Rodolfo Suárez, quien asumió como gobernador ayer no tardó en tomar su primera medida, y ya envió un proyecto de Ley a la legislatura provincial para modificar la Ley de "Prohibición de Sustancias Químicas".

Así como Cristina Fernández de Kirchner vetó la Ley de Glaciares en 2008, o como cuando Mauricio Macri decidió quitarles las retenciones a la actividad minera en su primer día de gestión allá por 2015, los políticos parecen sonreírle a las empresas mineras que operan en la Argentina.

En esta ocasión, el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez no tardó ni 24 horas en tomar decisiones importantes y ya envió un proyecto de Ley a la legislatura provincial para modificar la Ley 7722 de “Prohibición de Sustancias Químicas”.

Sintetizando, la Ley 7722 (aprobada en 2007) señala en su primer artículo que “a los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohibe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”.

¿Qué dice el proyecto del radical Suárez? El borrador que lleva la firma del gobernador permitiría el uso de cianuro, y ácido sulfúrico, y mantendría la prohibición de aplicar mercurio.

Otro de los aspectos controversiales es que no haría falta ningún tipo de exigencia o aprobación por ley de las declaraciones de impacto ambiental.

Quienes sostienen que el proyecto en realidad es “positivo”, lo defienden indicando que generaría nuevos puestos de trabajo y que además se impulsarían auditorías internacionales (para suplantar la carpeta de impacto ambiental), y se crearía una especie de “policía ambiental”.

Ruralistas preocupados

El secretario Gremial de Federación Agraria Argentina (FAA), Orlando Marino, sostuvo que “lo realmente sorprendente es que en las manifestaciones populares del 18 y 19 de noviembre el pueblo dijo claramente que no acepta ningún tipo de reforma en la ley 7722 si no hay consenso social”.

En efecto, a través de una convocatoria en las redes sociales, los mendocinos salieron a las calles a mediados de noviembre para manifestar su rechazo a cualquier tipo de modificación que se le quiera hacer a la Ley 772. Los legisladores escucharon en aquel momento, y dejaron ahí el tema.

“El vergel de los diferentes puntos cardinales de la provincia, que convirtió a Mendoza en lo que lo que es en la actualidad, no es casualidad, es una causalidad de varias generaciones cuidando cada gota de agua para llevarla al pie de la planta, porque somos una zona desértica del país y somos conscientes como sociedad, que en nuestra provincia, la misma es un bien cada vez más escaso”, añadió Marino.

El secretario Gremial de FAA continuó: “Un ejemplo concreto lo tenemos en la vecina Jáchal, pueblo al cual nuestra entidad acompañó siempre, y sus productores y comunidad en general expresan constante preocupación y desolación ante los embates contaminantes de sus ríos, por errores de mal manejo de sustancias tóxicas“.

Y finalizó: “Le aconsejo al recién electo gobernador Rodolfo Suárez, que no actúe por impulso por sobre la expresión popular. Y a los legisladores que en el mes de noviembre tuvieron un gran gesto de no tratar la modificación de la ley, les agradecemos y les reiteramos nuestra firme posición de que la ley 7722 no se toca. Tenemos mucha tierra para producir, pero no tenemos agua“.

La protesta de noviembre