Las entidades que representan a las bodgas evitaron por el momento hacer comentarios, mientras analizan la "letra chica" de la "desregulación". Tampoco hubo declaraciones aún del gremio que representa a los trabajadores del INV.

El viernes arrancó con una noticia que sacudió a la vitivinicultura argentina: la decisión de “modernizar” el Instituto Nacional de Vitinivicultura (INV), estableciendo un nuevo marco regulatorio que, entre otas cosas, eliminó 973 normativas que incidían en el funcionamiento de la cadena de las uvas y el vino.

Si bien se trataba de algo esperado desde el pasado mes de julio cuando se implementó la transformación del organismo, el desconcierto sobre cómo seguirá la fiscalización en la industria es la principal sensación.

La medida fue aprobada por el presidente del INV, Carlos Tizio, y se hizo efectiva mediante la publicación de la Resolución 37/2025 en el Boletín Oficial.

La misma comenzará a estar vigente desde el 1° de enero de 2026 y, según señalaron desde la Secretaría de Agricultura, se limitará la fiscalización exclusivamente a la etapa de comercialización final, inspeccionando productos envasados que ya cuenten con el Certificado Analítico de Libre Circulación.

En este marco, desde las principales entidades de la vitivinicultura argentina las primeras reacciones fueron las mismas: cautela, análisis y silencio. A la espera de una lectura un poco más detallada de los cambios, nadie se animó a dar una opinión respecto a esta disposición ni cómo podría impactar en el producto final.

MIRANDO LA “LETRA CHICA”

Al ser consultados por Infocampo, referentes del sector pidieron tiempo para dar una opinión del tema.

Desde Bodegas de Argentina (BdA), aseguraron que están trabajando sobre el tema, leyendo los detalles de la normativa, mientras que desde Wines of Argentina aseguraron que todavía hay demasiadas imprecisiones sobre las regulaciones eliminadas.

En tanto, desde la parte gremial dentro del INV, comentaron que están analizando la normativa, “para no decir cosas que no son” sobre los efectos que tendrá la histórica desregulación.

En tanto, el ministro de Producción mendocino, Rodolfo Vargas, estuvo en Buenos Aires reunido con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; y su jefe de Gabinete, Martín Fernández, donde discutieron sobre la reforma del INV y los aspectos que requieren consenso entre Nación y Provincia.

Por su parte, desde la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) comentaron que están analizando el texto normativo y estudiando su alcance, al mismo tiempo que están con reuniones y contactos con los gobiernos provinciales y nacionales, aunque aun no hay una posición oficial al respecto.

LOS CAMBIOS, SEGÚN EL GOBIERNO

Como lo comunicaron desde el Gobierno nacional, esta medida busca modernizar el “marco regulatorio del sector vitivinícola, eliminando trabas burocráticas y devolviendo la libertad a la industria”.

Así, para corregir más de “1.000 normas dispersas”, elaboraron un Digesto Normativo. “De un total de 1.207 normas en materia vitivinícola se derogan 973. Con esto damos lugar a un nuevo régimen basado en la libertad, la responsabilidad y la competencia”, argumentaron.

De esta manera, el INV dejará de fiscalizar todo el proceso productivo y se enfocará en asegurar la calidad del vino que llega a los consumidores.

“El cambio responde a un diagnóstico compartido por toda la industria: los excesivos controles y trámites impuestos por el INV habían generado costos, demoras y pérdida de competitividad. Los inspectores no fiscalizarán más en las bodegas y se verificará únicamente el producto terminado, es decir, en el tramo final de la cadena productiva”, plantearon.

Así, se dejarán de hacer unas 5.000 fiscalizaciones presenciales al año. Entre las novedades, se eliminaron la Declaración Jurada semanal de elaboración, las multas y sanciones por presentaciones tardías de Declaraciones Juradas, y los permisos de tránsito (para mover sus productos las bodegas generaban más de 140.000 permisos de tránsito por año que debían solicitar al Instituto).

También, dejan de ser obligatorias las certificaciones de origen, añada y varietal, aunque el INV continuará emitiendo las certificaciones exigidas para exportaciones, tal como lo requieren los países de destino.