Alivio agroexportador: Europa vuelve a prorrogar la aplicación del reglamento “anti” deforestación
El Parlamento Europeo prorrogó por otro año más la aplicación de la normativa que impedirá el ingreso al viejo continente de soja, carnes y productos forestales, entre otros bienes, que no provengan de zonas “libres de deforestación”.
Aunque el sector agroexportador argentino viene preparándose desde hace tiempo para la implementación de la normativa 1115/2023 de la Unión Europea (UE), que impone la obligación de que todo producto que ingrese al viejo continente provenga de zonas “libres de deforestación”, finalmente llegó el alivio esperado de que la vigencia de este reglamento volvió a posponerse.
Originalmente, iba a comenzar a regir desde el 30 de diciembre de 2024, pero se amplió el plazo un año más. Y ahora acaba de suceder lo mismo: el Parlamento Europeo aceptó la propuesta de la Comisión Europea (CE) de extender otro año más su aplicación.
Cabe recordar que se trata de una normativa que viene siendo muy cuestionada por productores de Argentina y Sudamérica, debido a que intenta imponer una legislación internacional que en muchos casos avanza sobre normativas locales, lo que viola principios y tratados comerciales.
No obstante, ante la posibilidad de que efectivamente comience a aplicarse y teniendo en cuenta que Argentina tiene la mayoría de sus áreas productivas libres de deforestación desde hace décadas, los agroexportadores nacionales vienen trabajando desde hace tiempo en la plataforma VISEC, que ya está lista para utilizarse y tiene el ok de los importadores europeos.
REGLAMENTO “ANTI” DEFORESTACIÓN: QUÉ DECIDIÓ EL PARLAMENTO EUROPEO
En concreto, lo que decidió el Parlamento Europeo en las últimas horas es que los grandes operadores y comerciantes deberán ahora cumplir las obligaciones de este reglamento a partir del 30 de diciembre de 2026, y las micro y pequeñas empresas a partir del 30 de junio de 2027.
“Este tiempo adicional está destinado a garantizar una transición fluida y a permitir la implementación de medidas para fortalecer el sistema informático que operadores, comerciantes y sus representantes utilizan para emitir declaraciones electrónicas de diligencia debida”, afirma el órgano legislativo del viejo continente en su página web.
Asimismo, se busca que estos requisitos de “debida diligencia” sean más simples de presentar. “Los eurodiputados consideran que la responsabilidad de presentar una declaración de debida diligencia debe recaer en las empresas que primero introducen el producto relevante en el mercado de la UE, y no en los operadores y comerciantes que posteriormente lo comercializan”, señala el documento.
Ahora, queda un paso más para que la medida quede formalmente vigente: “El Parlamento está ahora listo para iniciar negociaciones con los Estados miembros sobre la forma final de la ley, que debe ser avalada tanto por el Parlamento como por el Consejo y publicada en el Diario Oficial de la UE antes de que termine 2025, para que el retraso de un año entre en vigor”, explica.
LA OPINIÓN DE LA SOCIEDAD RURAL
En este contexto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) emitió un comunicado en el que celebró la medida, pero expresó que “es necesario que la UE revise el alcance, permitiendo que cada país pueda hacer uso de sus recursos naturales, tal cual ha sucedido en el pasado”.
“Además, se debe rever las categorizaciones de riesgo que se han realizado, donde la Argentina es considerada de Riesgo Bajo y solamente debe incluir como objetivo frenar la Deforestación Ilegal”, plantó bandera la entidad que conduce Nicolás Pino.
Y prosiguió: “También reclamamos que debe ser eliminada la obligación de Diligencia Debida como requisito, ya que de lo contrario esto conlleva a las cadenas de abastecimiento a tener sobrecostos que indefectiblemente llevarán a aumento de precios a los consumidores europeos y generarán inflación en alimentos”.
“Hemos trabajado para demostrar que nuestro país puede cumplir con todas las exigencias, pero es necesario que se realice de manera transparente y sencilla. Las dilaciones y falta de certidumbre no ayudan al comercio y a las relaciones institucionales entre la Unión Europea y la Argentina”, cuestionó la SRA.
LA VISIÓN DE LA CADENA FORESTAL
En tanto, la noticia llegó el mismo día en que la Asociación Forestal Argentina (AFOA) realizó el seminario “EUDR en Productos Forestales: Estado Actual de la Implementación. Requisitos regulatorios y experiencias privadas”, donde disertantes nacionales e internacionales analizaron los desafíos y oportunidades que abre la normativa para la foresto-industria argentina.
“La postergación anunciada hoy ratifica que el cumplimiento del EUDR requiere procesos sólidos, información precisa y herramientas confiables. Argentina ya cuenta con un marco legal muy robusto, plantaciones georreferenciadas y miles de hectáreas certificadas, lo que nos posiciona en condiciones favorables para los mercados europeos”, destacó Claudia Peirano, directora ejecutiva de AFOA.
Luego, ya en la voz de los protagonistas, el primero en dar testimonio fue Fernando Sepliarsky, director técnico de INTASA (España) – principal fabricante español de parquet multicapa y tableros rechapados con presencia global – quien describió el fuerte impacto operativo que el EUDR implica para las empresas europeas que trabajan con múltiples especies y orígenes.
Explicó que, en un contexto de crecientes costos y mayores exigencias ambientales, el EUDR opera como una verdadera barrera paraarancelaria, obligando a integrar geolocalización, certificaciones, matrices de riesgo y documentación exhaustiva para cada importación.
Precisamente, Sepliarsky describió con claridad la diligencia debida que ahora deben cumplir los operadores: información detallada del producto, país de origen, proveedor, legalidad y geolocalización; evaluación y reducción de riesgos; documentación disponible durante cinco años; y la incorporación de un número de referencia obligatorio que acompaña cada importación.
Compartió ejemplos reales de matrices de riesgo utilizadas por INTASA, mostrando cómo la empresa integra certificaciones (como PEFC), datos geográficos y criterios legales para obtener calificaciones de riesgo “despreciable”. También remarcó que el sistema prevé los primeros seis meses sin sanciones y que la transición de EUTR a EUDR exigirá una adaptación profunda a lo largo de la cadena comercial.
Desde el sector privado, Vanina Budini, responsable de Cadena de Custodia de Papel Prensa, presentó cómo Papel Prensa integra la madera controlada y los sistemas de diligencia debida para alinearse con las exigencias del EUDR.
La empresa, con 47 años de trayectoria y un proceso foresto-industrial que abastece impresión y embalaje a gran escala, trabaja con sauces y álamos de cinco establecimientos propios y más de 45 proveedores. Su esquema se apoya en Cadena de Custodia FSC y PEFC, asegurando trazabilidad completa desde el bosque hasta el producto final, y en un abastecimiento basado en fibra certificada, madera controlada y material recuperado.
Pedido de la industria forestal: que no se vuelva atrás con la importación de maquinaria usada
Budini detalló el Sistema de Diligencia Debida (SDD) que aplica la compañía para evitar el ingreso de materiales provenientes de fuentes conflictivas. Esto incluye controles legales y dominiales, revisión de documentación laboral, relevamientos de áreas de alto valor de conservación, evaluación de riesgos sociales y consultas a actores locales.
También abordó cómo la empresa responde a las crecientes solicitudes de clientes —tanto dentro como fuera de la UE— en relación con el EUDR: trazabilidad por lote, geolocalización de las unidades de manejo, documentación respaldatoria, acuerdos de confidencialidad y ejercicios de verificación. El sistema permite que la información esté disponible para auditorías, fortaleciendo la transparencia y demostrando la preparaci& oacute;n de Papel Prensa para los nuevos requisitos europeos.
Por su parte, Paula Balla, de Arauco, expuso el desarrollo de una solución tecnológica integral, que vincula información desde el sistema forestal hasta la facturación, permitiendo generar reportes GeoJSON y documentación apta para la plataforma TRACES. Afirmó que Arauco ya cuenta con el 100% de la información de origen y trazabilidad exigida por la norma, y destacó la necesidad de estandarizar la entrega de datos a clientes operadores.
Asimismo, se hizo hincapié en el rol de Arauco como proveedor de fibra y madera, destacando el desafío de estandarizar la entrega de información bajo un formato único y eficiente para evitar la duplicidad de gestiones administrativas. Balla concluyó enumerando los retos a futuro, que incluyen la adaptación continua a las novedades del sistema europeo, el mantenimiento de certificaciones como FSC y la necesidad de instalar la temática en la agenda pública nacional y provincial para proteger y potenciar las exportaciones forestales.
Por otro lado, en representación del Gobierno nacional, Sabina Vetter, directora nacional de Desarrollo Foresto-Industrial, explicó que Argentina viene llevando adelante una doble estrategia: gestiones diplomáticas y planteos ante organismos internacionales solicitando la postergación del reglamento, y adecuación interna, con la creación del Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustriales (Res. 50/2024), que ya incluye herramientas como VISEC y Tracestory, orientadas al cumplimiento del EUDR.
Vetter remarcó que el país cuenta con un marco legal que garantiza trazabilidad territorial verificable, ya que el otorgamiento de beneficios dentro del régimen de promoción forestal instituido por la Ley N° 25.080 exige la ejecución de emprendimientos forestales georreferenciados, auditados y verificados por el Estado. Esto permite demostrar, con evidencia pública, que el riesgo de deforestación asociado a la producción forestal argentina es prácticamente nulo.
Con todo este panorama, los participantes del seminario coincidieron en resaltar que, con más de 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, en su mayoría en la Mesopotamia, Argentina cuenta con una de las regiones más productivas del mundo para pino y eucalipto. Más del 90% de la industria se abastece de estas plantaciones establecidas bajo la Ley 25.080, lo que refuerza su perfil de cumplimiento frente a la EUDR.
Además, el país dispone de dos sistemas de certificación internacionalmente reconocidos (FSC y PEFC), que aseguran gestión sostenible, legalidad y trazabilidad.
“El EUDR es un cambio estructural en el comercio global de productos forestales. La decisión de hoy confirma que el proceso de implementación debe ser responsable. Argentina está preparada y lo demostró hoy el sector público-privado en este seminario”, concluyó Peirano.
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