Cinco años después de iniciado el concurso, Vicentin se juega la última carta en un proceso de “cram down”
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe este martes declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad solicitado el año pasado por la empresa Commodities SA del grupo Grassi y se desactivó así la homologación del concurso de acreedores de Vicentin SAIC. La resolución de la Corte Suprema ordenó remitir los autos al tribunal subrogante que
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe este martes declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad solicitado el año pasado por la empresa Commodities SA del grupo Grassi y se desactivó así la homologación del concurso de acreedores de Vicentin SAIC.
La resolución de la Corte Suprema ordenó remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda, el cual sería la Cámara Civil y Comercial de Rafaela, “a fin de que dicte nuevo pronunciamiento conforme a las pautas sentadas en el presente fallo”.
El acuerdo de rescate del concurso de Vicentin –proceso que se inició en febrero de 2020– contaba con las mayorías necesarias para poder homologarse y proceder con la compra de los bienes de Vicentin por parte de un grupo conformado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Bunge y Viterra.
Sin embargo, ahora con la decisión de la Corte Suprema la causa regresará al tribunal subrogante para que éste inicie un proceso de “cram down”, el cual contempla la apertura de un registro para la inscripción de diferentes propuestas, de manera tal que, una vez realizada la valuación de los activos comprendidos en el concurso, los acreedores puedan votar por la alternativa que consideran más viable o acorde a sus intereses.
VICENTIN SAIC 1782-4En el “cram down” los acreedores pueden otorgar conformidad a la propuesta de más de un interesado y rigen iguales mayorías y requisitos de forma que para el acuerdo preventivo del período de exclusividad, con la diferencia que, en lugar de una sola propuesta oficial, compiten entre sí todas las ofertas presentadas por los interesados.
En el caso de Vicentin, además de ACA, Bunge Viterra, existen al menos otros dos grupos más –conformados por acopios, empresas agroindustriales y agropecuarias– interesados en presentar propuestas de rescate de la empresa, uno de los cuales es presidido por la familia Grassi.
En caso de que ninguna de las propuestas presentadas logre la mayoría necesaria para imponerse, entonces la compañía concursada se declara finalmente en quiebra.
En diciembre pasado CIMA Investments S.A., propiedad de Esteban Antonio Nofal, adquirió las acreencias concursales de International Finance Corporation (IFC), Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), Natixis New York Branch, Coöperatieve Rabobank, MUFG Bank, ING Bank NV y Sumitomo Mitsui Banking (SMBC), las cuales, en conjunto, representan una suma de 447,1 millones de dólares.
“CIMA ha iniciado diálogos con diversos actores interesados en el proceso, incluyendo al grupo Grassi, con miras a explorar su participación en un eventual cram down. Es nuestra intención colaborar con todas las partes que deseen sumar valor, construyendo soluciones que atiendan de manera justa los intereses de los acreedores y demás actores involucrados, y que prioricen la preservación de las fuentes de trabajo, cuidando el valioso capital humano de la compañía”, señaló por entonces la empresa, que tendrá ahora un peso importante en la votación del proceso de “cram down”.
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