de gremialistas camioneros en su empresa de materiales en Rosario.
“Acá no pueden venir treinta muchachos a parar un camión y no permitir que se descargue la leche, no es legal, lo dice la Constitución Nacional. El derecho a huelga consiste simplemente en la posibilidad de dejar de trabajar. Ahora, amenazar a quienes quieran hacerlo es un delito, la turbación de la posesión es un delito, las amenazas, los golpes son delitos”, enumeró.
La legisladora explicó a Bichos de Campo al concluir el recorrido en la planta central de Sancor que “nos encontramos con que hay un montón de trabajadores que necesitan apoyo, porque están dispuestos a denunciar (a sus delegados sindicales). Vine a responder a la cantidad de llamados de trabajadores que denuncian que son amenazados para parar, a los que les dicen que los van a dejar sin obra social, que se sienten indefensos frente a semejante estructura”, en referencia a Atilra.
Por su parte, Bongiovanni indicó que “si la empresa mañana se funde porque toma malas decisiones, es problema de la empresa. Nosotros estamos acá porque hay una flagrante violación a las leyes. Como se está usando la fuerza, no se puede argumentar más nada. Hay que usar la fuerza pública, para evitar que este gremio siga delinquiendo. Por eso estamos ayudando a los trabajadores a que no tengan miedo”.
Con múltiples llamados al número 134 del Ministerio de Seguridad, se empezaron a recopilar pruebas y la cúpula de la Cooperativa láctea trabaja en el tema. “Estamos haciendo denuncias, actas con escribanos, tenemos denuncias de empleados; y la próxima semana vamos a presentar todas las pruebas en Fiscalía”, indicó Alberto Sánchez, presidente de SanCor, que ofició de anfitrión de los diputados a casi cuatro meses de inicio de la alteración de la producción.
“La imagen que nos dejó marcados a nosotros es la de los trabajadores que caminaban frente a estos piqueteros, a estos mafiosos, como en un campo de concentración, mirando para abajo, para tratar de pasar desapercibidos para que no los agredan. Nunca vi una cosa así, frente a una patota. A esto hay que ponerle fin ya”, apuntó Bongiovanni, que no dudó en agregar que “estamos trabajando para que vayan presos de verdad”.
Razzini fue concreta, “si hay deudas o cuestionamientos (como los que reclama Atilra a la cooperativa) se tiene que discutir en los ámbitos que corresponde, en la Secretaría de Trabajo. No hay razón alguna para que vengan a patotear a los trabajadores que quieren cumplir con sus tareas”. Por eso enfatizó: “Vinimos a contarles a las víctimas de la mafia sindical cuáles son sus derechos”.
La diputada del PRO adelantó que “estuvimos iniciando gestiones con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que está diseñando un departamento antibloqueo. Tiene especial interés en saber lo que está pasando en SanCor, por eso estoy acá, estoy trabajando con Patricia Bullrich y le estoy contando mi experiencia en el MEAB”.
Seguramente la semana próxima habrá más novedades sobre esta crisis que al parecer pretende desarticular a SanCor y fundirla. El gremio no oculta que quiere desembarcar junto a empresarios que estaban vinculados a aquel fideicomiso que se venció en tiempos del gobierno de Alberto y Cristina Fernández, cuando Sergio Massa era ministro. Allí participan los abogados Leandro Salvatierra y Diego Feser, el empresario lechero Jorge Estévez y Gustavo Scaglione, dueño de medios.
Ahora el gremio -que estuvo distribuyendo aportes económicos entre quienes adhieran a su protesta- tendría una faltante de fondos para pagar a quienes hacen paro, de manera claramente irregular, incrementando el malestar entre quienes forzosamente apoyan.
Entre jueves y viernes pasado, en Sunchales el impedimento de descarga de materia prima fue constante. El lunes se dio una toma de la guardia de ingreso a la planta, requiriendo presencia policial y del coordinador operativo regional del Ministerio de Seguridad provincial.
El miércoles lo habían citado a Héctor Ponce, el secretario general de Atilra, a presentarse en persona en la Secretaría de Trabajo de la Nación para dar explicaciones sobre el conflicto, pero se negó a hacerlo.
En Sunchales los trabajadores tienen mucho temor, pero también el resto de la comunidad. Es entendible que esto sea así, porque viviendo en la ciudad el propio Ponce, la presencia de dirigentes de Atilra es constante. El sindicato tiene además múltiples servicios para sus afiliados y la población en general, con el supermercado más grande la localidad, un boliche, un centro de capacitación, un hotel de 62 habitaciones y complejo deportivo, una clínica y hasta un centro de salud de alta complejidad.
La expansión del sindicato que no tiene similitud en ninguna de las otras ciudades cabecera de las diferentes cuencas lecheras, fue acompañado desde hace décadas por la política.
Los intendentes sunchalenses jamás cuestionaron los modos de Atilra, sino todo lo contrario, surgiendo los ejemplos más recientes de Gonzalo Toselli durante tres períodos, ahora secretario de Cooperativas, Mutuales y Desarrollo Emprendedor de la provincia de Santa Fe.
Ahora es Pablo Pinotti, actual mandatario de la ciudad, quien en su cuenta de Instagram intercambia elogios hacia el Secretario General, pero también mensajes de afecto con la mano derecha de Ponce. Curiosamente, el intendente desde que asumió no hizo alguna declaración respecto al conflicto. El anterior gobernador santafesino, Omar Perotti, también estaba en la misma sintonía, e incluso a veces favorecía las intenciones del gremio y los empresarios del fideicomiso.
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