La Sociedad Rural de Azul presentó una demanda colectiva contra el Municipio para intentar demostrar la ilegalidad de la nueva “tasa por servicios esenciales”
Esta semana la Sociedad Rural de Azul presentó ante la Justicia una demanda colectiva contra la Municipalidad de ese partido bonaerense para intentar desactivar la “tasa por servicios esenciales” aprobada a fines del año pasado. La demanda colectiva, que comprende a empresas que representan casi un 30% de la superficie agropecuaria del partido de Azul,
Esta semana la Sociedad Rural de Azul presentó ante la Justicia una demanda colectiva contra la Municipalidad de ese partido bonaerense para intentar desactivar la “tasa por servicios esenciales” aprobada a fines del año pasado.
La demanda colectiva, que comprende a empresas que representan casi un 30% de la superficie agropecuaria del partido de Azul, se pretenderá demostrar la ilegalidad de la tasa, dado que la misma no está asociada a ninguna contraprestación efectivo de un servicio municipal.
“En mayor o menor medida, la arbitrariedad afecta a la totalidad de los ciudadanos. Hubiéramos preferido ser escuchados, pero –ante la inflexibilidad– no quedó otra que accionar judicialmente en defensa de los azuleños y en contra de nadie”, indicó la Sociedad Rural de Azul por medio de un comunicado.
La medida, patrocinada por los estudios jurídicos Comparato-Velez y Bomchil, implicó reuniones informativas y centenares de contactos telefónicos con productores, además de la recopilación y ordenamiento de la documentación necesaria para poder confeccionar la demanda.
La demanda fue avalada por el mandato de 190 socios de la entidad ruralista, que representan un total de 190.975,8 hectáreas, cifra equivalente a un 29,2 % de la superficie rural del distrito.
“Es de público conocimiento que otro importante número de productores y comerciantes emprendieron acciones por intermedio de los doctores Moroni y Merbilhaa. A eso deben también sumarse aquellos que decidieron optar por litigios particulares. Como sea, queda en evidencia el malestar generalizado ante una medida ilegal e inconsulta, que se espera pueda corregir la justicia”, apuntó el comunicado.
Muchos contribuyentes azuleños optaron por el pago mensual, trimestral o hasta anual de la nueva tasa “bajo protesta”, lo que implicaría que, en caso de revertirse judicialmente la medida, el Municipio podría verse obligado a devolver los montos percibidos.
Desde la entidad gremial aclararon que “ni la judicialización ni la falta de pago pueden atribuirse a una conducta anti fiscalista o a la falta de solidaridad del sector productivo”.
“Como demuestran los números, durante enero el Municipio de Azul recaudó en concepto de Tasa de Conservación y Mejorado de la Red Vial Municipal alrededor de 35 millones de pesos, con lo que se mantuvo una cobrabilidad histórica cercana al 90%, pese a evidentes falencias en la contraprestación de ese servicio. A lo antedicho deben sumarse otras obligaciones municipales, como las que se recaudan a través de guías y decenas de impuestos provinciales y nacionales, muchos de ellos coparticipables”, añadió.
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